El Congreso Nacional de Honduras derogó las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede).
El Congreso Nacional de Honduras derogó las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede).
Las Zede son áreas del país sujetas a una jurisdicción especial con el objetivo de atraer inversiones.
La Corte Suprema de Justicia aprobó en junio de 2021 esta jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y ahora el Parlamento hondureño las ha derogado al considerar que ceden soberanía a extranjeros.
La derogación se produjo este miércoles con el voto unánime de los 128 diputados de la cámara.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró la medida y calificó las Zonas de Empleo como "criminales".
El Parlamento indicó que, tras la derogación, carecen de validez jurídica las leyes orgánicas, leyes, reglamentos y resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada con las Zede.
La derogación de las Zonas de Empleo entrará en vigor con la ratificación en la próxima legislatura de 2023, la sanción del Ejecutivo y la publicación en la gaceta oficial del Estado hondureño.
Las Zede se aprobaron en 2013 durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y fueron promovidas por el de Juan Orlando Hernández (2014-2022) como estrategia para crear empleo.
Sus partidarios alegaron entonces que se trataba de zonas de desarrollo similares a las de países asiáticos como Hong Kong o Singapur, que proveen condiciones especiales al margen de la jurisdicción local para atraer capital e inversiones foráneos que ayuden al desarrollo económico de la nación.
Según concluyó esta semana el Congreso, la reforma de 2013 se aprobó "violentando, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres poderes del Estado".
"La ilegalidad se realizó mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, originando este régimen de Zede e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del Poder Ejecutivo y Legislativo", indicó el Parlamento.
El Congreso también argumentó que las Zedes permitían que el sistema de justicia hondureño fuera "suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países, poder, que solo es propio y exclusivo en Honduras del poder Judicial".
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