Otros dos jueces siguen citando a militares por nuevas denuncias

En cambio, cinco jueces evalúan antes los efectos de la sentencia de la Suprema Corte

Ya son tres los jueces penales que siguen adelante con causas por delitos cometidos durante la dictadura. Dos magistrados se sumaron a la posición de la jueza Julia Staricco quien entendió que al no recibir recursos de inconstitucionalidad de parte de los militares indagados puede proseguir con la investigación de una denuncia por abusos sexuales de un grupo de 28 mujeres detenidas en el período de facto.

De acuerdo a un relevamiento realizado por El Observador de los 21 jueces penales, al menos siete tienen presumarios abiertos por nuevas denuncias por delitos cometidos durante la dictadura. Dos de ellos decidieron seguir adelante y citar a militares y policías indagados. Sin embargo, los restantes cinco prefirieron no adelantar qué posición tomarán y optaron por estudiar si la sentencia de la SCJ afecta esas causas.

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La sentencia de la Suprema Corte del 22 de febrero, a la que ayer se sumó la segunda sentencia por el caso del maestro Julio Castro (ver nota aparte), estableció que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad porque la ley penal no se puede aplicar retroactivamente. De acuerdo con los argumentos de la Corte Suprema, se podrá investigar pero no procesar a los militares.

El juez Carlos García tramita una denuncia de un grupo de detenidos que alegaron torturas por parte de policías que revistaban en la Dirección de Inteligencia y dispuso ya citaciones de los indagados. A su vez, el juez Pedro Salazar tiene en total una decena de casos algunos que han sido declinados desde juzgados del interior en los que ya resolvió las citaciones de los indagados.

Ambos jueces dijeron a El Observador que mientras no reciban recursos de inconstitucionalidad seguirán adelante y llegado el momento de tener que emitir sentencia opinarán sobre los argumentos esgrimidos por la Suprema Corte de Justicia.

Los restantes magistrados tienen dudas todavía sobre como procede. Entre esos jueces se encuentra Beatriz Larrieu, quien sustituyó a la jueza Mariana Mota, quien fue trasladada a la materia civil y tenía unas 50 causas de violaciones a los derechos humanos.

Algunos de los jueces consultados afirmaron que dieron vista de las denuncias a los fiscales para que emitan su opinión.

Uno de ellos dijo que si la Fiscalía pide seguir adelante con la instrucción podría de oficio presentar la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

La mayoría de las nuevas denuncias se presentaron después del 30 de junio de 2011, en que el Poder Ejecutivo emitió el decreto que dejó sin efecto las decisiones administrativas que impedían investigar hechos comprendidos en la Ley de Caducidad (15.848).

El juez Fernández Lecchini reúne una decena de esas denuncias y dijo que aún no resolvió que camino tomar.

Su colega, Eduardo Pereyra tramita cinco denuncias, una de ellas por torturas presentada por militantes del Partido Comunista. Si bien los expedientes están en trámite y han declarado los denunciantes, el juez todavía no ha citado a militares y dijo que antes de hacerlo estudiará si la sentencia de la Corte tiene efecto sobre esos casos.

Entre los fiscales también hay posiciones encontradas. Mientras que los fiscales Ana María Tellechea y Ariel Cancela consideran que pueden seguir investigando, el fiscal Enrique Rodríguez cree que las causas deben archivarse. De hecho, Rodríguez presentó uno de los recursos de inconstitucionalidad que está en la SCJ.

Por otra parte, los abogados que promotores de las denuncias por delitos cometidos durante la dictadura se reunieron ayer para discutir cómo seguirán las causas y evaluar si inician alguna acción conjunta para avanzar en las investigaciones.

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