Sobre la ley de elecciones

El artículo 162 de la Ley de Elecciones vigente preceptúa que las autoridades nacionales de los partidos políticos debidamente registradas ante la Corte Electoral podrán protestar una elección y solicitar su anulación por actos que la hubieran viciado.

A su vez, el artículo 163 de la misma norma jurídica establece: “Los hechos, defectos e irregularidades que no influyan en los resultados generales de un acto electoral no dan mérito para declarar la nulidad solicitada”.

Por tanto es obvio que los hechos, defectos e irregularidades que influyan en los resultados generales de una elección sí ameritarían declarar la nulidad solicitada.

Y esta nulidad –más allá de que las autoridades nacionales de los partidos políticos formalicen alguna protesta o no– deberá reconocerse necesariamente por vía de los hechos atendiendo a elementales consideraciones de carácter cívico, ético y lógico, dado que para la ciudadanía será siempre inaceptable cualquier mandato dimanante de las urnas al quedar en evidencia irregularidades, hechos o defectos en el proceso electoral susceptibles de haber alterado el dictamen que se hubiese obtenido.

Atendiendo a esto  y con el ánimo de introducir a tiempo modificaciones indispensables en los mecanismos de sufragio vinculantes que nos vemos obligados a emplear por disposición de las autoridades electorales,  envié a éstas por correo electrónico una carta exponiendo algunas de sus numerosas vulnerabilidades, imperfecciones y defectos.

Y semanas más tarde hice llegar esa misiva tanto a la Presidencia de la República como al Parlamento.

Todo ello sin provecho alguno.

Ahora –dando por cierto que la convivencia pacífica y constructiva entre nosotros podrá verse menoscabada gravemente por los motivos ahí reseñados– me dirijo a usted  y por su mediación al resto de nuestros compatriotas, para llamar su atención por lo menos acerca de un par de aspectos que fundamentan esta preocupante certidumbre: las injustificables y perniciosas modificaciones que ha sufrido el artículo 77 de la Ley 7.812 y las medidas reglamentarias impuestas por la Corte Electoral que solo apuntan a desvirtuar el contralor efectivo asignado a los delegados partidarios, cuya tarea supuestamente permitiría garantizar la corrección y la transparencia de los comicios.

Tengo la certeza de que si no hacemos algo de inmediato para corregir esto y para evitar otras numerosas y cada vez más notorias fallas y deficiencias del sistema electoral de nuestro país  las que a pesar de su tan promocionada excelencia lo muestran claramente como un instrumento inadecuado, riesgoso y hasta nocivo para indagar la voluntad soberana del pueblo , la institucionalidad uruguaya estará en riesgo. Y con ello la confusión, el caos y la violencia reivindicativa o sediciosa encontrarán terreno fértil en el territorio nacional para surgir e intensificarse de manera vertiginosa e incontenible. Inspirado en el más elemental sentido común el filósofo británico John Locke sintetizó a fines del Siglo XVII una idea que nadie osó refutar jamás en el mundo civilizado: “El consentimiento individual del ciudadano es la única base de legitimidad política”.

Y es al expresar nuestro beneplácito personal en comicios libres, universales y transparentes que la misma se valida en sus justas dimensiones.

Por ende, si el sistema de votación impuesto a nosotros en forma compulsiva no es absolutamente preciso y fidedigno, aducir que hay autoridades públicas genuinas a cargo del Estado resultará insostenible.

Una circunstancia que tarde o temprano y de las más diversas e inesperadas formas ocasionará seguramente nuestra ruina individual, familiar y colectiva.

¿Qué hará Usted para impedirla?

Sergio Hebert Canero Dávila

Fundación Homini Veritas