En un clima enrarecido tras la devaluación del peso y con una acelerada pérdida de reservas, el gobierno argentino ha decidido focalizar su esfuerzo en transmitir la idea de que tiene la situación bajo control.
Está lejos de lograrlo, por cierto, pero tuvo un módico motivo de festejo en su primera semana de “mini plan estabilizador”: logró que el dólar se mantuviera quieto en 8 pesos argentinos. Es algo que para los funcionarios K resulta fundamental: saben que en la Argentina el dólar es el termómetro por excelencia del humor social y que se hace muy difícil mantener la economía en marcha si hay volatilidad cambiaria.
De manera que el discurso oficial se centró en la idea de que el nuevo nivel del dólar cumple los objetivos de devolver la competitividad perdida a los exportadores y defender a la industria, pero sin llegar al nivel de comprometer el poder adquisitivo de los salarios ni encarecer demasiado la compra de insumos industriales. Y, además, es un precio que resulta lo suficientemente atractivo como para que los productores agropecuarios vendan sus stocks.
Además, con la parcial apertura del “cepo”, se espera que el dólar paralelo se desinfle y deje de ser un referente para la toma de decisiones de los agentes económicos.
Pero el objetivo más ambicioso de todos es tratar de convencer a la población de que el hecho de que haya habido una devaluación de 30% en dos meses no tiene por qué ser un motivo para que suban los precios.
La dura realidad está demostrando lo difícil que es esta nueva etapa para el gobierno: de todos los objetivos fijados, el único objetivo logrado es mantener al dólar en 8 pesos. Pero en todo lo demás se viene mostrando una larga saga de reveses.
Exportadores duros
En lo que respecta al dólar blue, tal vez sea una de las mayores frustraciones para el equipo económico: a pesar de que la reapertura del “cepo” funcionó razonablemente bien y que los ahorristas ansiosos por hacerse de sus dólares no se han quejado, el dólar paralelo no da señales de desinflarse. Más bien al contrario, tuvo una escapada y luego una leve baja, pero sigue mostrando una brecha de 57% respecto del tipo de cambio oficial.
La medida de la frustración del gobierno está dada por la agresividad del discurso de Jorge Capitanich, el jefe de Gabinete, quien volvió a afirmar que ese mercado maneja dinero ilegal, proveniente del narcotráfico y el lavado de dinero, cuando básicamente es un mercado donde participa el “chiquitaje” que compra divisas para sus vacaciones.
Otro rubro en el cual el gobierno ha tenido nulo éxito es en convencer a los productores agropecuarios de liquidar su mercadería. Se estima que hay unas siete millones de toneladas de soja guardadas en los silobolsas, lo que implica una cifra en torno de US$ 3.500 millones en valor de exportación.
Los directivos han dejado en claro que no piensan liquidar esas existencias, primero porque consideran que 8 pesos por dólar todavía es un nivel insuficiente para el tipo de cambio y segundo porque ven incertidumbre en la economía y creen que será inexorable devaluar más.
Es una situación tensa, que ha llevado a que, dentro del kirchnerismo, hayan comenzado a surgir voces que reclaman una intervención estatal sobre el mercado de granos, de manera de poder disponer de inmediato de esos recursos. Por ahora, los funcionarios se han limitado a la crítica por la “actitud antipatriótica y especulativa” de los productores, pero no hay señales de que se quiera avanzar con una medida drástica.
Mientras tanto, la combinación de haber abierto la ventanilla oficial para vender dólares sin que, al mismo tiempo, haya aparecido un exportador o un prestamista que traiga divisas logró un efecto explosivo: la pérdida de reservas del Banco Central tomó una velocidad promedio de US$ 200 millones por día.
Con un nivel de US$ 28.000 millones –que en la Argentina no alcanza a pagar cinco meses de importaciones–, esto ha traído inquietud a los economistas, que advierten sobre lo insostenible de la situación. El gobierno ha minimizado el tema, afirmando que se trata apenas de un fenómeno pasajero pero que a partir de marzo, cuando comienza la entrada de dólares por la cosecha gruesa del campo, habrá un ingreso de US$ 30.000 millones.
Pero estas declaraciones no han evitado que cundiera el nerviosismo: el nivel de las reservas se ha transformado en el nuevo índice de “riesgo país”, y hasta los argentinos que no saben bien qué son ni para qué sirven entienden que una caída de reservas implica un riesgo de mayor devaluación.
La batalla por los precios
A pesar de los problemas financieros, la mayor batalla que está dando el equipo económico del gobierno no está en la “city” bancaria, sino en las góndolas de los supermercados. El ministro Axel Kicillof está abocado a imponer el argumento de que no hay motivo alguno para que exista un traslado de aumentos desde el dólar a los precios. No es una tarea fácil, sobre todo porque el propio ministro y sus colaboradores han sostenido, durante años, el argumento contrario, cuando los que reclamaban una devaluación eran los políticos de la oposición.
Pero, sobre todo, resulta difícil imponer el argumento porque está chocando con la realidad. El primer fin de semana siguiente a la devaluación, la Argentina se transformó en un país sin precios, donde muchos comerciantes dejaron de vender; luego, con el dólar estabilizado en 8 pesos argentinos, comenzaron a ajustarse los precios en el orden del 20%. Y no solamente en los rubros típicamente dolarizados, como los electrodomésticos, sino también en material de construcción, en servicios y en productos de la canasta básica. El anuncio de Kicillof respecto de un acuerdo de estabilidad de precios con las cámaras empresariales despertó escepticismo: no habían pasado dos días y ya se reportaban incrementos de precios en las carnicerías.
