Las bases del desconcierto

La vocera del plebiscito “No a la baja” ganó la pulseada en el congreso al conseguir que se incorporara al programa de gobierno del FA la derogación tanto del registro de los antecedentes de menores como la prisión preventiva dispuesta para ellos en la ley 19.055. 
La norma establece la prisión preventiva en delitos graves y gravísimos (homicidio, rapiña, secuestro, extorsión, violación y tráfico de estupefacientes) y el Registro Nacional de Antecedentes Penales para los adolescentes en conflicto con la ley.
“Conservar este tipo de leyes va por un camino de retroceso y este programa tiene que tratar de profundizar derechos”, afirmó al argumentar su apoyo a la derogación.

“Es cierto, la prensa va a decir muchas cosas y la oposición nos va a pegar, pero por temor a lo que diga la oposición y a la prensa es que seguimos manteniendo leyes que no dan resultados”, retrucó para contrarrestar puntos de vista opuestos a derogar esta ley fruto de acuerdos con otros partidos políticos.

Hasta ahí los hechos que revelan la fortaleza de las minorías del FA para imponer su punto de vista a toda la fuerza política. En este caso Goyeneche se ha convertido en una experta de recordar y/o batallar por derechos de algunos sectores de la población, pero omitiendo olímpicamente sus responsabilidades. 
La sociedad cambió, el delito cambió, la familia cambió. Todos debieron adaptarse a los cambios. La adolescencia también se transformó y su relación con el delito no es la excepción. Suenan demasiadas alarmas en muchos lados informando sobre cómo los menores de 18 años amparados precisamente por la ley son utilizados –o no– para robar y matar. 

Una vez más Goyeneche busca posicionarse con un discurso de protección a aquellos que siembran el miedo y el terror en la sociedad, olvidándose de las enormes mayorías que los padecen. Es su estrategia y la de su sector. Resulta inconcebible que una argumentación supuestamente proderecho cuente del otro lado de la balanza con el silencio total ante episodios de canibalismo en las cárceles, ataques contra la libertad de expresión, omisión de acción policial y asesinato de presos por parte de guardiacárceles con el consiguiente ocultamiento a la Justicia y a la opinión pública. 

En materia de seguridad el gobierno está en un enorme debe. La decisión del congreso del FA de plantear esta derogación en su programa es otro signo más de que volaron los puentes con el sentir de una población que vive insegura. Este tipo de señales que se materializan en posiciones como la de Goyeneche, tan inoportunas y a contramano con la sensibilidad, explican los bajos índices de aprobación de un gobierno errático y confuso.