ver más

Pese a que el presidente José Mujica lo proclamó como año bisagra para el giro de su administración hacia la concreción de proyectos pendientes, 2012 pasó con poco para mostrar por culpa de la oposición de sindicatos públicos, la escasa eficacia de autoridades en áreas claves y el empecinamiento oficial en un desmedido gasto público, que no guarda relación con la realidad y las perspectivas de la economía. Para tratar de enmendar el atraso, el gobierno fijó prioridades para 2013 en reuniones del presidente primero con sus ministros y luego con la bancada de legisladores del Frente Amplio.

Pero el listado de metas para este año no autoriza demasiada ilusión. En algunos campos esenciales los objetivos principales son proyectos importantes pero que ya están en marcha o cercanos a su implementación, o sea poco de nuevo. En el caso de Industria, por ejemplo, incluyen la planta regasificadora, la interconexión eléctrica con Brasil, más plantas de generación eólica y la ley de minería de gran porte. Vivienda augura crear por ley el Instituto Uruguayo de Meteorología. Pero las erráticas predicciones actuales del tiempo, fuente de desconfianza de la población, no se arreglan con una ley sino con la provisión del equipamiento tecnológico que tienen otros países pero del que carece nuestro sistema actual.

Áreas esenciales como la seguridad y la salud no anticipan avances para atenuar de manera resuelta y palpable la protección efectiva de la gente o la despareja atención a los pacientes que dependen de los servicios gratuitos del Estado. En varios ministerios los compromisos asumidos son tan vagos como incompletos, especialmente en educación. En este campo ni se mencionan las necesarias reformas urgentes que todo el sistema político acordó con el gobierno, pero que cada vez se hunden más en la inacción y el olvido.

En la cartera de Economía, eje de los recursos para cualquier gestión gubernamental, el ministro Fernando Lorenzo libra una dura batalla contra el frenesí gastador que ha inflado el déficit fiscal y alimenta la inflación. Sus llamados a austeridad en la próxima Rendición de Cuentas ya han chocado con presiones sindicales y de otros ministerios por más y más gastos que el país no puede permitirse. Su anunciado empeño en buscar recursos mediante la inversión externa bajo la ley de asociación de privados con el Estado se debilita por la reiterada postergación de obras que desde hace más de un año se anunciaban como inminentes, como una gran cárcel moderna, mejoramiento de la red vial y agilitación de la tortuga ferroviaria.

Nadie duda de las buenas intenciones de los ministros y de los directores de cruciales áreas autónomas. Pero de poco sirven las intenciones si no tienen detrás realismo, profunda formación técnica y experiencia profesional de quienes dirigen cada sector, y una capacidad ejecutiva capaz de superar las objeciones de sindicatos y de sectores de la alianza gobernante anclados en el pasado y en el voluntarismo financiero. Esos requisitos indispensables existen en algunas áreas pero flaquean en muchas otras, lo que plantea el temor fundado de que este año, el último antes de que la campaña electoral trabe el trabajo gubernamental, corra igual suerte que las trancadas bisagras del año pasado. Lo contrario sería una bienvenida sorpresa.

NULL