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Veinticuatro horas después de que el Ejecutivo español, con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la cabeza, desplegara un arsenal de medidas judiciales y políticas e incluso buscara apoyo internacional para impedir el próximo 1 de octubre el referéndum independentista de Cataluña, la tensión es cada vez mayor y las posiciones se presentan cada vez más irreconciliables.

En ese contexto, en el que ni el gobierno central ni la Generalitat de Cataluña –encabezada por su presidente, Carles Puigdemont, principal promotor de la consulta popular– están dispuestos a ceder posiciones, se agregó este miércoles un ingrediente quizás inesperado.

Es que la policía local, los Mossos d´Esquadra, hizo públicos sus reparos respecto a la ejecución de las órdenes impartidas por la Fiscalía de Cataluña, que a su vez reflejan las instrucciones enviadas desde Madrid.

Como no tiene otra alternativa que cumplir esas directivas, la policía regional catalana no tendrá más remedio que realizar el precintado de los centros de votación y abocarse a su vigilancia hasta la noche del domingo.

Pero claro, esa fuerza policial advirtió sobre el riesgo potencial que la medida puede acarrear.
En concreto, los Mossos alertaron que precintar los locales puede ser motivo más que suficiente para que ocurran disturbios.

Incluso, a través de distintas redes sociales, la policía catalana dio cuenta de la "situación de tensión" que está surgiendo por la jornada prevista para el domingo.

De hecho, los Mossos señalaron que existe un "más que previsible riesgo" de que ocurran "alteraciones" del orden público.

Por ejemplo, a través de Twitter, la policía local sugirió que la posible movilización de los habitantes de Cataluña para votar ese día puede generar "consecuencias no deseadas".

Posición delicada

Es que en los hechos, los Mossos se encuentran en una suerte de brete indeseado: si bien tienen vinculación directa con la Generalitat, responden al poder central, pero además tienen buena sintonía y hasta una relación de estrecha cercanía con la población local.

Por eso, aunque sus jerarquías no puedan decirlo explícitamente, comienzan a sentirse en una situación incómoda y por esa razón no ocultan su desagrado por la orden oficial.

La Fiscalía también pidió a los Mossos, según informó el diario El Mundo, que custodien el material electoral que es propiedad del Estado, está guardado en los ayuntamientos catalanes, de manera que no pueda ser utilizado en el referéndum secesionista.

Como si esto no alcanzara para hacer más pesada la tarea de la policía regional catalana, esta también recibió la orden de retirar urnas, así como papeletas, carteles y cualquier otra documentación que se vincule con la consulta popular.

Justicia firme

Pese a las presiones provenientes del gobierno central, los líderes catalanes se mantienen en su posición y, al menos hasta este miércoles, ni siquiera habían considerado la más remota posibilidad de cancelar la votación.

Su intención es realizar la consulta, pese a que la semana pasada fueron detenidos 14 altos funcionarios del gobierno regional, la policía requisó material electoral y la propia Justicia prohibió formalmente la realización del referéndum.

De hecho, la Justicia volvió a ordenar este miércoles a los Mossos, así como a la Guardia Civil y la Policía Nacional que actúen en cojunto para "impedir" el uso de locales que permitan la concreción de la votación.

Al mismo tiempo, está en marcha una investigación contra Puigdemont y otros miembros de su gobierno pro independencia por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por haber desconocido la prohibición judicial.

Mientras la situación está planteada en esos términos, comienzan a arreciar críticas contra Rajoy.

Por ejemplo, el influyente diario El País, en una nota editorial, denunció la "ausencia de gobierno" para manejar lo crisis catalana y fustigó una actitud que "roza lo irresponsable".

Llegan refuerzos

Diez mil agentes de la policía nacional reforzarán la tarea de casi 17 mil policías catalanes para el proyectado referéndum del domingo 1 de octubre, según dispuso el Ministerio del Interior.

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