Ex detenidos de Abu Ghraib piden indemnización de Estados Unidos
Una investigación de Human Rights Watch comprueba que, después de 20 años, nunca tuvieron cauce los reclamos de iraquíes que estuvieron en ese centro de detención pese a las evidencias de torturas y vejámenes cometidos entre 2003 y 2006
Tras dos décadas de la invasión militar de Irak, el Gobierno de Estados Unidos nunca indemnizó a quienes sufrieron torturas y vejámenes en la prisión de Abu Ghraib y otras cárceles durante la ocupación que se extendió por nueve años, hasta diciembre de 2011.
La prisión de Abu Grahib, en territorio iraquí, fue abierta al comienzo de la invasión en marzo de 2003 y cerrada tres años después, tras infinidad de denuncias de tormentos entre las que constaban filtraciones de fotos o testimonios de los propios soldados estadounidenses.
Las personas que pasaron por esa prisión y otras utilizadas por los invasores pidieron reiteradamente indemnizaciones a Washington, aunque jamás lograron una respuesta. Esto figura en un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este lunes.
“No tuvimos pruebas ni datos, ni existe ninguna información pública sobre indemnizaciones o compensaciones a estos ex detenidos que sufrieron torturas y múltiples vejaciones. Puede que haya habido algún tipo de reparación que se haya hecho por debajo de la mesa, pero tampoco nos consta. Nos dirigimos al Gobierno estadounidense para pedir información, pero no nos respondieron”, dijo al diario español El País Sarah Sanbar, investigadora para Irak en HRW y coautora del informe.
Sanbar agrega que “quien haya estado en Bagdad, sabe que un iraquí no puede llamar a la puerta de la embajada de Estados Unidos y decir que viene a presentar una denuncia contra el ejército. A eso se suma que son personas que salieron estigmatizadas de Abu Ghraib, donde se sabía que los presos sufrían violencia sexual, y que muchos optaron por el silencio al recuperar la libertad”.
Entre abril y julio de 2023, HRW habló con Taleb al-Majli, un iraquí que estuvo preso más de un año Abu Ghraib, así como con otras personas que pasaron por ese campo de torturas y que prefirieron reservar su identidad. También tuvieron el testimonio de un abogado estadounidense que trabajó en Bagdad y diferentes defensores de los Derechos Humanos.
Durante dos décadas, el ex detenido Al-Majli buscó alguna reparación económica por las torturas que sufrió. Recurrió al Colegio de Abogados de Irak, aunque sin resultados. Luego se dirigió al Alto Comisionado Iraquí para los Derechos Humanos y no le dieron respuesta. Dijo que no sabía cómo ponerse en contacto con el ejército estadounidense para presentar un reclamo.
En junio de 2023, HRW tomó el caso, pero tampoco encontró una vía legal para que Al-Majli hiciera una denuncia formal. “Pedimos al Gobierno de Estados Unidos que abra una vía para que los sobrevivientes puedan hacer llegar su caso a las instancias procedentes, en total transparencia, y accedan a una compensación”, reclama HRW.
En 2004, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se disculpó por la “humillación sufrida por los prisioneros iraquíes” en Abu Ghraib, aunque consideró que esos actos eran fruto de “algunas manzanas podridas” y le restó importancia institucional. “La tortura era una práctica sistemática. Había un clima general y unas decisiones tomadas bien arriba que permitieron estos actos”, insiste la investigadora Sanbar de HRW.
Para esa ONG, Abu Ghraib y las otras prisiones de las tropas de Estados Unidos en Irak fueron sólo uno de los capítulos de los “lugares negros de la de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en todo el mundo”. Allí, según el documento dado a conocer este lunes, “los agentes de inteligencia y los contratistas llevaron a cabo torturas y otros malos tratos, llamadas ‘técnicas de interrogatorio mejoradas’”.
El informe extiende el trato de los militares estadounidenses a cárceles durante la ocupación de Afganistán y también a la prisión de Guantánamo, ubicada en Cuba.
Para eso, es preciso que Washington investigue las denuncias de tortura y otros abusos contra personas detenidas por Estados Unidos en el extranjero y “se inicien las acciones judiciales pertinentes contra todos los implicados, sea cual sea su rango o cargo”.
Para esto, HRW se basa en denuncias que van desde 2005 hasta 2011 y que implican no sólo a quienes cometieron los delitos sino a los más altos funcionarios estadounidenses, incluidos George W. Bush, su vicepresidente Dick Cheney, el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el director de la CIA, George Tenet.
“Todas las administraciones estadounidenses, desde George W. Bush hasta Joe Biden, rechazaron los esfuerzos de rendición de cuentas por la tortura”, dice el informe de HRW. En los años que siguieron a las filtraciones de fotos de vejámenes en Abu Ghraib, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Tratamiento de Detenidos, que prohíbe someter a cualquier persona bajo custodia o control estadounidense, “independientemente de su nacionalidad o ubicación física”, a “tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”.
En 2009, Barack Obama anuló todos los protocolos que admitían la tortura. En agosto de 2022, el Pentágono publicó un plan de acción para reducir los daños causados a civiles en operaciones militares estadounidenses. Ninguna de estas medidas fue acompañada de mecanismos de reparación para las víctimas.
Entre 2003 y 2005, la División de Investigación Criminal (CID) contabilizó más de 500 casos de abusos contra detenidos en Irak. Esos casos están en manos de HRW. Es más, casi un centenar de soldados y oficiales estadounidenses fueron sancionados por cometer torturas. Once de ellos incluso fueron juzgados por consejos de guerra y nueve cumplieron penas de cárcel.
Algunas víctimas iraquíes pidieron una indemnización vía la Ley de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos, prevista para ciudadanos no estadounidenses. Pero tiene una cláusula que excluye reparaciones “en contextos de combate” y sólo permite reclamos hasta dos años después de los hechos denunciados.
Tras dos décadas, las únicas demandas que avanzaron fueron las que acusaron a “contratistas militares”, que no son funcionarios de Estados Unidos, aunque tras años de pleito aún no tiene sentencia.
