Moyano, el enemigo al que Macri está decidido a enfrentar

Lo único que pido es que, si voy preso, me pongan en la celda de al lado del padre de Macri". La frase de Hugo Moyano, con una mezcla de ironía y amenaza velada, les terminó de dejar en claro a los argentinos la magnitud del nuevo conflicto que enfrenta el gobierno macrista.

Pasado el agitado final del 2017, con las protestas violentas en contra de la agenda de reformas económicas, al presidente Mauricio Macri se le allanó relativamente el camino en el plano de la pelea legislativa. Pero eso no significa que tenga la garantía de un año tranquilo: falta ahora pasar el escollo de la resistencia sindical en defensa de sus intereses corporativos.

No es un conflicto menor en Argentina, a tal punto que muchos gobiernos han chocado contra esa pared. Sin embargo, el macrismo parece sentirse políticamente cómodo en esa pelea. Acaso sea por el beneficio que implica enfrentarse a uno de los sectores que, según las encuestas, cuentan con peor imagen pública. Es así que Macri, desde que asumió, viene anunciando que dará la batalla "contra las mafias".

Y la advertencia no se quedó en la retórica sino que pegó en donde más le duele a la dirigencia sindical: es decir, en los ingresos que engordan las millonarias "cajas", tales como las instituciones de cobertura médica –las siempre sospechosas "obras sociales"– y las cuotas solidarias compulsivas que se les descuentan a los trabajadores de sus salarios.

Al mismo tiempo, se produjo una ofensiva judicial sin precedentes que llevó tras las rejas a dirigentes sindicales que no pueden justificar sus fortunas y propiedades. Casos como el de Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay, generaron una fuerte repercusión y a su vez provocaron el beneplácito de la clase media, que históricamente ha rechazado los métodos y formas del sindicalismo.

Macri es plenamente consciente de que estos episodios le provocan un aumento en el apoyo de la opinión pública: "No hay persecución contra gremialistas; lo que hay en Argentina hoy es una Justicia que despierta y actúa con independencia: por eso aparecen estos casos escandalosos de abusos de sindicalistas con zoológicos personales, que mucha gente lo sabía", declaró recientemente.

Enemigos íntimos

Lo curioso es que, hasta hace poco tiempo, Moyano se llevaba relativamente bien con Macri. Primero, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por la lógica del enemigo en común.

La expresidenta había tenido un duro enfrentamiento con el entonces líder de la CGT, a quien acusaba de querer desestabilizarla.

En aquellos tiempos de vacas gordas, Moyano había levantado una agenda de reclamos que coincidía con intereses de la clase media que apoyaba a Macri.

Fue así que, más que centrarse en los clásicos pedidos de mejora salarial, Moyano puso el foco sobre el impuesto a las ganancias, la falta de crédito hipotecario y los problemas de la inseguridad urbana.

Así, se forjó una circunstancial alianza entre dos sectores que, a primera vista, parecían no tener nada en común.

Fueron muy comentados los episodios, en plena campaña electoral, en los que Macri intentó congraciarse con el electorado peronista haciendo homenajes al general Juan Domingo Perón, en los cuales Moyano era un invitado especial.

Y luego, ya con Macri en el poder, Moyano –que ya no lideraba formalmente la central sindical pero mantenía su influencia sobre el ala más combativa– se mostró paciente y comprensivo ante un gobierno recién asumido y prefirió no adherir a las protestas "contra el ajuste social".

En retribución, el presidente invitaba al sindicalista a reuniones en la Casa Rosada y accedía a destrabar deudas que el Estado mantenía con las instituciones sindicales de servicios médicos.

Pero esa convivencia pacífica parece haber llegado a su fin. En parte por el cambio de contexto político y, también, por cuestiones que afectan en un nivel personal a Moyano y su familia.

Aunque formalmente las denuncias contra Moyano y su hijo Pablo solo son atribuibles a iniciativas de fiscales y jueces, el líder sindical está convencido de que detrás de la ofensiva judicial está la mano del Poder Ejecutivo.

Las imputaciones van desde el lavado de dinero en el club Independiente –del cual Moyano es presidente– hasta el manejo irregular de fondos en las empresas que prestan servicios al sindicato de camioneros.

Y, para estas investigaciones, resultan fundamentales los datos de la Unidad de Investigación Fiscal, que depende del gobierno.

Hay, además, denuncias mediáticas sobre la responsabilidad de Moyano en el vaciamiento de una empresa privada de correos –lo que, posiblemente, fue lo que motivó la alusión del gremialista al padre de Macri, que durante años tuvo la concesión del correo estatal y tiene una causa abierta por defraudación al Estado–.

Lo cierto es que el apellido Moyano está todos los días en los medios de comunicación, generalmente acompañado por denuncias de barras bravas de Independiente o por imágenes de mansiones y empresas atribuidas al líder sindical y sus parientes.

La prueba del nerviosismo que esto genera es que el sindicato de camioneros –actualmente bajo la conducción de Pablo, hijo mayor de Hugo– convocó a una marcha de protesta contra la política salarial del gobierno.

La fecha prevista es el 22 de febrero, pocos días antes de que el Parlamento inicie su año legislativo, con una agenda que tiene como primer asunto excluyente la reforma laboral.

El impacto de esa marcha en términos de convocatoria parece asegurado, ya que a la reconocida capacidad de movilización callejera que tiene el gremio de los camioneros se sumará la asistencia de organizaciones sociales –mejor conocidas como "los piqueteros"–, que quieren ejercer presión para obtener mayores recursos de asistencia estatal.

Pero si una prueba faltaba para dar la dimensión del nerviosismo de Moyano es su impensado acercamiento a Cristina Kirchner.

Luego de años de intercambiar dardos y críticas –Cristina llegó a insinuar que el dirigente sindical había sido responsable de la muerte de Néstor Kirchner, por una discusión telefónica que habían tenido la noche anterior–, los dos pesos pesados del peronismo admitieron que sería positivo dejar de lado las rencillas personales para fomentar la unidad partidaria y hacerle frente al macrismo.

El equilibrio de Macri

Mientras tanto, el presidente intenta mantener el equilibrio sobre una estrecha cornisa. Por un lado, fomenta el diálogo con los sectores más "blandos" del sindicalismo, para poder aprobar la reforma laboral y evitar desbordes en las negociaciones salariales.

Y, al mismo tiempo, deja en claro que está dispuesto a avanzar en el recorte de privilegios contra la burocracia sindical.

A su regreso de la gira europea de la que trajo fotos junto a Vladímir Putin, AngelaMerkel, Emmanuel Macron, Bill Gates y la reina Máxima de Holanda, el mandatario argentino pasó sin escalas al tema Moyano.

"Moyano no tiene que ponerse nervioso, tiene que ir a la Justicia y demostrar que tiene todo en orden, y menos meterse con una persona de 87 años que está tranquilamente en su casa", dijo Macri, en una devolución a la alusión que el líder sindical había hecho sobre el padre del presidente.

Macri también lo convocó a "colaborar en ser parte de esta Argentina que pretende ser más productiva" y le sugirió que debería aportar para bajar el costo en transporte y logística, uno de los rubros que encarecen las exportaciones.

A primera vista, no parece que Moyano sea permeable a esa invitación. Más bien, parece estar ocupado en temas más urgentes. En una entrevista, admitió tener varios abogados con los cuales se defiende de la ola de acusaciones en su contra.

Y, como ocurrió durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Cristina Kirchner, dejó en claro cuál es su arma para el caso de sentirse amenazado.

Está expresada en el clásico cántico futbolero que, con la música de "Siga el baile", se entona en las movilizaciones del gremio camionero: "Si lo tocan a Moyano, les paramos el país".

El dólar otra vez en el tapete

Ya es un clásico de los veranos argentinos. Por algún motivo, siempre el dólar vuelve a la tapa de los diarios. Y esta vez no fue la excepción.

El disparador para la nueva corrida cambiaria fue el anuncio del Banco Central sobre un recorte en las tasas de interés, una medida que fue interpretada por el mercado como una claudicación de los funcionarios más duros en materia monetaria, que habían tenido que ceder a las presiones para una política más relajada.

Ante las mayores dudas sobre la consecución de la meta inflacionaria y del recorte fiscal, el mercado recurrió a su refugio clásico: el dólar. Fue así que en pocos días la divisa estadounidense, que se encontraba debajo de los $ 19, escaló por encima de los $ 20.

No fue una corrida de tinte dramático, en parte porque bastó con que los bancos oficiales salieran a vender para "disciplinar" al mercado. Y también en parte porque hay consenso en el sentido de que el nuevo precio está más cerca del equilibrio.

De momento, la volatilidad parece controlada. Y muchos de los que advertían sobre el retraso cambiario celebran la recuperación de un margen de competitividad para el agro y la industria.

Sin embargo, hay dudas sobre si la devaluación será exitosa. Es decir, si se evitará el efecto clásico de que el dólar contagie a los precios y la ganancia de competitividad se vea licuada en pocas semanas.

Los pronósticos de inflación para este mes y marzo no ponen un marco optimista.

El ministro de Trabajo y la empleada en negro

Jorge Triaca

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AFP

La medida de prohibir a los ministros que designen a sus parientes en cargos públicos parece sacada del manual de política argentina para casos de crisis: implica el intento de transformar una crisis en una actitud virtuosa y sacar de ello un rédito de imagen.

Un caso clásico de esa estrategia fueron, por ejemplo, la estatización de la petrolera YPF dispuesta por Cristina Kirchner en 2012 luego que el sistema energético entrara en colapso.

Macri, con su estilo, está aplicando el mismo método. Su propósito es preservar a uno de sus funcionarios más preciados, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Con tal de no sacarlo, el presidente anunció la medida para evitar el nepotismo en la administración pública.

El ámbito político interpretó ese anuncio como un intento de compensar ante la opinión pública el escándalo que envolvía a uno de sus ministros claves.

Hijo de un dirigente de la CGT que, a su vez, ocupó el ministerio en los años de 1990 durante el gobierno de Carlos Menem, Triaca conoce como pocos el mundo sindical, su estilo, su lenguaje, sus puntos fuertes y débiles, sus peleas internas y sus métodos de negociación.

Para el presidente puede resultar fácil reclutar gente del ámbito empresarial para ocupar puestos de gestión en la administración pública, pero cuando busca sindicalistas que simpaticen con su proyecto político ve que no es algo que abunde.

Es por eso que el presidente respaldó a Triaca ante un escándalo que a otro ministro le habría costado el cargo.

Semanas atrás circuló el audio de un mensaje telefónico en el cual Triaca destrataba a su empleada doméstica. Luego se supo que la señora había trabajado durante años en negro para su familia y que solo había sido legalizada días antes de la elección de 2015.

Y luego, para colmo, trascendió que, como forma de mejorarle el sueldo, Triaca había designado a su empleada como administrativa en un sindicato intervenido por el Estado al que se le imputan hechos de corrupción.

Esas revelaciones llegaron luego de que se supiera que dos hermanas de Triaca ocupaban importantes puestos políticos.

Para un gobierno que hace de la transparencia y la honestidad en la gestión pública una de sus banderas, parecía demasiado.

No solo se trataba de hechos similares a los que durante años se criticaron al kirchnerismo, sino que ese aspecto le quitaba autoridad política y moral al gobierno para negociar frente a los sindicatos.

Sin embargo, Macri decidió mantener a su ministro, a quien le asignó una tarea crucial para las próximas semanas.

Por un lado, debe conducir las negociaciones salariales y tratar de evitar desbordes. Es una instancia que el macrismo considera crucial para garantizar el éxito de su meta inflacionaria del 15%.

La tarea de Triaca es evitar que se generalice la aplicación de "cláusulas gatillo" que puedan generar una inercia inflacionaria.

Pero, además, hay otro motivo: cuando en marzo se reanude la actividad legislativa, Macri quiere impulsar una profunda reforma laboral. De toda la agenda de cambios impulsada por el gobierno tras las elecciones de medio término, este punto es el que genera más rechazo en los sindicatos.

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