El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa fue eximido de cargos de corrupción por la oficina de protección del público
Ramaphosa estaba acusado de violar las leyes fiscales, de control de divisas, y de intentar encubrir el robo de más de US$ 500.000 de su granja en un intento de ocultar su existencia
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue desligado por el organismo de control público de cualquier irregularidad vinculada con el robo de más de US$ 500.000 ocultos en un sofá en su granja de caza.
La protectora del público interina Kholeka Gcaleka, cuya oficina investiga a los políticos y funcionarios, dijo que Ramaphosa no violó el código de ética de los miembros del ejecutivo de Sudáfrica por el incidente, que ocurrió en 2020 pero que se reveló públicamente recién el año pasado.
El escándalo fue visto como el mayor desafío a la reputación de Ramaphosa y su liderazgo en la economía más desarrollada de África y toodavía hay una investigación criminal en curso sobre el incidente.
Gcaleka dijo que no era parte de su investigación confirmar cuánto dinero estaba involucrado y tampoco dio una cifra, aunque en su momento, el mismo Ramaphosa había dicho que la suma robada ascendía a US$ 580.000.
Ramaphosa, de 70 años, fue acusado de no denunciar formalmente el robo a la policía en un intento de encubrir la existencia de la gran suma de dinero en efectivo escondida en los muebles de su granja. Dijo que lo informó al jefe de su equipo de seguridad, que forma parte de los Servicios de Policía de Sudáfrica.
Al absolverlo en su informe final sobre el escándalo, Gcaleka aceptó que Ramaphosa había denunciado el crimen al jefe de su unidad de protección personal y que la afirmación de que había actuado de manera inapropiada “no fue respaldada”.
Gcaleka también dijo que no había evidencia de que Ramaphosa fuera culpable de un conflicto de intereses con respecto a los ingresos de las operaciones comerciales de su granja de caza Phala Phala en la provincia norteña de Limpopo.
“La alegación de que el presidente, en forma indebida y en violación de las disposiciones del código ejecutivo se expuso a sí mismo a un riesgo de conflicto entre sus deberes y obligaciones constitucionales y sus intereses privados derivados de su supuesto trabajo remunerado en la granja Phala Phala no está corroborada”, dijo Gcaleka en una conferencia de prensa.
La investigación sobre Ramaphosa fue motivada por una denuncia presentada ante la oficina del Protector Público por el opositor Partido del Movimiento de Transformación Africana.
El incidente salió a la luz en junio pasado cuando el exjefe del servicio de inteligencia de Sudáfrica, Arthur Fraser, abrió un caso acusando a Ramaphosa de esconder hasta US$ 4 millones en su granja antes de que se los robaran. Fraser acusó al presidente de lavado de dinero, de violar las leyes fiscales, de control de divisas, y de intentar encubrir el robo del efectivo en un intento de ocultar su existencia.
Ramaphosa negó haber actuado mal y también cuestionó la cantidad de dinero que Fraser afirmó había sido robado.
Fraser también afirmó que Ramaphosa ordenó al jefe de su unidad de protección personal, el mayor general Wally Rhoode, que realizara una investigación clandestina para recuperar el dinero, incluida la captura y tortura de algunos de los sospechosos, para luego sobornarlos a fin de mantener el secreto del incidente.
La protectora del público Gcaleka desestimó esas acusaciones, incluso la afirmación de que Ramaphosa conocía los detalles de la investigación llevada a cabo por Rhoode.
“No se pudo encontrar evidencia para demostrar que el presidente estaba al tanto de la investigación del crimen por parte del general Rhoode”, dijo la funcionaria.
(Con información de agencia)
