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Un fallo judicial al que accedió El Observador condena al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y al Poder Ejecutivo (Ministerio de Economía) a pagarle a unos 3.500 funcionarios judiciales y unos 400 actuarios el ajuste salarial de 26% aprobado en la ley de presupuesto que comenzó a regir el 1º de enero de 2011, pero que .

El fallo de la jueza en lo civil de 19° Turno, Josefina Tommasino Ferraro, establece el pago con retroactividad del reajuste aprobado por ley y hacia futuro.

El conflicto se desencadenó luego de que el Poder Ejecutivo resolviera en 2010 en la ley de presupuesto incrementar los salarios de los ministros de Estado. Como los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado, esa ley generó incrementos de forma indirecta en los sueldos del Poder Judicial.

A su vez, los salarios de jueces y funcionarios judiciales se basan en el incremento de los ministros de la Corte por otra norma que establece que percibirán el mismo porcentaje de aumento. El gobierno intentó impedir la concreción de ese aumento con dos leyes, pero fueron declaradas inconstitucionales. Por eso la deuda generada se arrastra desde 2011.

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