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A sol y sombra. Así es el seguimiento que los oficiales de supervisión realizan a los 36 presos domiciliarios que hay actualmente en la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José).

A cualquier hora del día o la noche un policía de la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas (OSLA) puede tocar timbre en el domicilio de uno de estos procesados para controlar que esté en su casa. Si la persona no se encuentra, en forma inmediata se da cuenta del incumplimiento a la Justicia.

Cuando un preso domiciliario tiene que concurrir al médico, el oficial a cargo de controlar su comportamiento lo acompaña, o espera en la puerta del centro asistencial a que llegue, y se retira una vez que la persona retornó a su hogar.

“Sabemos dónde están. Vamos a los lugares a los que se trasladan. Le pedimos a la persona que nos elabore una agenda y nos avise previamente a qué lugares debe concurrir y a qué horas, nosotros controlamos eso”, explicó a El Observador Roxana Núñez, quien trabaja en la coordinación de la OSLA. “Pero no los conducimos, salvo que lo pida el juez”, aclaró.

Estricto control

El ingreso al sistema comienza con un llamado del juzgado o de un centro penitenciario a la OSLA. Luego se traslada a la persona beneficiaria a su domicilio. Desde ese momento el oficial supervisor asignado inicia su control con la toma de datos de la persona. A eso se suman una serie de entrevistas con psicólogos y asistentes sociales. Hay 20 oficiales supervisores. Aunque se calculó que cada uno podría controlar a 50 presos, aún no se alcanzó ese tope.

“Se le explica a la persona cuáles son sus obligaciones y toda la situación en general: no debe salir de su domicilio, debe dar aviso ante cualquier emergencia”, dijo.

Todos los oficiales de supervisión, asistentes sociales y psicólogos de la oficina tienen números de teléfono celular a disposición de los presos las 24 horas. “No tienen excusa. También hay un servicio 0800 a disposición para avisar sobre cualquier situación”, afirmó Núñez.

Progresividad

El programa de libertad asistida tiene sus orígenes en los países anglosajones. Implica que el interno ingrese a un régimen de progresividad. En las primeras etapas de aplicación de las medidas, el control o supervisión es intenso (diario, semanal). Si la respuesta del recluso es positiva, pasa a etapas de control medio (quincenal y mensual). Luego el procesado ingresa a una etapa de control mínimo (bimestral y trimestral) hasta el cumplimiento total de la pena.

Quienes logran “adaptarse” al régimen continúan bajo esa modalidad. “Nosotros informamos periódicamente vía telefónica o vía oficio al juez todas las novedades que haya en relación con cada supervisión”.

La OSLA fue creada por decreto el 14 de julio del año pasado, pero comenzó a operar en octubre. Desde entonces, 61 prisiones domiciliarias fueron controladas por esa dependencia. A la fecha, hay 36 casos bajo control: 21 hombres y 15 mujeres.

La oficina depende directamente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Controla las prisiones domiciliarias –medida alternativa a la prisión– ordenadas por los 21 juzgados penales de Montevideo, más los dos de Crimen Organizado. El Ministerio planea extender esta práctica en un futuro a todo el país.

Además, controla el cumplimiento de las tareas comunitarias dispuestas por el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados. “Somos dos oficinas diferentes, el Patronato maneja la parte técnica de las tareas comunitarias y nosotros hacemos el control in situ de que se cumpla la tarea comunitaria”, señaló Núñez. Esas actividades sociales se realizan en hospitales públicos, escuelas y liceos, y consisten básicamente en tareas de limpieza y mantenimiento.

Núñez aclaró, además, que no solo se intenta “controlar esa medida” (de prisión domiciliaria o tarea comunitaria), sino “incidir en que no reincidan”. Para eso, un asistente social y una psicóloga trabajan con el recluso o excarcelado.

Homicidas enfermos

La mayoría de los beneficiarios de la prisión domiciliaria son de nivel socioeconómico bajo. “Como les es costoso a sus familiares trasladarse a los establecimientos para la visita, procuran este régimen”, indicó Núñez.

En principio, el plan de libertad asistida se pensó para reclusos que no hubieran cometido delitos graves como rapiñas, ataques sexuales, copamientos y homicidios. Además, deberían contar con un historial de buena conducta en reclusión.

Sin embargo, Núñez señaló que hay homcidas bajo prisión domiciliaria. “Tenemos casos de homicidios y rapiñas que tienen prisión domiciliaria. Son personas que están muy enfermas”, precisó.

“La mayoría de las prisiones domiciliarias son por razones de salud o mujeres en el último trimestre del embarazo”, indicó. También hay dos casos de mayores de 70 años recluidos en sus hogares. Uno es el abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, quien cumple prisión en su casa, desde marzo de 2010, por motivos de salud.

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