Lamentablemente nuestro país está atravesando un momento de ralentización del crecimiento económico, todos los indicadores muestran que nuestra economía crecerá por debajo de las expectativas que el gobierno había pronosticado el año pasado en oportunidad de la discusión presupuestal, por lo que se generará un desacople entre los gastos aprobados y los ingresos que efectivamente ocurrirán.
A pesar de esta realidad, desde el partido de gobierno se ha impulsado en acuerdo con el PIT-CNT un par de iniciativas que son resultado del Diálogo Social que ponen en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.
Estas iniciativas, además de ser totalmente contradictorias con el resultado del proceso de reforma de la seguridad social que, luego de numerosas instancias de amplia participación de todos los actores sociales y de los partidos políticos, se aprobó por Ley en 2023 y que fue ratificada en el Plebiscito de octubre de 2024, ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional cuya reforma buscó resolver.
Nosotros esperábamos que desde el Ministerio de Economía se emitieran señales claras de oposición a estas iniciativas que básicamente se concentran en modificar reduciendo la edad de retiro y afectar parte de las competencias que tienen actualmente las AFAPs. Ambas iniciativas, además de ser contrarias a las expresiones ciudadanas señaladas, son de alto riesgo por el incremento del gasto previsional que implica una de ellas y por la señal preocupante de cuestionamiento al régimen de ahorro individual que implica la otra.
Sin embargo, las manifestaciones del Ministro de Economía y otras autoridades del equipo económico encendieron las luces amarillas no sólo acá sino también en diferentes ámbitos internacionales que siguen en profundidad las decisiones del gobierno. Lo que está en riesgo es la credibilidad del país y de las propias autoridades, habida cuenta de que ha habido instancias de intercambio entre el MEF y los diferentes organismos internacionales en las que se habrían señalado ciertas certezas que ahora se relativizan.
Si se quieren despejar dudas en serio, lo que había que hacer es demostrar firmeza y decisión en descartar las iniciativas referidas, ratificando un camino de previsibilidad y confiabilidad. Sin embargo, las declaraciones públicas y diversas de las autoridades que dirigen la política económica no fueron en esa dirección, sino que, por el contrario, quizás por buscar no enfrentarse con otros sectores del gobierno, expresaron apertura y disposición a incorporar en una normativa las demandas planteadas desde el llamado Diálogo Social.
Ahora el propio Ministro de Economía busca convencer a la ciudadanía y a los diferentes actores económicos y sociales que las medidas referidas no afectarán la situación del país. Obviamente se trata de una tarea imposible, entre otras cosas porque las voces más calificadas a nivel nacional e internacional opinan y señalan que estas iniciativas afectarán la sostenibilidad del sistema previsional e implicarán inevitablemente un aumento del gasto en tiempos en que lo que debe hacerse es todo lo contrario.
Se enoja el Ministro con quienes cuestionan el avance en la consideración de estas medidas y pretende que se haga confianza en su palabra, sin poder explicar, porque es imposible, que estas medidas no tengan un inevitable impacto económico negativo. Más bien debería enojarse con sus compañeros del gobierno que impulsan las medidas que cuestionan los objetivos señalados.
Se está jugando con fuego en un momento en que la economía necesita señales claras de contención del gasto y responsabilidad en la conducción. Por otra parte, las declaraciones del Ministro tienen el problema adicional de que no son consistentes con su línea argumental cuando actuaba como consultor y analista de la política económica, particularmente en lo que tiene relación con los dos temas en debate, la edad de retiro y el sistema de ahorro individual.
Por si todo esto fuera poco, ahora viene el momento de la Rendición de Cuentas y todo indica que deberá ser de gasto cero o a lo sumo con fondos destinados a prestaciones específicas muy cuidadosas dirigidas exclusivamente a la infancia en situación de pobreza, para ser consistente y responsable con los tiempos que vienen.
Sin embargo, las presiones que vienen desde el propio partido y de otros jerarcas del mismo gobierno van en un sentido contrario, buscando impulsar nuevos gastos.
En síntesis, estamos en presencia de un verdadero punto de inflexión en el gobierno que se encuentra presionado, además, por una realidad adversa en la opinión pública que no aprueba mayoritariamente su gestión.
Veremos qué ocurre en los próximos días, si estas posiciones terminan doblándole la mano al equipo económico, como todo indica que ocurrirá, o si finalmente la conducción del MEF impone un criterio ineludible de efectiva austeridad.
Lo que no se puede aceptar es que busquen “pasarnos gato por liebre” tratando de justificar las decisiones como si no hubiera disyuntiva y, en definitiva, las medidas impulsadas desde el Diálogo Social fueran compatibles con una administración responsable de los fondos.
Si el Ministro, como parece desprenderse de sus últimas afirmaciones, opta por tratar de justificar lo injustificable defendiendo medidas que notoriamente van en sentido contrario de sus propias afirmaciones anteriores, pagará el alto precio de perder su credibilidad, aunque mantenga su cargo. Es claro que estamos en un momento neurálgico y decisivo del actual período de gobierno.
