Lo ocurrido en los últimos días pone nuevamente arriba de la mesa la preocupación por la posibilidad de que el narcotráfico avance en el sistema político de nuestro país, lo que de ocurrir afectaría notoriamente la salud y fortaleza de nuestro sistema político democrático a corto o mediano plazo.
No es la primera vez que surgen episodios que muestran que el narcotráfico tiene capacidad para generar vínculos con el mundo de la política con las graves consecuencias que esto produciría.
No estamos pasando por un buen momento de la valoración de la política por parte de la ciudadanía. El malestar es generalizado y no se limita a un solo país o región. Los ciudadanos manifiestan cada vez más un distanciamiento con el sistema político y se corre el riesgo de que se traduzca en una generalización que, además de ser injusta, puede llevar al debilitamiento de la democracia lo que puede significar que se aprovechen aquellos que desprecian este sistema y promuevan liderazgos autoritarios.
Es necesario que el sistema político, en vez de pasarse cuentas recíprocamente tratando de demostrar quién tiene mayores debilidades o defectos en su funcionamiento, muchas veces de manera oportunista, asuma en serio y con profundidad un conjunto de decisiones que marquen límites más precisos y ajustados ante las nuevas amenazas a la democracia.
La constatación de que en el equipo de trabajo de un Edil de Montevideo se encontraba una persona involucrada en una red de narcotráfico, encendió las alarmas y, ciertamente, generó las consiguientes reacciones. La Justicia avanzó en la dirección correcta, detuvo e imputó a la persona señalada y sigue en estas horas profundizando sobre eventuales conexiones u otros vínculos relacionados con esta persona.
Hay que “rascar hasta el hueso”, caiga quien caiga, y demostrar que nuestro sistema institucional tiene los mecanismos para enfrentar este flagelo y evitar que se expanda, contaminando al conjunto del sistema político.
Conocemos muchos países muy cercanos en los que la falta de reflejos inmediatos y estrategias en profundidad terminaron en un proceso acelerado de aumento del poder del crimen organizado, alcanzando a sectores vinculados con la actividad política y gubernamental.
Nuestro país debe prevenir esta eventualidad. Nadie está vacunado ni puede sentirse a salvo de este gravísimo riesgo y lo que es cierto es que después que se produce el avance, es muy difícil revertirlo y los costos sociales, humanos e institucionales se pagan muy caros.
Desde hace ya unos años y, sobre todo después del atentado a la casa de Mónica Ferrero, resulta evidente que el narcotráfico está probando hasta donde puede avanzar, y esa “pulseada” no se puede perder.
Por eso es tan importante que la principal señal del compromiso de nuestro país en la lucha contra el narcotráfico sea la continuidad de quien representa un verdadero símbolo, que es la actual Fiscal General.
No hay señal que más festejarían los narcos que la sustitución de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General.
Otra señal muy preocupante es que narcotraficantes de alto relieve internacional han estado vinculados y viviendo en nuestro país durante años en períodos de gobierno anteriores. Nada menos que Morabito y González Valencia, dos casos que en su momento llamaron la atención por la dimensión de su posición en el mundo del narcotráfico y también por la facilidad para fugarse de nuestras cárceles que nunca quedó debidamente aclarada.
Y más cercano en el tiempo, el caso de Sebastián Marset que puso en evidencia que en nuestro país pueden nacer y crecer figuras del crimen organizado de escala internacional.
Entonces, es imprescindible construir una estrategia multidimensional que permita evitar que estas señales, cada vez más frecuentes, se conviertan en el paisaje generalizado de nuestra vida en sociedad.
En este sentido, habría que preguntarse si los procesos judiciales referidos a causas de narcotráfico y lavado de activos no tendrían que estar exceptuados de las modalidades de juicio abreviado.
Resulta muy claro que el camino del Juicio Abreviado resuelve los juicios de manera más rápida, pero, al mismo tiempo, clausura la continuidad de las investigaciones correspondientes a la causa sobre la que se acuerda.
Y esta situación en los delitos mencionados puede impedir la continuidad de investigaciones que, en caso de seguir avanzando, podrían detectar y desarticular verdaderas redes delictivas mucho más desarrolladas que, al firmarse los acuerdos judiciales, dejan de ser objeto de investigación.
Es cierto que podrían existir indicios de otros delitos que lleven a la continuidad de los procedimientos, pero también es cierto que, al acordar una pena con los imputados, se clausuran los procedimientos vinculados a esa causa que, sin embargo, podría tener otras derivaciones.
En estos temas no hay que escatimar las prevenciones para asegurarnos de que el “virus” del narcotráfico no termine de enquistarse en nuestra sociedad, aumentando la corrupción y las complicidades institucionales.
Lo peor que puede pasar, y algunas señales de este tipo de actitudes han estado presentes en estos días, es aprovechar de modo oportunista para “pasar facturas” buscando concentrar el problema como si tuviera algún sesgo político. Lamentablemente no sería la primera vez, pero estas posturas sólo favorecen a los narcos que se “frotan las manos desde la tribuna”.