En setiembre el exjefe de custodios del presidente Luis Lacalle Pou fue imputado y detenido. Cinco meses después, Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en un proceso abreviado.
Escándalo, chats, el propio presidente en la mira de la opinión pública, la oposición victima o parte del entramado, pedidos de renuncia, … aun así sólo cinco meses pasaron entre que se destapara el escándalo y la justicia sindicara a uno de los hombres más cercanos al primer mandatario como responsable de una serie de delitos que incluyen desde asociación para delinquir hasta tráfico de influencias. Y nada indica que sus acciones reñidas con la ley terminen acá.
Del otro lado del charco seguimos la saga entre fascinados y desconcertados: en la Argentina las denuncias de corrupción que rozan al poder político o lo tienen como protagonista están destinados a boyar ad infinitum. Y en el caso de Astesiano que no sólo roza, sino que impacta en el corazón del gobierno, en cinco meses obtuvo una sentencia.
La sorpresa se fundamenta en estadísticas que explican por qué los cinco meses que se tomó la justicia uruguaya son una cachetada para los tiempos de la justicia argentina. Una victoria por goleada puesto en términos futbolísticos si se tratase de una competencia.
A solo doscientos cuarenta kilómetros de distancia, a metros del puerto de Buenos Aires, los tribunales de Comodoro Py donde se tramitan los expedientes de corrupción y aquellos que atañen a funcionarios públicos, muestran que la Justicia Federal de la Capital sólo logró llevar a juicio oral el doce por ciento de las denuncias de corrupción, atención, en los últimos treinta años.
La mayoría de los casos culmina con el archivo (21%) o el sobreseimiento (20%) en la etapa de la investigación. Solo el 3% de las causas concluyeron con un procesamiento al cabo de la instrucción, es decir, con una acusación formal. Los datos surgen de una compilación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Sólo el 2% de los expedientes por corrupción en la Justicia Federal de la Capital llegaron a una sentencia de culpabilidad. Actualizada a este año, las condenas suman 221 a lo largo de 25 años.
Un ejemplo: las causas contra Carlos Menem (que murió en 2020 y gobernó entre 1989 y 1999 )nunca tuvieron condena firme. Una de las causas emblemáticas en su contra, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, terminó cerrada en Casación. Estaba apelada ante la Corte Suprema cuando el ex jefe de Estado falleció.
En términos de tiempos, la Justicia podría exhibir el proceso que culminó con la condena a Cristina Fernández de Kirchner como un “logro”: casi siete años para declararla culpable a la vicepresidenta por delitos cometidos cuando ocupaba el sillón de Rivadavia.
Cuando la política mete la cola las causas se empantanan. Una de las verdades no escritas, pero más conocidas que el preámbulo de la Constitución argentina.
La independencia de poderes se declama mucho más de lo que lo que se practica
¿Hasta dónde se necesita voluntad política a la hora de lograr que la Justicia actúe?
El caso Astesiano dio una respuesta contundente. Lacalle Pou admitió el error de haberlo designado, lo detuvieron en el corazón del gobierno y el presidente no tuvo mucho más que decir: lo que empezó como una investigación de partidas de nacimiento falsas a ciudadanos rusos se transformó en uno de los escándalos políticos de la historia de Uruguay con derivaciones imprevistas que incluye seguimiento ilegal a sindicalistas y miembros de la oposición.
¿Una oposición que puede ser víctima y victimaria? Por un lado, fuentes cercanas a la investigación aseguran que no se descarta que alguno de sus miembros haya sido espiado de manera ilegal, sin orden judicial a través de gestiones del ex hombre fuerte de la seguridad presidencial. Por otro, en los últimos días la fiscal que sigue las investigaciones por el caso del excustodio Astesiano, Gabriela Fossati, decidió que el exdirector de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal pasara a ser indagado luego de visitar a los padres de Astesiano en Barra del Chuy del lado brasileño. Especulan que en ese encuentro se habría buscado mejorar la situación procesal de Astesiano.
“¿No parece extraño que el primer indagado de los políticos sea de la oposición, y no del gobierno, que es el que tiene este problema de corrupción?" preguntan desde el Frente Amplio.
Fue la colega Natalia Roba desde este mismo medio quien transmitiese con precisión los temores del gobierno acerca de las sorpresas que podría generar este caso y la distención que se genera en las entrañas del ejecutivo cada vez que la fiscal apunta hacia cualquier otro blanco que no fuesen ellos mismos; con Astesiano y sus chats parecen haber tenido suficiente.
¿La voluntad política demostrada hasta ahora por el presidente para que la justicia pueda investigar a uno de sus hombres alcanza? No.
¿La detención de Astesiano pone punto final al entramado de corrupción? Tampoco.
Pero frente a la obscenidad de los Sergios Moros al norte de la frontera y la desidia de la justicia argentina a la hora de tramitar causas de corrupción, Luis Lacalle Pou parece tener cierto margen para sacar pecho.
Aun con las dudas que sobrevuelan sobre su rol en la causa, los cinco meses desde el escándalo hasta la sentencia y un exjefe de seguridad presidencial detenido, le dan tremenda ventaja a la hora de exhibir independencia en la región.
