Hay una zona del sur del departamento de Paysandú donde las localidades tienen nombres de hermosos sentimientos o ideas de sabor positivista, como por ejemplo Porvenir y Esperanza. Apuntan a un ideal abstracto, que cuando se confronta con la realidad deja mucho que desear.

Todo esto viene al caso porque la historia de este artículo tiene que ver con Pueblo Esperanza, un paraje a 13 kilómetros de la capital sanducera, ubicado en un recodo de la ruta 90, que si se la recorre hacia el este llega al centro de la zona forestal, en Piedras Coloradas y Guichón. Ese es el pulmón que alimenta con miles de toneladas de troncos de pinos y eucaliptos la planta de UPM en Fray Bentos.

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Pero a pesar de la cercanía, el contexto de Esperanza es más bien rural-agrícola. En el silencio del pueblito un vecino porfía con una azada en su huerta. Más lejos un caballo levanta apenas la mirada de la hierba cuando un camión de doble zorra zumba en la ruta 90, de ida o vuelta a los bosques artificiales.

En Esperanza hay un conflicto grave en la construcción, pero con los números propios del pueblo. Claro, no es que está parada una torre de Punta del Este y una planta industrial de dimensiones monumentales. Pero a pesar de la pequeñez relativa del conflicto pinta una complicada situación social.

Trece obreros ocupan desde hace más de dos meses la obra de una escuela largamente reclamada por la comunidad "lagarta" -ese es el gentilicio de los nacidos en Esperanza. Hace por lo menos cinco décadas que se necesita una escuela nueva allí, pues la que funcionó siempre alquilada por Primaria a una familia local finalmente expiró en 2008, quedando inhabilitada por causas de problemas estructurales.

Cuando por fin Primaria habilita la licitación para la construcción de un nuevo centro para el bien de Esperanza, se traba por un conflicto gremial. Puesto en esos términos, la ocupación parece hasta un acto grosero, pero la realidad parece ir por otro lado.

20 años no es nada

La historia de la nueva escuela 58 de Esperanza comenzó allá por 1991, cuando un grupo de vecinos se reunió, ante años de oídos sordos por parte de la administración de Educación Pública, y compraron con esfuerzo un terreno para que allí se construyera la flamante escuela. Les costó $ 47 mil de entonces, $ 1.500.000 al valor de hoy.

Durante seis años reclamaron algún tipo de acción por parte de Primaria, que contestaba con evasivas y demoras burocráticas, porque se encontró con una situación que no sabía cómo manejar: mediante una acción civil un grupo de vecinos le planteaba una solución a un problema añejo.

Ahora Primaria debía ponerse los pantalones y construir la escuela. Pero el Estado siguió fallando en sus servicios más esenciales.

Recién a finales de 1997 se colocó una planchada y una empresa paraguaya hizo dos perforaciones para los futuros pozos negros, pero luego abandonó la obra. En el terreno creció un pastizal y a pesar de los constantes reclamos de los vecinos, el sistema educativo no supo dar una respuesta a la comunidad. Los niños seguían yendo a la escuela vieja, que se llovía, sus paredes se descascaraban, sus vidrios se partían con el viento de campaña.

Cuando la vieja escuela 58 no dio para más, Primaria lanzó una licitación para el nuevo edificio. Mientras tanto, la Intendencia de Paysandú le cedió un local comunal para los más de 70 niños que concurren a la escuela, desde preescolares a alumnos sexto año. Este local tiene problemas serios: además de que los niños están hacinados en espacios reducidos, en bancos donde deben trabajar y comer la merienda, el único baño no da abasto para maestros y niños. Algunos se han orinado encima al no llegar a tiempo a los sanitarios.

Todas estas situaciones lamentables se evitarían con una escuela nueva. El asunto es que la empresa Constructora Río de la Plata que obtuvo los más de $ 11 millones para la construcción de la escuela, ha incurrido, según los obreros, en varias irregularidades graves: columnas cuadradas y torcidas cuando deben ser redondas, dilatación de vigas, un problema con un capataz violento. "La situación no daba para más" dijo Damián Gallardo, obrero de la escuela.

Dos arquitectos de la ANEP renunciaron a su cargo. Un tercero, Carlos Delfante, encontró irregularidades en la construcción. El Observador intentó, sin éxito, comunicarse con la empresa constructora. El caso, además, ha llegado a la Justicia sanducera luego de que los obreros y la empresa denunciaran agresiones físicas dentro del predio.

Los 13 obreros de la escuelita de Esperanza son padres de 10 niños que se beneficiarían mucho con el término de la obra que sus padres ocupan y son parientes directos de los vecinos que compraron el predio en 1991.

El último giro irónico de la historia es que ahora la casa donde funcionaba la vieja escuela se encuentra en pleno proceso de reciclaje. La adquirió un privado que la está poniendo a nuevo. Mientras tanto, los niños de Esperanza, jugando inocentemente en un césped lindero al salón comunal esperan una solución.
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