Para una presidenta que adora usar la expresión “inclusión social” en todos sus discursos, no puede haber peor pesadilla que la imagen de marginales saqueando las góndolas de los supermercados y protagonizando refriegas con la policía.
Peor aun debe ser la certeza de que esas mismas imágenes darán la vuelta al mundo y serán vistas y comentadas en los televisores de Europa, en esos mismos países a los que ella pone como ejemplo de políticas erróneas, de los que la Argentina quiere diferenciarse mediante el aliento al consumo y los planes de asistencia. Esa pesadilla es la que está viviendo Cristina Kirchner, quien se llamó y silencio mientras asimila la situación desde su refugio en la sureña provincia de Santa Cruz.
Mientras los funcionarios del gobierno se abocan a la tarea de buscar culpables para explicar los incidentes, lo que empieza a quedar en evidencia es la dificultad del kirchnerismo para seguir sosteniendo su discurso, ese que afirma que rige un “modelo de acumulación, matriz diversificada e inclusión social”.
La parte de la “acumulación” ya es parte del pasado, dado que las “tasas chinas” de crecimiento ya no podrán repetirse en un escenario de baja inversión y escasez de divisas, según coinciden los economistas. Los más optimistas se animan a pronosticar un crecimiento de 4% para el año próximo, y en buena medida por el “efecto rebote” tras un año frío.
Lo de “matriz diversificada”, a esta altura, suena como un mal chiste. La industria representa un 16% del PBI, una marca similar a la registrada en los denostados años ’90. Y, para colmo de contradicciones, la “sojadependencia” ha llegado a su nivel máximo, tanto por los dólares que le aporta al Banco Central como por los pesos que le aporta a la AFIP. Quedaba la “inclusión social”, la gran bandera del kirchnerismo. Pero también este punto comienza a ser desmentido por la dura realidad.
No hubo “tasas chinas para todos”
Las cifras de pobreza e indigencia que mide la estadística oficial son cuestionadas no sólo diversas consultoras y organizaciones sociales, sino por la cotidianeidad de un país donde la miseria no logra ser disminuida a fuerza de discursos ni medidas paliativas.Los aproximadamente 1.500 pesos uruguayos de la Asignación Universal por Hijo, con apenas un ajuste anual, luce muy exigua para resolver problemas en un país con inflación de 25 por ciento.
El tercio de la población que trabaja en el sector informal –que es, además, el de menores ingresos- es el que más sufre la inflación, al no poder protegerse con mecanismos de indexación. En un año donde, salvo los sectores sindicalizados, hubo una pérdida generalizada de poder adquisitivo, este fenómeno se sintió con más fuerza en los sectores de la economía “en negro”.
En tanto, los 130.000 planes de trabajo y el millón de empleos públicos creados en los últimos años no alcanzan para disimular una difícil situación en la industria y en las economías regionales, que este año han visto una oleada de cierres y suspensiones de personal.
La industria de la construcción -con su pérdida de 26.000 puestos desde que rige el “cepo cambiario”- y la frigorífica -con su saga de 120 establecimientos cerrados, 12.000 puestos perdidos y otros 8.000 en riesgo- son casos líderes que muestran con elocuencia cómo las políticas oficiales han llevado al deterioro del empleo en el sector de menores ingresos.
Y no cunde el optimismo, precisamente, a nivel de opinión pública. En el sondeo de la Universidad Católica y Gallup, el porcentaje de gente que creía que había pocos puestos de trabajo había llegado a un mínimo histórico de 26 por ciento en octubre de 2011, justo cuando se reeligió a Cristina. Ahora, la cifra supera el 40 por ciento y con tendencia ascendente.
Será por eso que las ventas han caído en rubros estrella de los últimos años, como los electrodomésticos. Y que incluso las cifras de ventas en supermercados vienen mostrando todos los meses subas menores a la inflación, es decir caídas en términos reales.
Readecuando el discurso
Fue evidente la perplejidad oficialista para explicar el brote de violencia. La principal preocupación de las primeras horas pareció ser el rechazo a las comparaciones entre la situación de hoy y la de 2001.
Así, Ricardo Forster, principal referente del grupo de intelectuales K “Carta Abierta”, calificó como “enorme delirio” el discurso que “pretende homologar las políticas actuales con las de la década del ‘90”, y arriesgó que los saqueos responden a una “profecía auto cumplida”.
La reacción del kirchnerismo responde a su ADN. El negar los problemas hasta que estallan, y luego buscar un culpable ha sido una constante. Así ocurrió con la ocupación del Parque Indoamericano por miles de habitantes de las vilas miseria: para el Gobierno, las culpas eran del intendente porteño Mauricio Macri y de instigadores de izquierda.Luego, con la tragedia de la estación Once, la culpa fue de los concesionarios privados del tren.
El colapso energético fue culpa de Repsol que no quería invertir. Y luego, de una “mano negra” que bajó la palanca en un día de mucho calor para sumir a Buenos Aires en el caos. Ahora, la culpa es de los sindicalistas ex amigos, que al decir del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, deben demostrar su inocencia.
El argumento sonó tan exagerado que incluso los kirchneristas más fanáticos terminaron admitiendo que, además de haber sido instigados, es posible que los saqueos también respondan a la persistencia de la pobreza.
