Riesgoso y errado precedente

El derecho a la libre circulación está establecido en la Constitución, en una ley y en un decreto de marzo del año pasado. Esta última norma se aplicó para impedir que camioneros cortaran la ruta de acceso a la pastera Montes del Plata durante un conflicto. Pero pese a la abundancia de instrumentos legales, el gobierno optó por no forzar el levantamiento de los cortes en Salto y el balneario Neptunia, después que fracasaron los intentos policiales de disuadir a los manifestantes. Asesinatos en ambos lugares fueron la gota de agua que colmó la paciencia de residentes hartos de todo tipo de constantes fechorías impunes, situación que se extiende a otros puntos del país.

La seguridad no es el único generador de movilizaciones. Desde enero los productores rurales y los transportistas se han congregado con cientos de vehículos de todo tipo a los costados de las rutas, dificultando el tránsito aunque sin llegar a cortarlo, como algunos de ellos exigían. Las reivindicaciones del agro, a las que se han sumado otros sectores de la actividad económica, incluyen rebajas de impuestos y tarifas para atenuar pérdida de rentabilidad, así como reclamos de que se reduzca el gasto público y se adelgace la pesada estructura del Estado. El gobierno enfrenta además fuertes presiones, especialmente de origen sindical, en procura de concesiones en los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas.

Estas presiones no vaticinan por ahora medidas extremas como cortes de calles o rutas. Pero haber permitido ese recurso en Salto y en la Interbalnearia alienta la posibilidad latente de que otros sectores y por otros motivos lancen iguales acciones ilegales. En ese caso el gobierno se verá en la desairada posición de tener que optar entre seguir permitiendo que todos violen tres normas legales o discriminar arbitrariamente al tolerar algunos cortes y reprimir otros. El camino para evitar este doble absurdo está, en primer lugar, en hacer cumplir las leyes, exigencia prioritaria que ha sido descuidada. Y en segundo lugar, es obviamente indispensable que las estructuras policial y judicial y el sistema penitenciario mejoren su eficacia ante una ola de delincuencia creciente que no da tregua.

Esta meta impone que el gobierno y los partidos de oposición acuerden una estrategia conjunta y efectiva, en vez de dispersarse en medidas que van por diferentes carriles y generan controversias. Si la estructura estatal y el sistema político no lo concretan, la inseguridad pública y las protestas ciudadanas seguirán recrudeciendo, con el riesgo adicional de alentar movilizaciones por otras causas y acercarnos al triste ejemplo de los desbordes populares que actualmente convulsionan a Brasil y Argentina.