Vecinos de Barrio Sur critican proyecto de puerto en Dique Mauá y piden que sea un espacio público

Desde la agrupación pidieron "información detallada" sobre la idea, y remarcaron la "inconveniencia" de instalar una terminal en esa zona, por "los negativos efectos ambientales, sociales, paisajísticos y circulatorios que sin duda impactarán sobre el territorio".

Los integrantes de la Asamblea recibieron con "sorpresa e inquietud" la iniciativa privada de la empresa Berkes, que quiere transformar al conocido dique en una terminal de ferris y cruceros, en un proyecto que incluye la construcción de cinco torres de vivienda y que fue aprobado por el Ministerio de Transporte (MTOP) y la Intendencia de Montevideo (IM). 

El gobierno ultima detalles para realizar un llamado a licitación para brindar la concesión del dique por 30 años. La obra costaría alrededor de US$ 400 millones.

Uno de los motivos que llevó al interés de las autoridades es la ubicación de la actual terminal portuaria de pasajeros en Montevideo, en medio del Puerto de Montevideo y su actividad comercial. Sin embargo, la Asamblea de vecinos criticó que "no existe diagnóstico autorizado alguno que establezca la forzosa necesidad de desalojar la terminal de pasajeros de la bahía de Montevideo" en el comunicado.

Además, solicitaron que se respete un proceso participativo realizado en 2018 en el que "se logró evitar la privatización de dicho espacio costero", y por el que se realizó un concurso de "ideas arquitectónico–urbanísticas" para la zona, impulsado por la IM, el Ministerio de Industria (MIEM) y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (Udelar).

Según la Asamblea Permanente, el predio del Dique Mauá debe ser de "libre circulación" y "acceso público" en toda su costa, "sin apropiaciones para usos privados". Los proyectos allí realizados tampoco pueden impactar el medio ambiente, y deben preservar "el paisaje y el disfrute del horizonte marítimo", agregaron.

Para sostener sus reclamos, los vecinos citaron la Ley N° 18.308 de Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que sostiene como principio rector "las actuaciones sobre el territorio a través de la planificación ambientalmente sustentable, con equidad social y cohesión territorial" en su artículo 5.

En la norma también se prioriza "la participación ciudadana" en los proyectos de ordenamiento, y "la creación de condiciones para el acceso igualitario de todos los habitantes a una calidad de vida digna".