El énfasis puesto en el gas y en el aprovechamiento de los vientos marca el comienzo de una verdadera revolución energética que, si se maneja con eficiencia y equilibrio, debe conducir a mejorar la competitividad, el medioambiente y el bolsillo de los consumidores. El gobierno acaba de anunciar un proyecto de ley para extender el uso del gas en la industria, los hogares y el transporte, una vez que entre en operación la regasificadora. La planta, que se construye en la bahía de Montevideo, difícilmente funcione en la fecha prevista, a fin del año próximo, por la paralización de las obras desde hace cuatro meses. Pero es presumible que se reanuden pronto, ya que avanza la negociación para solucionar el conflicto entre el consorcio extranjero que la construye y el sindicato, por los despidos causados por el retiro de una empresa brasileña subcontratista.

La ley propulsada por el gobierno tiene el defecto de consagrar otro monopolio estatal, curso que ha sido perjudicial para el sector productivo y los consumidores en otras áreas, por falta de competencia. Pero al menos promete la expansión del suministro de gas, actualmente limitado a algunas zonas del país, y excluye su uso del monopolio como combustible para los vehículos. Mientras se espera este aporte al marco energético, ya existe un pujante desarrollo de la energía eólica, que se proyecta proveerá en el futuro alrededor del 30% del consumo total del país. Pese a que el balance comercial a mayo mostró una caída del 28% en las importaciones, superior al 23% en que bajaron las exportaciones, se han multiplicado las compras de equipos aerogeneradores y de sus partes. Este último rubro fue el principal renglón importador en los primeros cinco meses del año, saltando de US$ 11 millones en igual período de 2014 a US$ 200 millones. Las compras de generadores se mantuvieron en unos US$ 170 millones.

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Recostarse en el gas y los vientos, junto con la incidencia menor de los paneles solares y la biomasa, todo ello como complemento de la generación hidroeléctrica de las represas, tendrá en pocos años trascendentes consecuencias favorables. Por un lado, reducirá agudamente la dependencia del petróleo, fuente de contaminación ambiental y de cuantioso gasto fiscal. Por otro, le permitirá a Uruguay autoabastecerse eventualmente de energía, aventando las frecuentes crisis energéticas, eliminando el errático suministro argentino de gas y hasta abriendo posibilidades de exportación.

Las perspectivas de abundancia de energía más limpia y de menor costo, por otra parte, tienen que conducir a su abaratamiento, atenuando el costo que ANCAP y UTE volvieron a imponer hace poco a los consumidores en las tarifas, con la ridícula rebaja en los combustibles, pese a ser los más caros de la región, y con el aumento de la electricidad, aunque el ente había prometido bajarla. Todo dependerá de la eficiencia con que se maneje la nueva estructura y de que el gobierno estabilice sus pesadillas fiscales y recurra menos a las empresas estatales como comodín para financiar el gasto público. Crea dudas la cuestionable decisión de crear otro monopolio estatal, a diferencia de lo implementado con la energía eólica. Pero el panorama general parece encarrilarse hacia una seguridad que nunca hemos tenido en disponibilidad de energía, que además será más amigable con el medioambiente y – gobierno mediante – más barata.

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