Juego sucio

Es digna de admiración la inocencia y la complacencia con que la ciudadanía asiste a las acciones del gobierno y acepta explicaciones infantiles, no fundamentadas ni verificadas. La "negociación" entre la Intendencia de Montevideo y el grupo Codere (Carrasco Nobile) merece un lugar especial en el diccionario de eufemismos y chantadas políticas. Queda la posibilidad de que ocupe un lugar de honor en otros diccionarios, o prontuarios, si alguien considera que amerita investigarse el misterioso acuerdo para rebajar el canon por el hotel Carrasco a niveles indefendibles.

Mientras que con toda pompa y formalidad se licitó públicamente la obra y concesión del hotel y casino, ahora se realizan cambios de fondo en el acuerdo sin un acto jurídico equivalente, sin explicación acabada y sin mostrar en detalle las condiciones del nuevo acuerdo. Un viejo truco indio, que se ha usado tantos años en Argentina para estafar a la ciudadanía y para eludir el control presupuestario inherente a toda república. Consiste en ganar la licitación cumpliendo todos los requisitos puntillosamente, y luego renegociar en el secreto de algún despacho o de alguna mansión todo el contrato a gusto del ganador.

Así se desvirtuaron una a una las privatizaciones de Carlos Menem, por parte del propio riojano en su segunda presidencia y luego por Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, hasta llegar al expolio. Un modelo perverso e inaceptable. Igual que el que ahora se ensaya con el hotel. Las instancias administrativo-presupuestarias no pueden ser suplantadas por decisiones políticas avaladas formalmente por cuerpos partidarios o controlados.

Es habitual en el negocio del juego pactar un canon alto al comienzo para ganar el contrato y luego reemplazarlo por un canon a porcentaje sobre el caudal de juego. El truco se completa evitando que el Estado concedente tenga acceso libre al software de las máquinas. En Provincia de Buenos Aires, donde reina Codere, se puede encontrar un compendio de estos trucos y tramoyas, siempre absurdas pero siempre aceptadas. Es maravilloso que ese procedimiento no esté penado por delito de ambas partes en cualquier país.

Las breves explicaciones que ha dado el futuro excandidato a presidente oscilan entre el insulto a la inteligencia y la coartada. Se dice que la empresa no está atrasada en el pago del canon, lo que objetivamente no es cierto. Luego que, debido a que las cuentas no le cierran, se aceptará un canon variable y se eliminará la parte fija de US$ 500 mil mensuales, sin especificar proyecciones de montos ni alternativas. ¿Qué clase de sistema republicano es este?

Quienes defendemos la empresa privada, usamos como estandarte el concepto de riesgo privado. El Frente Amplio parece haber descubierto un nuevo modelo económico que mezcla lo peor del marxismo con lo peor del capitalismo. Las pérdidas son orientales, las ganancias son ajenas. El contrato debe rescindirse y la garantía ejecutada. El camino elegido es una vez más nocivo para las arcas públicas, es decir para la sociedad. El Estado está declinando su derecho a rescindir, equivalente a regalar efectivo. Y el perjuicio económico no termina aquí ni hoy.

Las explicaciones para no rescindir son antológicas. Se esgrime, como siempre, la pérdida de puestos de trabajo. Argumento con el que ya se han perdido cientos de millones de dólares en ALUR y ANCAP, en Pluna y Alas Uruguay y se verá en breve en muchos otros casos. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en riesgo en el hotel Carrasco? ¿Qué impide relicitar la concesión? Secreto de la poliarquía.

Otro punto que se agita confusamente es el juicio (otro truco indio) del grupo Liberman contra la IMM por supuestos defectos en la concesión original. Aquí el verso es de amplio espectro: desde que Codere y Liberman podrían mágicamente acordar un desistimiento en el seno de su ludo sociedad hasta que una rescisión favorecería al grupo multipropósito argentino. En realidad es más factible que una renegociación tan drástica y fuera del contrato favorezca cualquier reclamo sobre la licitación original, un costo oculto que el Estado bobo deberá pagar una vez más.

La explicación sobre las inversiones es igualmente ofensiva. Los US$ 110 millones "ya invertidos" que se arrojan no tienen ninguna demostración ni sustentación documental. La afirmación de que el hotel hará una nueva gran inversión para adaptarse a su nueva estrategia de atraer grandes jugadores internacionales es una frase sin sustento, planes ni fundamento alguno. Humo.

¿Cómo es el esquema de porcentajes de canon acordado? ¿Qué acceso tendrá la IMM al software de las tragamonedas? ¿Cuáles son los montos estimados y sobre qué bases? ¿Qué pasará con el canon adeudado? ¿Cuál es el porcentaje de ganancias que se permitirá obtener al casino, ya que estos juegos no son de azar? ¿Qué tipo de control tendrá la intendencia sobre las máquinas? ¿Se fijará un mínimo o es una concesión a riesgo? ¿Se trata de un tema de seguridad nacional que justifique tener en la ignorancia al votante y al contribuyente?

Se ha olvidado de un plumazo que buena parte de las objeciones que mereció en su origen la concesión de un casino en Carrasco se desestimaron esgrimiendo el gran aporte económico que significaba el canon para la intendencia, lo que ahora se deja de lado. Una estafa intelectual.

Codere está además en una situación caótica y controvertida en España y no es hoy una empresa confiable si se trata de asegurar continuidad y defensa de puestos de trabajo en ninguna parte del mundo. De modo que tampoco por ese lado hay ni un mínimo de argumentos que justifiquen este regalo.

¿Qué hará la Junta Departamental? ¿Convalidará como si fuera un escribano un acuerdo legal, técnica y éticamente tan frágil? ¿Y la oposición? ¿Le regalará al intendente su acuerdo con críticas de compromiso o alzará su grito? "Los demás partidos han sido informados", dice la intendencia. Una rara forma de consenso que no debería convalidarse con el silencio. Con esta complicidad de boca cerrada se incuban los futuros escándalos de los que luego no habrá culpables y que pagarán los contribuyentes, trabajadores privados y productores.

La excusa de los puestos de trabajo, la de la inversión, la amenaza de juicios pasados y futuros –que el propio estado provoca y facilita– para justificar saltearse los mecanismos transparentes de adjudicación de concesiones y obras a empresas privadas es un juego sucio y viejo. Varias de las empresas que dirigía Mauricio Macri se beneficiaron durante décadas de esta explotación del Estado bobo, por caso.

Estas técnicas son además habituales en muchos países en que se desarrolla la industria del juego, acostumbrada a hacer negocios con poco riesgo, paradójicamente y a mucha redistribución adelantada de dividendos entre las fuerzas vivas. Tarde, pero seguro, Uruguay importa toda la chatarra contratista que anda dando vueltas.
Usando la clásica expresión de los casinos de otrora, el capitalismo sin riesgo con costos a cargo del Estado neomarxista no va más.

Periodista, economista. Fue director del diario El Cronista de Buenos Aires y del Multimedios América.