La organización Transparencia Internacional (TI) investigará las repercusiones del escándalo de la petrolera brasileña Petrobras en siete países de América Latina. Además, Camargo Correa, una de las mayores constructoras de Brasil, firmó un acuerdo con las autoridades por el que admitió su culpa en los desvíos de Petrobras y aceptó colaborar con las investigaciones y a pagar una millonaria multa.

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Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela son las naciones que serán objetos de investigación de TI. "El escándalo de corrupción alrededor de Petrobras es uno de los más grandes que hayamos visto en la región, no solamente por las cantidades de dinero involucradas y por los vínculos entre las élites política y económica, sino también por el daño que este sistema de corrupción ha significado para la sociedad brasileña", dijo en un comunicado Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional para Latinoamérica.

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La petrolera estatal brasileña Petrobras reconoció pérdidas por unos US$ 2.000 millones por el fraude y la corrupción, un escándalo desvelado en 2014. Las revelaciones de esta cadena de sobornos han generado gran descontento en la sociedad civil de Brasil y este fin de semana casi medio millón de personas salieron a las calles para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff.

"A medida que las investigaciones en Brasil continúan evidenciando vínculos entre grandes empresas constructoras y corrupción en Petrobras, Transparencia Internacional analizará si éstas están replicando el mismo modelo de negocios basado en pago de sobornos", informó la organización.

Según la investigación en curso en Brasil, las principales constructoras del país formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores.

En su comunicado, TI señala que una investigación preliminar realizada por la ONG muestra que en Venezuela, donde cuatro de las empresas bajo investigación en Brasil recibieron más de 30 contratos del gobierno en años recientes, ha habido retrasos en ejecución, contabilidad opaca y poca claridad sobre los criterios para las concesiones.

"A final de cuentas, lo que estamos haciendo es solicitar simple rendición de cuentas. No sabemos que es lo que vamos a encontrar, pero, tomando en cuenta lo que el escándalo de Petrobras ha revelado y los costos de las obras de infraestructura, es razonable demandar transparencia", estimó Salas.

Admite culpa

En tanto, la constructora Camargo Correa admitió su culpa en el caso de Petrobras y se comprometió a pagar una millonaria multa. La homologación del acuerdo de confesión fue anunciada ayer por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el organismo del Ministerio de Hacienda responsable por el combate a los monopolios y que investigaba a Camargo Correa por las irregularidades en el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras.

El acuerdo con el órgano antimonopolio compromete tanto a la constructora como a su expresidente, Dalton dos Santos Avancini, y su exvicepresidente, Eduardo Hermelio Leite, que eran acusados de formar un cartel con otras empresas para repartirse las licitaciones de la petrolera estatal.

A cambio de la suspensión de la investigación administrativa en su contra y de otros beneficios, Camargo Correa se comprometió a pagar una multa de 104 millones de reales (unos US$ 29,7 millones), la mayor ya acordada por el Cade en un acuerdo con empresas acusadas de cartel.

La constructora, en un comunicado, afirmó que también se comprometió a colaborar con las investigaciones, a presentar documentos que pueden incriminar a otras empresas, a ofrecer informaciones sobre el funcionamiento del cartel y a suspender las actividades irregulares.

La constructora fue la tercera empresa acusada de desviar recursos de Petrobras en llegar a un acuerdo con el Cade para confesar su responsabilidad a cambio de la reducción de las sanciones por la violación de las leyes de libre competencia. Los primeros acuerdos fueron suscritos en marzo pasado por las empresas Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas.

Las empresas admitieron ante el órgano público que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas por el que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos.

Según las empresas confesas, el cartel era integrado por varias de las mayores constructoras del país, como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC Engenharia.

De acuerdo con las investigaciones, las empresas acusadas de los desvíos obtenían contratos amañados con la estatal, inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.

El escándalo ha mandado a prisión a varios ejecutivos de una veintena de empresas y salpicado a medio centenar de políticos, en su mayoría de los partidos que apoyan el gobierno de Dilma Rousseff.
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