Hubo un tiempo en que los homicidios uruguayos parecían explicarse más por la enemistad vecinal que por el narcotráfico. Así lo sostuvo en abril de 2024 el informe “Tipología de los homicidios en Uruguay”, encargado por el Ministerio del Interior a Emiliano Rojido (hoy responsable del Plan Nacional de Seguridad), Ignacio Cano y Doriam Borges, que concluyó que apenas el 1,9% de los homicidios de 2019 respondía a enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes, y que el tráfico de drogas en su conjunto no explicaba más del 11%.
Las bocas, las balaceras desde motos dignas de un video de reguetón de bajos recursos fílmicos, los clanes que se diezman durante años, eran un malentendido personal.
La sociedad estaba demasiado violenta, esa sociología abstracta que no explica nada. De ahí que la solución propuesta por estos asesores fueran los mediadores de conflictos del programa Barrios sin Violencia, cuyo estridente fracaso se declaró información reservada.
La metodología del estudio de Rojido y colaboradores fue poco rigurosa y simplista. Se leyeron los partes policiales de un solo año, sólo de homicidios consumados, y ni siquiera de todos (374 víctimas, cuando las cifras oficiales registraban 394). Lo ocurrido fuera de 2019 no existió. Pero las guerras entre bandas no respetan el año calendario. La venganza llega a veces años después, y el agravio original suele ser una tentativa o unos disparos de advertencia, que no figuran entre los consumados.
Quien mira un solo año ve muertos sueltos, como quien engancha un capítulo de la tercera temporada y concluye que el protagonista murió por un espontáneo arrebato de furia de otro personaje, porque no vio la agresión previa ni verá la represalia. Netflix lo sabe; por eso cada episodio empieza con un “anteriormente en…”.
Un caso público lo ilustra. Entre 2008 y 2021 fueron asesinados seis hermanos de una misma familia en San Carlos, tres de ellos en 2019. Si el 1,9% de 374 víctimas son unas siete personas, una sola familia de una ciudad con alrededor del 1% de la población del país habría aportado cerca del 40% de todos los homicidios entre bandas del Uruguay. O esa familia concentró casi la mitad de la guerra narco nacional, o la tipología carece de replicabilidad empírica seria y terminó licuando, en pleno año electoral 2024, el peso del narcotráfico en la violencia letal. La mera inspección de la prensa de la época hubiera puesto a los autores en guardia contra semejantes fallas del diagnóstico.
Claro, ojalá esto fuera entretenimiento y no el campo de disputa más importante sobre la vida de cientos de jóvenes pobres. Mientras tanto, el propio Ministerio del Interior registra 312 homicidios en los primeros nueve meses de 2026, un 13% más que en igual período de 2025, con el peor tercer trimestre de la serie en al menos quince años.
Tampoco ayudó la fe en el parte policial como fuente sociológica. Paul Goldstein, autor de la tipología más aceptada sobre drogas y violencia, mostró en Nueva York que, con sólo los partes de homicidio, la proporción de asesinatos vinculados a drogas rondaba el 20%; cuando los detectives completaron cuestionarios específicos elaborados por Goldstein y su equipo, superó el 50%, mayoritariamente de violencia sistémica. Goldstein no figura en la bibliografía del informe de Rojido. Ningún homicida declara “lo maté por el control de la boca”. Dice que la víctima se metió con su novia o insultó a su madre.
Irónicamente, el primer spoiler lo dio la propia AECA, dirigida por el Dr. Sanjurjo. En abril de 2026 publicó su anuario con los datos de 2025 según la nueva tipología. Homicidios entre grupos de traficantes, 37. Otros vinculados al tráfico de drogas, 78. Total, 115 sobre 371, un 31% (la categoría más grande de la clasificación). Aun cuando tales cifras siguen subestimando el fenómeno por los problemas del método de clasificación propuesto por Rojido, representan casi el triple del 11% original y, en los enfrentamientos entre grupos, cinco veces el 1,9% usado para desacreditar al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad (ONVC). Incluso con sus defectos, el procedimiento diseñado por Rojido no conseguía ya disimular el nudo gordiano de la violencia en Uruguay.
Luego apareció otra tabla, en la respuesta del Ministerio del Interior a un pedido de informes del senador Bordaberry, que compara los primeros semestres de 2023 a 2026 usando la nueva tipología. De acuerdo con esa tabla, entre 2023 y 2026 los homicidios con trasfondo de drogas habrían disminuido, del 37% al 30% del total, y particularmente durante 2025 cuando habrían alcanzado un piso de 27%. Con estas cifras, deberíamos estar celebrando un… ¡descenso del homicidio vinculado al narcotráfico!
Habría que descorchar. Que en el brindis nadie mencione el quíntuple crimen del Monarca, la balacera en las canteras del Parque Rodó ni el atentado contra la Fiscal de Corte, ocurrido precisamente en 2025, el año del descenso más contraintuitivamente acentuado, que además es internamente incoherente, porque se compone de dos movimientos opuestos.
Por un lado, disminuye la categoría “otros homicidios vinculados al tráfico de drogas”, que cayó del 28% al 15% en tres años. Pero los “homicidios entre grupos de narcotraficantes” aumentaron en el mismo período. Cuando dos series estadísticas evidentemente relacionadas y que se solapan en múltiples aspectos no se mueven juntas sino en sentidos opuestos, hay que sospechar que algo anda muy mal en los procedimientos de medición aplicados en su construcción.
Aun así, la nueva tabla confirma que las categorías “ejecuciones sumarias” y “motivo indeterminado” encubren un gran número de homicidios con trasfondo de narcotráfico. Desmiente así las críticas de Rojido y Sanjurjo al ONVC por exagerar la cifra de homicidios vinculados al tráfico de drogas al asignar a esta categoría hechos sin aclarar. Basta cotejar la nueva tabla con el boletín semestral de AECA de julio de 2025 (BS/2025/01, Anexo), cuyos datos reclasifica retroactivamente sin explicitar la revisión. Para el primer semestre de 2024, el boletín reportó 50 homicidios con trasfondo de drogas y 44 “ejecuciones sumarias”; la tabla remitida a Bordaberry indica 65 y 20. Para el primer semestre de 2025, el boletín reportó 39 homicidios asociados al tráfico de drogas y 30 de motivo indeterminado; ahora son 50 y 16. En ambos casos suben las categorías de drogas y bajan, en magnitud comparable, las que carecen de motivación definida. Casi todos los homicidios sin motivo asignado en julio de 2025 (por no estar aclarados en aquel momento) pasaron, tras la reclasificación de este año, a engrosar la categoría vinculada al narcotráfico (tal como siempre sostuvo el ONVC). A confesión de parte, relevo de prueba.
Muy otro es el panorama de la presentación “Dinámica de los homicidios 2026”, que el Ministerio llevó al Parlamento con datos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Allí la curva se invierte. Los homicidios por ajuste de cuentas y conflictos entre criminales, entre enero y agosto, pasan del 48% en 2023 al 50% en 2024, al 60% en 2025 y al 58% en 2026. Para 2025 la distancia es grosera, 27% según la tipología y 60% según los investigadores. Aunque categorías y períodos no coinciden, una brecha así no se explica por matices de definición. El mismo Ministerio, los mismos muertos y dos series con finales incompatibles. En una, el crimen organizado retrocede. En la otra, es “el principal motivo aparente del homicidio”.
La presentación policial desarma las premisas del diagnóstico de 2024. Muestra conflictos territoriales de más de una década, como el de Cerro Norte, Casabó y La Paloma, con 33 homicidios desde 2014. Registra 137 estructuras criminales activas, 64 de ellas clanes familiares, con más de 2.700 integrantes identificados. Y señala que en Montevideo, en lo que va de 2026, casi seis de cada diez homicidios tienen víctima o autor vinculado a una estructura criminal. Son guerras de varias temporadas que una tipología de un solo año no podía ver.
No falta el humor involuntario. La categoría que organiza el diagnóstico policial se llama “ajuste de cuentas”, la misma que el titular de AECA había calificado públicamente de “chantada”.
El montaje de la estadística oficial sobre criminalidad atraviesa una crisis de proporciones. A los errores de diagnóstico del informe y a la falta de una tipología que ofrezca información de calidad se suma ahora una brecha institucionalizada entre la lectura de los niveles operativos y la de las instancias centrales. Queda así rota la regla de oro de todo sistema estadístico, según la cual ninguna institución puede sostener cifras divergentes sobre sus resultados sin exponerse al descrédito público.