Once deportistas dopados

Se registraron 11 casos positivos de dopaje en el año donde se detectó por primera vez metilhexanamina

El año se termina y son 11 los casos de dopaje detectados en el deporte nacional. Entre ellos apareció una sustancia llamada metilhexanamina que desde que se implementan los controles en Uruguay, en 1969, nunca había aparecido.

“Siempre que haya un caso positivo es preocupante”, dijo a El Observador el director de deportes Ernesto Irurueta, quien afirmó que en Uruguay se registran entre cinco y diez casos por año.

“No es un nivel alto aunque sí aparece, en relación a otros países, un nivel más alto de marihuana y cocaína. Aquí estamos frente a un tipo de problemática que no es lo mismo que los casos donde se busca aumentar el rendimiento con sustancias dañinas para la salud del individuo; eso es mucho más peligroso”, afirmó el titular de la Dirección Nacional de Deportes (Dinade).

De los once casos que se dieron este año, seis son de las llamadas drogas sociales (cuatro por cocaína y dos por marihuana), tres por EPO (anabólico), uno por efedrina (la sustancia que hizo famosa Diego Maradona en el Mundial de 1994, un estimulante) y la metilhexanamina, otro estimulante, detectado al basquetbolista estadounidense, Chris Jackson tras su paso por Defensor Sporting.

El básquetbol, que fue motivo de preocupación entre 2009 y el año pasado por la aparición de 13 casos no acrecentó su número de positivos, según Irurueta.

“Frente a la aparición de estas situaciones hay mayor cuidado y reflexión. Además hay jugadores que tuvieron compañeros que fueron suspendidos de por vida y esos ejemplos aleccionadores, que son lamentables, también influyen”, expresó.

Vigilancia ampliada
El sistema de control antidopaje en Uruguay pasó este año por un cambio muy importante pasando de la órbita pública a la privada.

Uruguay está suscripto desde hace años a la convención internacional contra el dopaje de la Unesco, que lo obligaba a asumir los estándares internacionales.

Esto se intentó realizar por un decreto que encontró un escollo constitucional: la inapelabilidad de un fallo dictado por un organismo público nacional por parte de una organización internacional, como la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) o el Tribunal Supremo del Deporte (TAS).

La solución que se encontró en setiembre fue trasladar las competencias en materia del control del dopaje del ámbito público al privado.

“Como el Estado no quiere desvincularse del tema, la solución hallada fue trasladar por ley las competencias a la Fundación Deporte Uruguay (FDU)”, contó Irurueta.

La FDU se compone con miembros de la Dinade y del Comité Olímpico Uruguayo (COU).

La ley entró en vigor el 15 de diciembre pasado.

La Dinade seguirá destinando parte de su presupuesto para las tareas que se desarrollan en el Centro Médico Deportivo, ubicado en la avenida 8 de Octubre.

Para implementar estos cambios se creó la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (ONAU), que estará integrada por Irurueta como director más un miembro del COU y un abogado.

“La AMA tendrá desde ahora comunicación directa con esta organización”, sostuvo Irurueta.

Dentro de la ONAU se crearon cinco comités: el de gestión de resultados, el disciplinario, el de apelaciones, el de autorización de uso terapéutico y el de educación.

Estarán todos integrados por miembros de la Dinade, del Centro Médico, así como también por abogados y personalidades del deporte.

El comité de gestión de resultados lo integrará Irurueta con el médico José Veloso y un abogado.

“Esta estructura debe funcionar siempre al igual que el comité de educación”, sostuvo Irurueta.

“A partir de este momento empezamos a aplicar el Código actualizado”, contó.

“Ya se usaba la normativa AMA pero al no haber incorporado las normas de 2010 había que regirnos por nuestra legislación”, dijo.

“La segunda tarea que tenemos será estudiar casos pendientes por muestras tomadas en esta transición que hubo desde la aprobación de la ley hasta su puesta en funcionamiento”.

Los cambios son sustanciales. Ya no rige la inflexible pena de dos años ante el primer caso de positivo ni la suspensión de por vida en caso de reincidencia.

“Las normas son mucho más flexibles, según la sustancia y las circunstancias del consumo”, concluyó Irurueta.