"La filtración de información de la Operación Trazador no es una hipótesis. Los materiales fueron difundidos públicamente y hasta el propio ministro del Interior reconoció que se filtraron filmaciones de la investigación", afirmó Blas.
El senador sostuvo que corresponde determinar quiénes fueron responsables de la divulgación y cuestionó la demora en las actuaciones administrativas del Ministerio del Interior.
"No podemos seguir esperando que el Ministerio del Interior termine una investigación interna para decidir si denuncia o no hechos de esta gravedad", expresó.
Las dos filmaciones que reconoció Carlos Negro y la investigación sobre Robert Correa
Uno de los principales antecedentes de la denuncia es la comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, el pasado 22 de octubre.
Durante esa instancia, el jerarca reconoció la existencia de dos registros audiovisuales vinculados a los procedimientos de la Operación Trazador.
Uno de los videos estaba incorporado a la carpeta de investigación fiscal, mientras que el otro habría estado en el teléfono del director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Robert Correa.
La filmación de la vivienda de Leiva fue difundida en el programa La Tapadita, conducido por Eduardo Preve. En el registro se mostraban distintos sectores de la casa, mientras una voz describía lo que aparecía en las imágenes.
"Acá la puerta blindex, reforzada. Enseguida acá la pieza, está con toda la guita ahí, la casa bien precaria pero bueno. Ahí está la máquina, el hombre hacía el laburo ahí", se escuchaba en el video.
Según las denuncias anónimas recibidas por Fiscalía, Correa habría realizado esa filmación después de que concluyera el procedimiento policial.
Durante su comparecencia parlamentaria, Negro confirmó que existían dos videos diferentes y reconoció que uno de ellos, incorporado a la investigación, también había sido filtrado. "Sobre la que está en la carpeta, que también se filtró -¡también se filtró!-, tenemos a varias personas -que no son solamente policías- que pueden haber filtrado esa información al mismo periodista, creo", sostuvo el ministro.
Los senadores solicitan ahora que la Fiscalía reconstruya la circulación de ambos registros, determine quiénes tuvieron acceso a ellos y establezca cómo llegaron a difundirse públicamente.
El reclamo de Abdala para apartar a Correa y la respuesta de Negro
Durante la comparecencia parlamentaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala reclamó que Correa fuera apartado de su cargo mientras se investigaba lo sucedido.
El legislador sostuvo que, independientemente de quién hubiera entregado el material a la prensa, el jerarca tenía responsabilidad por haber realizado la filmación con su teléfono particular.
"Después habría sido traicionado por algún otro funcionario o por alguna persona que recibió esa información en el Ministerio del Interior y se la proporcionó a la prensa. Eso suponemos, pero no sabemos muy bien si fue así", afirmó Abdala.
El diputado también cuestionó la posibilidad de que el propio Correa hubiera filtrado un video en el que podía ser identificado. "Si fue Correa quien filtró la filmación, yo creo que hay que echarlo por tonto. Y creo que tonto no es", sostuvo.
Negro, por su parte, defendió la trayectoria del director policial y consideró poco probable que hubiera divulgado deliberadamente un registro que permitía reconocer su voz.
"Es más; cuesta creer que un investigador de la trayectoria de Robert Correa vaya a filtrar una filmación en la que él se encuentra hablando y sale su voz, incluso sus rastros y sus trazas. ¡Cuesta mucho creer que eso ocurra! Sin embargo, el principal señalado parece ser el oficial Robert Correa", respondió el ministro.
El jerarca rechazó apartarlo de sus funciones sin contar previamente con elementos que justificaran esa decisión, aunque aclaró que no descartaba tomar medidas si la investigación encontraba fundamentos. "Si hay que relevarlo, se lo releva, ¿cómo no? Pero hay que tener fundamentos; no porque sí", afirmó.
Qué piden investigar los senadores blancos
La denuncia presentada este miércoles identifica una secuencia de publicaciones realizadas desde el 18 de setiembre de 2026 en redes sociales y plataformas digitales.
Según los legisladores, se difundieron imágenes de allanamientos, información sobre incautaciones, registros audiovisuales y materiales que aparentemente reproducían piezas de actuaciones investigativas.
El escrito incorpora varias capturas de publicaciones de Eduardo Preve en X y referencias a videos difundidos en YouTube.
Los senadores sostienen que la circulación de ese material pudo haber permitido identificar a funcionarios que participaron en los procedimientos, revelar métodos operativos y exponer información sensible de una investigación vinculada al crimen organizado.
También advierten que la divulgación pudo haber alertado a personas investigadas, facilitado la destrucción de pruebas o comprometido diligencias pendientes.
"Se ha puesto en riesgo la seguridad de policías y sus familias, el desarrollo de una investigación contra el narcotráfico y los derechos de las personas involucradas", sostuvo Blas.
Entre las diligencias solicitadas a Fiscalía se encuentran la identificación de los funcionarios que tuvieron acceso al material, la preservación y pericia de dispositivos electrónicos y la reconstrucción de la cadena de custodia de los archivos.
También piden obtener las investigaciones administrativas realizadas por el Ministerio del Interior, determinar si las autoridades comunicaron las filtraciones a Fiscalía y establecer si la divulgación afectó el desarrollo de la investigación. La denuncia solicita, además, los registros de geolocalización, recorridos y auditoría del Sistema de Control Vehicular (Sisconve) correspondientes a los vehículos utilizados en los procedimientos.
La Operación Trazador: 260 kilos de pasta base, tres condenados y un edil suspendido
La Operación Trazador permitió desarticular una organización dedicada al ingreso, almacenamiento y distribución de drogas en Uruguay.
Durante los procedimientos, la Policía incautó más de 260 kilos de pasta base, con un valor estimado de US$ 2 millones, además de vehículos de alta gama, armas de fuego, municiones para fusiles AK-47, aproximadamente $ 3 millones y US$ 42.000 en efectivo.
El operativo terminó con tres personas condenadas. Uno de los integrantes de la organización recibió una pena de seis años y seis meses de prisión, mientras que su pareja fue condenada a tres años.
Pablo Leiva, quien trabajaba como asesor rentado del edil nacionalista Gonzalo Gómez en la Junta Departamental de Montevideo, fue condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos.
La investigación también tuvo consecuencias políticas: Gómez fue suspendido por dos años y apartado de su banca. Según informó anteriormente El Observador, Leiva y su hijo recibieron amenazas de cabecillas de la organización después de que el condenado identificara a otros integrantes. Este antecedente forma parte del contexto de preocupación por los riesgos que podría generar la divulgación de información vinculada a la investigación.
Blas: "El secreto de una investigación penal no está para proteger o atacar según intereses"
El senador Rodrigo Blas insistió en que el objetivo de la presentación es determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder por la circulación de información reservada. "Sostenemos que estamos ante una divulgación ilegal de información reservada. Lo que corresponde ahora es que la Fiscalía determine quién o quiénes fueron responsables y establezca las responsabilidades penales", afirmó.
"El secreto de una investigación penal no está para proteger o atacar según intereses. Está para proteger la investigación, a quienes trabajan en ella y los derechos de las personas", agregó.
La denuncia no atribuye anticipadamente responsabilidad penal a ninguna persona en particular y distingue las eventuales conductas ilícitas de funcionarios públicos del legítimo ejercicio de la actividad periodística y la libertad de información.
La Fiscalía deberá determinar qué diligencias corresponde realizar y cómo se vincula esta presentación con la investigación que ya había sido asignada al fiscal Rodríguez por las denuncias anónimas recibidas en octubre.
