Ominoso horizonte de inseguridad
Las advertencias del exhaustivo análisis de Layera imponen al gobierno y a la estructura judicial le necesidad urgente de arbitrar medidas para que ese panorama no se confirme
La fragmentación social, el debilitamiento de la estructura familiar, el desarrollo de la cárcel como escuela del delito y del cambio de los códigos de comportamiento, la confusa aplicación inicial del Código de Proceso Penal y la falta de coordinación entre los organismos estatales y la Policía han tenido como resultado dificultan la eficacia policial en prevenir delitos y plantean un ominoso horizonte de inseguridad ciudadana, según detalló a El Observador el director nacional de Policía, Mario Layera.
En una entrevista sumamente esclarecedora y preocupante sobre el estado de la seguridad ciudadana, Layera destacó los "problemas en el primer nivel de socialización, que es la familia", disgregada por profundos cambios culturales que incluyen las distorsiones introducidas por normas legales que aprobaran las administraciones del Frente Amplio. Señaló que el debilitamiento del entorno familiar conduce a que los hijos no estudien y se sientan inducidos al delito por "generaciones de familiares con antecedentes". Enfatizó la dificultad de llevar adelante investigaciones a largo plazo "porque hay un lío en la Fiscalía que no te lo permite", problema derivado de la vigencia del nuevo Proceso del
Código Penal, que pone la investigación en manos de los fiscales pero sigue a los tumbos desde su implementación hace más de seis meses. Admitió también que los policías enfrentan dudas sobre cómo actuar, realidad conocida que se deriva de la falta de un protocolo claro que les permita reprimir
acciones delictivas de manera eficaz sin correr el riesgo de ser sancionados.
Parte de su artillería gruesa estuvo dirigida a la falta de cooperación de organismos oficiales, especialmente el ministerio de Desarrollo Social (Mides) que niega acceso a informaciones pertinentes con el argumento de que son reservadas. Dijo que lo mismo ocurre con el BPS, Primaria y Secundaria. Los datos de estos organismos, si fueran suministrados a la cartera de Interior, permitirían a la Policía detectar anticipadamente casos de fragilidades sociales que pueden desembocar en conductas delictivas.
El jerarca vaticinó que la consecuencia de la situación actual, si no se corrige a tiempo, será que "el Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado" en tanto "el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras" y la proclividad delictiva generada en el sistema carcelario. Su diagnóstico para Uruguay es que "el Estado se verá superado" y caerá en "un escenario como El Salvador o Guatemala", donde la
delincuencia escapa a todo control.
