La propuesta del presidente José Mujica de someter a un plebiscito consultivo la instalación del proyecto minero Aratirí fue recibida con preocupación por integrantes de su gabinete, que temen al menos un retraso en el emprendimiento.
El mandatario ha defendido la necesidad de consultar a toda la ciudadanía antes de tomar una decisión pero luego de escuchar los argumentos presidenciales, integrantes de su gobierno quedaron con serias dudas sobre el riesgo que implica recorrer ese camino.
El temor es que el efecto de una consulta popular de ese tipo logre “ahuyentar” a Aratirí, dijeron a El Observador fuentes oficiales. El proyecto de inversión asciende a los US$ 3.000 millones y genera defensores por el gran impacto que tendría un emprendimiento de este porte en la economía y, al mismo tiempo, resistencias por parte de grupos medioambientales.
Mujica cree que el Poder Ejecutivo no puede ser “autoritario” y “creerse” que por estar en el gobierno puede decidir la suerte del país en un tema tan trascendente. “Yo no puedo administrar la riqueza de mis nietos. No debo, aunque jurídicamente puedo”, señaló el mandatario y se pronunció a favor de que sea el cuerpo electoral el que decida.
Aunque la iniciativa de Mujica fue tomada con cautela por parte de las autoridades locales de la empresa, el hecho es que realizar una consulta popular retrasará los plazos planteados y al mismo tiempo podría tener un resultado negativo para la instalación del proyecto.
Antes de convocar a votar, el Poder Ejecutivo debe acordar el contenido de un proyecto de ley, redactarlo, mandarlo al Parlamento y esperar su eventual aprobación. El largo proceso inquieta a algunos integrantes del Poder Ejecutivo por las consecuencias que puede tener para la concreción de la inversión de origen indio.
Mujica está decidido a darle un fuerte impulso al mecanismo de plebiscito consultivo. Ayer, con tono convencido se lo comunicó a sus ministros en la residencia de Suárez y Reyes, según confiaron participantes del encuentro. Aunque Mujica ya habló en forma pública varias veces acerca de la posibilidad de utilizar ese recurso para resolver la instalación de Aratirí, ayer no conversaron particularmente de ese ejemplo pero Mujica agregó un tema en el que le gustaría saber a ciencia cierta la opinión de los uruguayos: el tren.
El Ministerio de Transporte redactó un proyecto que busca convertir a AFE en una empresa pública de derecho privado, una idea que genera grandes resistencias dentro del Frente Amplio, sobre todo del Partido Socialista y el Partido Comunista.
Ante la crítica, Mujica fue muy enfático en el Consejo de Ministros en defender los planes oficiales y anunció que se reunirá con los socialistas para hablar sobre el tema. Pintado mencionó en el encuentro que hubo planteos críticos a sus planes y pidió una definición. Mujica lo respaldó en forma muy enfática y mencionó que si no se acuerda habrá que recurrir al laudo popular, según narraron fuentes oficiales.
Ese fue otro de los ejemplos que mencionó Mujica pero su idea es contar con la herramienta para saber lo que piensa la soberanía sobre otras cuestiones delicadas. El presidente ya había recibido una propuesta de la Vertiente Artiguista cuando la izquierda estaba estancada con los planes a seguir por la ley de Caducidad.
Ante los temas que dividan a la sociedad, el presidente tendrá la posibilidad de evitar tomar una decisión y esperar conocer la posición de toda la ciudadanía.
Ese aspecto fue cuestionado por la oposición. Ayer, el senador Luis Alberto Heber (Herrerismo) y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, manifestaron que el gobierno, en lugar de tomar las decisiones para las que fue electo, quiere delegar las resoluciones.
La propuesta del Ejecutivo es enviar al Parlamento un proyecto de ley que configure el plebiscito consultivo, una herramienta que si bien permite saber la opinión ciudadana, no obliga a tomar ninguna decisión.
El constitucionalista Martín Risso explicó a El Observador que el mecanismo puede crearse por un proyecto de ley siempre y cuando no tenga efectos jurídicos. “Es una encuesta sin margen de error”, dijo el experto. De todos modos, aclaró que si la intención es que la consecuencia del voto es que se acate lo que definió la mayoría de los uruguayos en las urnas, en ese caso se requiere una reforma constitucional.
Desde la empresa Aratirí se le puso paños fríos a las declaraciones del presidente Mujica.
“No tiene influencia para nosotros de ningún tipo porque no hay ninguna comunicación oficial al respecto”, dijo a El Observador el gerente general de la firma, Fernando Puntigliano.
“La empresa decidió ir para adelante con la inversión. Ahora hay que conseguir todas las autorizaciones del Estado”, relató el referente local de la compañía minera.
Dentro de sus planes iniciales, Aratirí preveía empezar su producción en setiembre de 2013 y por el momento mantiene esa fecha, aunque Puntigliano aseguró que los plazos “vienen ajustados”.
