En el tradicional discurso de clausura de la Expo Prado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) abarcó todos los temas calientes del agro y de la actualidad nacional con simpleza, claridad y tono muy conciliador. Uno de los temas abordados fue la tributación al sector.
Allí se reconoció las buenas intenciones de la reforma de 2007 y el posterior apartamiento de sus principios básicos que la gran mayoría compartía y que han quedado en el camino. ¿Y cuáles eran esos principios? Tender al impuesto a la renta real, de modo de conseguir la tan famosa equidad horizontal (que todos los sectores de la economía paguen sobre las mismas bases) e ir disminuyendo los impuestos ciegos a la tierra. Simplicidad, pagar cuando hay renta y no hacerlo cuando ella no exista.
El pasaje de contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) se pensó hacer aumentando las exigencias para el pasaje obligatorio (bajando el límite de ingresos y área explotada) y disponiendo que algunos contribuyentes, por su forma jurídica, debían tributar IRAE obligatoriamente.
Todo lucía más o menos razonable, pero a poco de poner en vigencia la reforma ya se empezó a borrar con el codo lo que se escribió con la mano. En efecto, el decreto 265/007 dispuso adecuar las tasas del Imeba para contribuyentes de dicho impuesto, debido a las modificaciones introducidas en materia de IVA por la ley de reforma tributaria, que permitía descontar IVA a los contribuyentes de IRAE y no a los de Imeba (pese a que tenían y tienen la opción de cambiarse a IRAE).
Dicho decreto bajó las tasas de Imeba de casi todos los rubros, entre los cuales está la enajenación de productos agrícolas, que paso del 2% vigente previo al decreto al 0,10%.
¿Alguien, con un poco de sensatez, puede aceptar que una baja de esa magnitud se dio para equiparar unos y otros o más bien para favorecer a unos en desmedro de otros? Esa brutal baja de la alícuota de Imeba a los productos agrícolas fomentó grandemente la elusión fiscal a través del fraccionamiento artificial de arrendamientos en varios contribuyentes, de forma de no pasarse por ingresos a IRAE preceptivo y pagar por todo concepto la ganga de 0,10%. De ahí en adelante, cada vez que hubo algún problema de rentabilidad por alguna coyuntura de precios, sequía, etcétera, la receta que vino desde el Poder Ejecutivo siempre fue más o menos la misma: permitir temporalmente a los contribuyentes de Imeba descontar el IVA de algunos insumos, ocasionando con ello otra perforación al sistema.
La coexistencia de contribuyentes de Imeba en una proporción aproximada al 90% significa un enorme agujero al sistema tributario del agro. Cualquiera con un poco de conocimiento y sentido común sabe que si no hay “oposición de intereses”, no hay incentivo a comprar “en blanco” y a “pedir la factura”. Por el contrario, el incentivo lógico es exactamente el inverso con lo que se crea una brutal inequidad entre los proveedores del sector que venden a contribuyentes de IRAE y a los de Imeba.
De esa forma, quien vende un flete, un asesoramiento o un repuesto a contribuyente de IRAE sufre la competencia desleal de quien vende a contribuyentes de Imeba.
Otro flanco de evasión se da en los arrendamientos rurales. Los contribuyentes de IRAE, para descontar ese importante gasto, precisan de contrato inscripto, y son agentes de retención del IRPF por dichos arrendamientos. A los contribuyentes de Imeba les da igual tener o no contrato porque no deducen gasto alguno y además, al no ser agentes de retención del IRPF, dejan el pago del mismo a la voluntad y/o responsabilidad del dueño del campo.
Como se ve, aquellas buenas intenciones de equidad horizontal y de ir tendiendo a incluir más contribuyentes en el IRAE se fue desvaneciendo desde el inicio por medidas coyunturales y/o permanentes que iban y siguen yendo a contrapelo de la teoría.
El resultado de tanta insensatez y contradicción en el diseño de ambos impuestos no podía terminar de otra forma como la que terminó. Los contribuyentes de Imeba siguieron siendo más o menos los mismos, con el agravante de la fuerte irrupción de los impuestos ciegos, que empezó con el ICIR, siguió con el Patrimonio y Primaria.
Por eso estos impuestos que se pagan haya o no rentabilidad, pasaron de ser el 30% del total allá por 2007/2008 al 60% en la actualidad.
Ante esa situación, creo que la solución debería ir por el siguiente camino: 1) Subir a partir del 01/03/2020 las alícuotas de Imeba en aquellos casos en que está escandalosamente baja (agricultura) y en otros que está a tasa cero, como los productos forestales de bosques implantados después de la reforma.
2) A partir del 01/07/2020, llevar las tasas de Imeba de los principales productos a los máximos legales.
Esto posibilitaría que los contribuyentes de Imeba que entiendan que ello les perjudica, como el Imeba opera como pago a cuenta de IRAE, tengan la opción de pasarse a este a partir del ejercicio 2020/2021.
Téngase en cuenta el aumento de recaudación de Imeba que puede significar gravar las ventas de soja con una tasa marginal de 2,4% sobre la alícuota vigente (0,10%) en virtud de que la tasa máxima es de 2,5%, y las ventas a frigorífico y exportación en pie con una tasa marginal del 0,5%, ya que la vigente esta en 2% y la máxima legal en 2,5%.
3) Establecer para los contribuyentes chicos un sistema de impuesto mínimo, similar al que hoy opera para los contribuyentes de IRAE del sector industria y comercio, adaptado al agro.
4) Derogar en forma INMEDIATA el Impuesto al Patrimonio agropecuario y el Impuesto a Primaria o, en su defecto, establecer exclusivamente para Primaria un calendario para llevarlo a cero en un máximo de 2 años.
Las medidas propuestas van a ser un fuerte incentivo a pasarse de Imeba a IRAE y, con ello, bajar el nivel de evasión (muchas veces forzada, pero evasión al fin) en los sectores que venden al agro o le arriendan sus tierras, ya que los contribuyentes de IRAE precisan documentar sus gastos.
Según datos de Opypa durante 2018 se recaudaron US$ 41,9 millones de Patrimonio y US$ 17,6 millones de Primaria, totalizando ambos casi US$ 60 millones.
Según nuestras estimaciones, la suba de alícuotas de Imeba y la baja significativa en la evasión, permitirían financiar la pérdida de recaudación por la derogación de Patrimonio y Primaria, restableciendo de ese modo un equilibrio más justo en la tributación del sector y atendiendo un reclamo de larga data.
Paralelamente, como el Imeba es de recaudación inmediata, permitirá al fisco hacerse de caja rápidamente y no resentir las urgencias del Tesorería.
