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Gobierno se siente resguardado y no teme por el juicio de Aratirí

Ante los anuncios de demanda, el ministerio asegura que "se blindó"

Por  Redacción

El gobierno siente que "el Estado está muy bien resguardado" de cara al juicio que anunció la minera Aratirí. Según dijeron a El Observador fuentes del Ministerio de Industria, en el Poder Ejecutivo están convencidos que en todo el proceso se fue "muy cuidadoso" en la negociación con Aratirí.

La empresa informó por medio de un comunicado este jueves que "los señores Ritika Mehta, y Prenay y Vinita Agarwal, nacionales ingleses inversores en Minera Aratirí y sus subsidiarias, iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado Uruguayo por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay". La noticia había sido publicada este jueves por Búsqueda.

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La firma señaló que la notificación del arbitraje fue enviada este miércoles al Estado uruguayo, aunque al ser consultado este jueves el ministro de Economía, Danilo Astori, por periodistas en la cumbre del Mercosur en Mendoza, Argentina, respondió: "Lamentablemente no puedo ofrecer ninguna respuesta porque no estoy informado acerca del asunto".

El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral. Los inversores ya nominaron a su árbitro y esperan ahora que Uruguay nomine al suyo.

Según el comunicado, la base del reclamo es "la conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores" que según la firma "es violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la República Oriental del Uruguay".

En ese sentido Aratirí afirmó que "el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva", en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.

"Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto", afirmó.

En el Ministerio de Industria afirman en cambio que "el Estado uruguayo ha sido contemplativo con Aratirí, y no se pudo avanzar en un contrato porque la empresa nunca presentó las garantías financieras que la ley minera exige. Dentro de esas garantías la empresa tenía que mostrar que era solvente, lo que nunca ocurrió. Los omisos fueron ellos", enfatizó.

"La demanda debe ser un monto grande y va a generar revuelo, pero la gente tiene que estar tranquila que el Estado está preparado para afrontar el juicio", aseguró.

Por su parte, el comunicado de la empresa cita declaraciones del socio del estudio King & Spalding, Ken Fleuriet, quien afirmó que "el caso de los inversores es muy sólido porque la conducta del Estado en este caso fue claramente violatoria del Tratado".

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Gobierno Juicio Argentina

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