La Asociación de Escribanos prepara una serie de acciones tendientes a normalizar el servicio de los registrales, que se ve afectado desde hace 20 días por el conflicto que los funcionarios llevan a cabo en reclamo del pago del 26% de aumento salarial que les prometió el gobierno.
Antonio Sarachu, presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay dijo a El Observador que entre las acciones que evalúan “no se desacarta ninguna”. “Pueden ir desde acciones legales hasta el pedido de esencialidad”, aseguró. Las medidas serán anunciadas hoy al mediodía en una conferencia de prensa.
Sarachu manifestó que el conflicto de los registrales está afectando de manera importante la labor de los escribanos, dado que no solo afecta los trámites y certificados, sino que además impide el acceso a información registral vía internet. Esto lleva a que esos pedidos se deban hacer personalmente y, por lo tanto, la velocidad del proceso sea más lento. “Estos últimos días han entrado 130 pedidos de información por día, cuando lo normal es que ingresen entre 400 y 500”, señaló.
Desde hace 20 días los funcionarios registrales brindan servicios en un horario acotado, que va de 9.15 hasta las 11.15 y la mayoría de los profesionales hace colas desde la madrugada pero no logran ingresar los trámites.
Presiones
Sin embargo, desde el sindicato de funcionarios registrales se asegura que las medidas no se levantarán hasta que el gobierno no cumpla con su palabra. Homero Hernández, presidente del sindicato, dijo a El Observador que “hasta que el presidente (José Mujica) o el vocero nos diga que nos van a pagar lo que nos deben no vamos a levantar (las medidas)”.
Agregó que en las últimas horas Sarachu se comunicó con él y lo “presionó” para que levantaran el conflicto pero su respuesta fue negativa. “Yo le dije que esto no era un cuadro de fútbol, que son 11 y que el técnico decide, acá somos 500 que decidimos, si no tenemos nada firmado y concreto no vamos a levantar las medidas”, apuntó.
Desde la Asociación de Escribanos se entiende que “no hay un argumento valedero para continuar con las medidas”, dado que el Poder Ejecutivo ya les dio una respuesta y esta está camino a una solución, dijo Sarachu. “Los registrales hasta ahora han hecho lo que quieren, y hoy son responsables directos de que los escribanos no puedan trabajar”, recalcó.
Por su parte, el próximo 10 de noviembre Mujica y Guerrero se reunirán con los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para analizar el incremento salarial a los judiciales.
El artículo 64 de la ley de Presupuesto equiparó los salarios de los ministros de la Corte con los de los ministros de Estado. Luego, un artículo de la Rendición de Cuentas posterior desengachó esa equiparación. Los jueces recurrieron la marcha atrás y la SCJ les dio la razón. Con ese argumento, el resto de los funcionarios judiciales (y los registrales, equiparados a ellos) reclaman un aumento, en promedio, de dos dígitos.
Según dijo Guerrero, si se paga el aumento implicará un incremento de US$ 60 millones anuales para el presupuesto. Por eso evalúan alternativas para cumplir con la obligación.
