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Mariano Rajoy no ha querido mencionarlo explícitamente. Y ningún otro miembro de su gabinete tampoco. Pero el gobierno español dispone de un as oculto para resolver su disputa con la dirigencia de Cataluña si, como se espera, este martes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a pesar de la creciente presión –política, empresaril y popular– en su contra, realiza una declaración unilateral de independencia.

Y esa carta escondida es el artículo 155 de la Constitución española, que desde 1978 a la fefecha nunca fue utilizado.

Si bien Rajoy en sus intervenciones nunca aludió al manido artículo –al que si mencionaron como principal alternativa distintos dirigentes políticos, como Albert Rivera, líder del centrista Ciudadanos–, el presidente del gobierno español dijo que no permitiría la independencia catalana de ninguna forma y que aplicaría todas las herramientas disponibles para hacerlo.

El punto, claro está, es que nunca especificó a que instrumentos se refería para hacerlo.

Pues bien, el artículo 155 es una alternativa al alcance de la mano, pues de hecho –aunque tampoco en su redacción lo señaloa explícitamente– permite la intervención de un gobierno regional.

En grandes trazos, lo que hace dicho artículo es otorgar potestades constitucionales al gobierno central para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus "obligaciones" y en caso de que "atente gravemente" contra el interés general del país.

Para ello, puede apelar a las medidas que considere necesarias, pero como no indica claramente cuáles pueden ser, ello deja abierto el camino a la discrecionalidad, de manera de poner en práctica aquellas que resulten más efectivas.

Una alternativa posible, según indican distintos analistas y medios españoles, es la sustitución de las actuales autoridades autonómicas y la convocatoria a nuevas elecciones, algo que sí había insinuado Rajoy la semana pasada.

No obstante, para que el artículo 155 pueda ser aplicado requiere de una serie de pasos previos, que no se dan de un día para el otro, y que además requieren de la aprobación del Senado.

En primera instancia, y de acuerdo a los pasos formales a seguir, si el gobierno tomara la decisión de ponerlo en práctica, Rajoy deberá pedir a Puigdemontt que deje de lado cualquier acción que arriesgue el interés genneral de España o altere el orden constitucional.

En segundo lugar, si ese pedido no fuese contemplado, el Senado –y por mayoría absoluta– debería aprobar las medidas que obligaran al gobierno catalán a cumplir de manera forzosa sus obligaciones legales.

A su vez, Rajoy también debería presentar al presidente del Senado un detalle de las medidas propuestas para lograr ese cometido.

Posteriormente, la presidencia del Senado debería elevar el texto del gobierno central a la comisión general de las comunidades autonómicas. Pero también tiene la posibilidad de formar una comisión conjunta para debatir el asunto.

A su vez, dicha comisión redactará una propuesta acerca de si es pertinente o no el pedido del gobierno, con las modificaciones que eventualmente proponga.

La propuesta de marras deberá pasar por el plenario del Senado – en el que el gobernante Partido Popular tiene mayoría– y será sometida a un debate.

Por último, para que la propuesta con las medidas concretas del gobierno fuese aprobada requerirá del voto a favor de la mayoría absoluta de la cámara.

Mientras la tensión continúa en aumento y la expectativa por los pasos que dará Puigdemont aumenta, se conoció este lunes un documento con la denominada hoja de ruta del gobierno catalán.

Según informó el diario El País de Madrid, el documento –confiscado el pasado 20 de setiembre por la Guardia Civil en un allanamiento en la casa de un funcionario del Ejecutivo regional– contempla la declaración unilateral de independencia y la creación de un nuevo Estado en dos etapas de gobierno.

Según el texto, la declarración unilateral llevará a un "conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio".

Qué dice el artículo 155

El texto del artículo 155 de la Constitución española señala lo siguiente:

"Si una comunidad autonómica no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés genera".

"Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Pedido

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que renuncie a declarar la independencia unilateral porque afectaría la "cohesión social".

Puentes

Al mismo tiempo, la alcaldesa pidió al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que no suspenda las instituciones catalanas. "Necesitamos tender puentes, no dinamitarlos_", aseguró Ada Colau.

Empresas

Algunas empresas se irán de Cataluña. A la salida de los bancos Sabadell y Caixa España, así como Gas Natural, se suman Abertis (autopistas), Cellnex (telecomunicaciones y Colonial (bienes raíces).

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