La justicia chilena inició la investigación de las primeras cien querellas por ejecuciones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet, presentadas por una agrupación de familiares de víctimas que anunció la entrega de más de mil casos de aquí a cinco meses.
El juez Mario Carrozas indicó que indaga los primeros cien casos entregados el martes, y que podría pedir apoyo de otros magistrados en la medida en que se admitan las denuncias restantes. "Si fuera conveniente nombrar a otros jueces, se hará. Iniciamos la investigación y veremos en el camino cómo se resuelve este tema", dijo Carrozas a la prensa.
La Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) entregó a la justicia las primeras 100 querellas de un total de 1.179 casos sobre los que no existen procesos, y que exigen los asuma el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.
"El ministerio nos dijo que no se iba a hacer parte en casos en que los familiares no estén o no quieran denunciar, pero moralmente tenemos el mandato de reparar a las víctimas. Manejamos 1.179 casos sobre los que nunca se abrió proceso. El martes ya presentamos 100 y el resto debe estar listo en cinco meses", dijo Alicia Lira, presidenta de la Asociación, a la AFP.
"Información de los casos hay, lo que parece que no existe es voluntad política para investigar. Esperemos que el Ministerio reconsidere su posición porque esto demanda un gasto enorme para nosotros", añadió Lira, quien además expresó su confianza en la objetividad del juez asignado para el caso.
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó 3.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y más de 500 militares de la época están procesados por estos casos.
(AFP)
