El procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou, por el caso Ciccone, abrió un campo fértil para la oposición, que no solo se conforma con el pedido de renuncia, sino que impulsa un juicio político.
Mientras, Boudou continuaba ayer de viaje oficial fuera del país y su gobierno permanece en silencio. Ni una palabra ha salido del Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde que el pasado viernes, cuando el juez federal Ariel Lijo procesara a Boudou por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo, un hecho inédito en Argentina.
Dirigentes de todos los sectores opositores elogiaron la decisión del juez y de inmediato empezaron a tejer las estrategias políticas, ya pensando en lo que serán las elecciones presidenciales del año próximo, a las que el oficialismo kirchnerista llega debilitado por varios flancos.
En la línea de fuego para impulsar el pedido de renuncia, o bien el juicio político, aparecieron el exvicepresidente Julio Cobos; el titular de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz; el expresidente Eduardo Duhalde; el líder del Frente Renovador y favorito para suceder a Fernández en la Casa Rosada, Sergio Massa; la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal; los líderes sindicalistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el líder del Partido Socialista, Hermes Binner, y el titular de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, entre otros.
Con este amplio espectro, algunos más afines que otros entre sí, lo que se abre es un frente poderoso para transformarse en bloque y sacar partido de este pésimo momento por el que pasa el gobierno en la arena política, financiera y social.
Massa, por ejemplo, instó a que todos aquellos sectores en contra del gobierno concreten un acuerdo en el Congreso para avanzar con el juicio político y la posterior remoción del vicepresidente Boudou, según informó ayer el diario argentino La Nación.
“Pedir (la renuncia) sin más, es un error. Es lavarse las manos frente a la gente. La tarea más importante de la oposición es la del juicio político y la de remoción. Es una herramienta que tiene el Parlamento y lo que hay que hacer es coordinar con las fuerzas de la oposición (…)La tarea del Congreso es avanzar en el juicio político y consolidar la independencia del Poder Judicial”, sostuvo Massa en declaraciones a radio Mitre.
El líder del Frente Renovador instruyó al presidente del bloque en Diputados, Darío Giustozzi, a la vicepresidenta de la Cámara, Graciela Camaño, y al coordinador de los equipos de Transparencia Institucional, Adrián Pérez, “para que articulen con el resto de los sectores de la oposición la posibilidad de llevar adelante el juicio político” y agregó que “no solo tiene que ser el trabajo del Poder Judicial, sino también el del Parlamento el que determine los grados de responsabilidad”.
Al respecto, Camaño fue enfática al señalar que en este caso “lo que está cuestionado es el Poder Ejecutivo porque es un binomio”, y agregó: “Tenemos que dilucidarlo por la vía del juicio político y la presidenta tiene que definir si va a mandar a sus legisladores a votar a favor de que el binomio siga cuestionado con un hecho de corrupción que ya tiene la semiplena prueba y que amerita el procesamiento”.
En tanto Cobos, otro vicepresidente que pasó su propia guerra con Cristina Fernández y ahora ubicado en la vereda opuesta, consideró que el procesamiento de Boudou amerita su “distanciamiento del gobierno” y sostuvo que “los fundamentos de la resolución del juez Ariel Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político”.
“Tiene que dimensionar la gravedad institucional de este hecho. Si no se va, la decisión del radicalismo, y la mía en particular, es acompañar a los legisladores que quieran iniciar juicio político”, advirtió el diputado mendocino, tras señalar que “la continuidad en su cargo afecta al Congreso y al Poder Ejecutivo”.
Sanz, por su parte, insistió con que el vicepresidente debe “pedir licencia” y señaló que “el gobierno tiene que sacarse de encima esta situación”, ya que “tener procesado al número dos del país no es una buena noticia”, y la presidenta “políticamente es responsable de esta situación”.
No es el momento
Por su parte, Duhalde evaluó que “no es momento” de impulsar el juicio político al vicepresidente dado que “se está incendiando la casa” en el marco del conflicto con los “fondos buitres”, pero sí sostuvo que la presidenta debería pedirle “que dé un paso al costado”.
En tono más duro, Moyano opinó que “ha empezado a funcionar la Justicia”, además de considerar que “es lamentable lo que está pasando” y que “el gobierno debería apartar al vicepresidente”.
Barrionuevo levantó el tono y dijo que “es un día de alegría, porque es bueno que la Justicia diga presente”. “Boudou debería mandarse a mudar”, agregó enfáticamente.
Otro matiz tras el procesamiento es el que manifestó Solanas, quien exigió que “a fin de preservar la estabilidad institucional, Boudou pida licencia mientras se desarrolla la causa”. En caso contrario, agregó Solanas, “el Frente para la Victoria (de la presidenta Fernández) debe hacerse cargo políticamente de esta situación y no obstaculizar su apartamiento, propiciado en juicio político desde el Congreso, lo cual sería directa responsabilidad de la presidenta de la nación”.
