Francia prohibirá temporalmente la pesca comercial en el golfo de Vizcaya, una medida sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, decisión que busca proteger a los delfines y que inmediatamente generó el descontento de la industria.
La prohibición anunciada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron se aplicará durante un mes a partir del lunes próximo, deberán acatarla tanto los pescadores franceses como extranjeros y responde a los llamados de activistas ecologistas.
Tras constatar un aumento de las muertes de delfines en la costa atlántica, París determinó que desde Finisterre, en el extremo oeste de la región de Bretaña, hasta la frontera española, la pesca cesará casi totalmente hasta el 20 de febrero próximo.
El gobierno extendió la prohibición a todos los barcos, sea cual sea su origen, y prometió apoyar a los pescadores y pescaderos, restricción que emanó en primera instancia del Consejo de Estado, órgano gubernamental que actúa como asesor jurídico del Ejecutivo y tribunal supremo de justicia administrativa.
El CIEM, un organismo científico que vigila la situación de los ecosistemas del Atlántico Norte, ha reclamado desde hace años pausas invernales para algunas prácticas de pesca indiscriminada, topándose con la firme oposición de la industria pesquera, pese a que unos 9.000 delfines mueren cada año frente las costas francesas al quedar atrapados en las redes de forma accidental.
Según la información oficial, la prohibición afecta a barcos de más de 8 metros de eslora y alcanzará a unas 450 embarcaciones que operan bajo bandera francesas. "Es absurdo frenar negocios como este por un mes", declaró Raymond Millet, un pescador de La Rochelle, una ciudad del oeste de Francia.
Según Millet, que lleva cuarenta años dedicándose a la pesca, los navíos de entre 9 y 11 metros "no son el tipo de barcos que pescan delfines". Por su parte, Franck Lalande, propietario de dos barcos en la ciudad de Arcachón, en el suroeste, afirmó temer que la prohibición derive en "disturbios", pues “las compensaciones previstas por las autoridades son insuficientes”.
Por su parte, el Comité Nacional de Pesca (CNPMEM) criticó las exigencias de las "oenegés extremistas" y aseguró que los mamíferos marinos "no están en peligro". En tanto, las empresas de procesamiento de pescado calculan que podrían perder más de € 60 millones a causa de la medida.
(Con información de AFP)
