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Cuando ronda la contracción económica, la prudencia fiscal es un curso ineludible. El propio presidente José Mujica reclamó razonablemente hace poco tiempo "austeridad" para enfrentar los efectos adversos de la crisis mundial. Pero bastó la aparición imprevista de US$ 140 millones adicionales en los ingresos del Estado -que no eliminan el déficit sino que lo reducen a 0,8% del PBI- para que se desaten tendencias perniciosas a gastarlos en áreas que ya están cubiertas por el presupuesto. Incluso en el Ministerio de Economía, hasta ahora combatiente tenaz contra el gasto público excesivo, se ha admitido el aumento de partidas presupuestales. El subsecretario Luis Porto señaló que hay que determinar las áreas a las que se destinarán esos recursos cuando se discuta la Rendición de Cuentas de este año. Y Michael Borchardt, de la asesoría macroeconómica del ministerio, señaló la necesidad de aumentar partidas ya fijadas en algunos rubros.
Es un equivocado curso peligroso en los momentos actuales. Está en notorio decaimiento el ciclo de siete años de bonanza por los altos precios internacionales de nuestras exportaciones y por el acceso a voraces mercados que ahora compran menos o a menor precio. La Unión Europea está en recesión y persisten los vaivenes en la lenta y trabajosa recuperación de Estados Unidos. Sentimos el golpe de la fortaleza proteccionista en que se ha encerrado Argentina, con otros países siguiendo igual camino aunque en grado menor. La búsqueda de nuevos mercados está lejos de reemplazar a los clientes perdidos, situación agravada por la caída de nuestra competitividad debido al fortalecimiento del peso ante el dólar. Solo el vigoroso consumo interno apuntala el pronóstico de un más modesto crecimiento del PBI del 4%, pronosticado para este año.
Ante este horizonte, es peligroso desaprovechar la oportunidad de blindaje financiero que ofrece el anuncio del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, de que el Estado percibirá este año US$ 140 millones más de lo previsto por aumento de recaudación y reducción del déficit fiscal al 0,8% del PBI. Las metas prioritarias del gobierno no requieren más recursos sino más orden y eficacia en el uso de los que ya están asignados. Esta realidad se aplica por igual a la educación, que antes que nada debe completar su amagada pero aún incierta reforma; la seguridad ciudadana, que no termina de afianzarse; la salud, que hace agua desde ASSE y otros organismos; o los programas de asistencia social, víctimas de la falta de controles y seguimiento adecuado por el Ministerio de Desarrollo Social.
En un país en desarrollo como es Uruguay siempre habrá argumentos para volcar más recursos en diferentes áreas. Pero esta tentación no debe oscurecer los intereses básicos del país. Estarán mejor servidos ahorrando los ingresos adicionales como paraguas contra tormentas que ya empezamos a sentir. Un objetivo más trascendente que reforzar partidas presupuestales sin garantía de resultados es, por ejemplo, convertir el pequeño déficit fiscal en un superávit neto que, entre otras ventajas, ayudará a encauzar la inflación dentro de la desbordada meta gubernamental. Porto señaló que le corresponde a Mujica decidir qué se hará con los US$ 140 millones. La decisión lógica del presidente es seguir su propia admonición de austeridad.

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