En las actuales circunstancias la introducción de una propuesta por parte del gobierno para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta altamente inconveniente por razones presupuestales, políticas e institucionales.
En primer lugar, la creación de un nuevo Ministerio en el Poder Ejecutivo es, sin dudas, una señal contradictoria con el objetivo de reducir el peso del Estado y evitar su expansión en tiempos de notorias dificultades vinculadas con el incremento del gasto público y del déficit fiscal, tal como lo indican los últimos datos publicados.
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Una nueva Secretaría de Estado es, a todas luces, contraria con la idea de mejorar la competitividad de nuestro país, en la medida que implica la creación de nuevas estructuras institucionales. De hecho, en la actualidad ya existen reparticiones públicas que asumen las competencias que se pretende asignar a un eventual nuevo Ministerio.
Por otra parte, en ningún sentido se trata de una situación de urgencia que requiera una solución institucional ineludible.
Pero, en segundo lugar, existen razones institucionales que indican la inconveniencia de crear un Ministerio de Justicia. Estas refieren a la imprescindible necesidad de mantener y garantizar el equilibrio entre los poderes del Estado.
En tal sentido, entendemos que es fundamental no debilitar al Poder Judicial. Esto implica no abrir una puerta que, mediante un juego de interpretaciones jurídicas intencionales, permita que desde el Poder Ejecutivo se invadan gradualmente algunas de las competencias propias del Poder Judicial. Ejemplos en el mundo hoy abundan.
El más cercano se ha visto de manera muy evidente en el proceso electoral de Brasil, en donde diversos magistrados judiciales tomaron decisiones que impactaron de manera evidente en la campaña electoral buscando favorecer a uno u otro de los candidatos presidenciales.
Por ello, es particularmente importante mantener y fortalecer la autonomía del Ministerio Público y Fiscal en su actual figura jurídica como Servicio Descentralizado y, por lo tanto, externo al Poder Ejecutivo; evitando volver a situaciones anteriores en las que su estructura era una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.
Sin embargo, algunos cuestionamientos de dirigentes, jerarcas y legisladores del partido de gobierno sobre la figura de la actual jerarca del Ministerio Público, ponen un peligroso signo de interrogación sobre las intenciones al respecto. Incluso han existido declaraciones expresas indicando que buscan que la actual Fiscal de Corte dé un paso al costado.
La presencia en cargos del actual gobierno de un jerarca identificado directamente con una gestión que, en su momento, produjo un proceso de división interno en el funcionamiento del Ministerio Público, aumenta nuestra preocupación.
De hecho, resulta evidente que, a consecuencia de un ejercicio indebido de la jerarquía del Ministerio Público en tiempos pasados, se ha producido un proceso de alineamiento de muchos fiscales en torno a diferentes figuras, lo que afecta la imagen profesional y la necesidad imperiosa de equilibrio y neutralidad en este rol tan delicado y relevante para las garantías y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
Esta tendencia se ve agravada por el cambio del Código del Proceso Penal que ha trasladado el poder y protagonismo de la figura del Juez a la figura del Fiscal. En el viejo Código el Juez poseía un papel mucho más relevante y, además, mantenía un necesario perfil bajo con respecto a declaraciones públicas.
Con el cambio del Código también se produjo un grave y peligroso aumento de declaraciones públicas e influencias en la opinión pública de algunos de los Fiscales que corren el riesgo de politizar los procesos judiciales.
En tal sentido, se debe destacar la decisión de la actual Fiscal General, Mónica Ferrero, de crear la Escuela de Fiscales, similar a la ya existente para los Jueces, va en la dirección correcta. Su presencia en ese cargo es garantía institucional que debemos defender.
Por lo tanto, no se debe avanzar en la creación de un Ministerio de Justicia que, en caso de ser mal gestionado, genere el riesgo de debilitar la independencia del Poder Judicial.
Mientras tanto, el crimen organizado puede aprovecharse de estas polémicas y diferencias para avanzar en sus objetivos. Hay ejemplos en el mundo al respecto.
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