Expertos dicen que criminalizar el uso de drogas es ineficaz

Las estrategias para luchar contra las drogas basadas en la criminalización han demostrado ser ineficaces y deben sustituirse por medidas centradas en la salud pública, según defienden expertos internacionales en un informe presentado ayer en Londres y que ya comienza a generar polémica.

El informe "Después de la guerra contra las drogas" fue elaborado por la London School of Economics (LSE) a pedido del presidente colombiano Juan Manuel Santos y tiene la rúbrica de varias autoridades en la materia, entre las que se cuentan a cinco premios nobel. Afirma, sin edulcorantes, que "el gran error de la comunidad internacional durante las últimas décadas ha sido considerar a las drogas como un tema singular, independiente de factores determinantes socio-económicos más amplios" y condena la política represiva que se condujo en gran parte del mundo a partir de los años 70.

El resultado de esto fue que se adoptaran medidas centradas en una mayor represión, pero esto no logró resultados, según los expertos: la cantidad de adictos se mantuvo, lo mismo que los delitos asociados al consumo de drogas y el dinero que circula en estos mercados.

Es por esto que los investigadores sugieren un nuevo enfoque. Y se congratulan de que en abril de este año se celebre la Asamblea General de Naciones Unidas con foco en el tema de los drogas. Consideran esta sesión como una ocasión de dar comienzo a la "posguerra contra las drogas".

"Es una oportunidad para corregir este desbalance estratégico. Es una oportunidad para ir más allá de enfoques cortoplacistas orientados a los síntomas antes que a las causas del problema", recomiendan.
El nuevo eje debería ser, más que las adicciones, todo lo que lleva a un individuo a caer en ellas. Es por esto que los expertos sugieren abordar la problemática desde un compromiso efectivo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que los países se comprometieron a procurar a partir de julio de 2015.

El centro, pues, debería estar en el entorno social. Francisco Thoumi, uno de los autores del reporte de 145 páginas presentado ayer, indica que las leyes deben favorecer la protección de la salud pública, principalmente el bienestar de los consumidores empedernidos que pierden control sobre su nivel de consumo.

A su turno, Vanda Felbab-Brown resalta que la descriminalización y la legalización deberán ir acompañadas por una acción integral de las fuerzas del orden (más allá de operativos dirigidos contra los cabecillas de los cárteles), la extensión de la presencia del Estado, el desarrollo de acciones socio-económicas contra la delincuencia, y el fortalecimiento de lazos entre la ciudadanía y el Estado.

John Collins, coordinador general del informe, considera que "las prioridades globales deben ser: primero, el desarrollo, y en segundo lugar, el manejo de los temas de drogas. Si los Estados aplican políticas prohibicionistas sin desarrollo ni integración política, el resultado es usualmente inestabilidad, violencia y fracasos en obtener las metas de fiscalización de las drogas".

Entre los firmantes del informe están la premio Nobel 2008 en Medicina, Francoise Barre-Sinousse; el profesor de la Universidad de Harvard y premio Nobel 2007 en Economía, Eric Maskin; el profesor Thomas Schelling, de la Universidad de Maryland y premio Nobel 2005 en Economía; Vernon L. Smith de la Universidad Chapman, premio Nobel 2002 en Economía; y Oliver Williamson, de la universidad de California y premio Nobel 2009 en Economía.

Resurge la polémica

Las recomendaciones prometen, por lo menos, polémica. Ayer ya hubo una primera reacción al respecto por parte de Adam Isacson, que durante 14 años se ocupó de los asuntos de seguridad de América Latina y el Caribe en el Centro para la Política Internacional de EEUU. En una entrevista con el diario El Tiempo de Colombia, indicó que su país no comparte del todo la nueva visión, pues teme un aumento del consumo de drogas si se cambian el enfoque y la estrategia actuales.

"El temor está en el suponer que al 'suavizar' las políticas contra las drogas –especialmente con las drogas más adictivas como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas–, el uso se incrementaría", indicó el experto.

Según él, las autoridades de su país entienden que esto acarrearía un incremento en los costos sociales como por ejemplo en el crimen, por un probable aumento de robos por los adictos sin dinero para adquirir sustancias. "Si hay más uso, probablemente también habrá más gente llegando a los hospitales por los males derivados del consumo. Son solo dos ejemplos de lo que se temería", indicó el estadounidense.

Y esto, pese a que en el país hay una apertura mayor a la anterior y actualmente "nadie está proponiendo encarcelar a los adictos, como antes, ni siquiera los republicanos, que incluso promueven el acceso a tratamiento para ellos".

Uruguay, ejemplo positivo

El caso uruguayo, donde se regularizó la venta de marihuana, fue destacado en diversos puntos del informe. Uno de los autores, Jonathan Caulkins, lo mencionó como ejemplo de iniciativa positiva.

Citó a dos autores que advierten ante dos extremos en los que pueden caer los gobiernos frente a la realidad de las drogas: la prohibición y el libre mercado. Según Rolles y Murkin, cualquiera de estas dos estrategias llevan frecuentemente a excesos.

"Algunas soluciones intermedias, como el monopolio del Estado sobre la producción y la distribución, son una alternativa mucho más segura para algunas sustancias como la marihuana, que puede llevar a un consumo perjudicial. Ese es el camino que adoptó Uruguay, junto con el autocultivo y los clubes cannábicos", destacó el académico.