“No hay plata”. Pocas frases cierran una discusión tan rápido. ¿Más fiscales? No hay plata. ¿Cárceles cooptadas por el crimen organizado? No hay plata. ¿Revisar más contenedores en el puerto, una JUTEP con equipo técnico, más políticas de tratamiento de adiciones, más escuelas de tiempo completo en los barrios donde hoy recluta el crimen organizado? No hay plata.
La frase suena a dato técnico, pero no lo es. Es una decisión presentada como si fuera una restricción. Uruguay no es un país sin presupuesto: según el propio Ministerio de Economía, las asignaciones nuevas del Presupuesto Nacional 2025–2029 llegan a unos US$ 240 millones por año hacia 2029. La pregunta no es si hay dinero. Es a qué se destina y en qué orden.
Si hacemos ejercicio de leer los 713 artículos del proyecto de Presupuesto y cruzarlos con el crédito vigente de cada organismo. Lo que aparece no es un Estado pobre. Es un Estado que reparte sin priorización.
De todo lo nuevo que trae el Presupuesto, una porción chica va a seguridad y justicia. Las instituciones que investigan y controlan casi no reciben nada, y parten de muy poco. Toda la Fiscalía tiene un presupuesto de unos US$ 52 millones por año, apenas por encima que la Corte Electoral. Lo nuevo que le suma el Presupuesto son unos US$ 1,4 millones, que alcanzan para unas pocas fiscalías en todo el país. La JUTEP, que debería cuidar la integridad de los funcionarios públicos, funciona con menos de US$ 2 millones al año, por su lado el Ministerio de Turismo tiene doce veces más. La SENACLAFT, que supervisa el lavado de activos, no recibe un peso nuevo. Dentro de la Policía pasa algo parecido. La Policía Científica, la que levanta huellas, analiza pericias y convierte un caso en prueba, maneja unos US$ 9 millones al año: la mitad que la Policía Caminera y menos del 1% del Ministerio del Interior.
Ahora miremos al lado:
- En diciembre de 2025, el Senado aprobó el presupuesto de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para 2025-2029. Prevé ejecutar unos US$ 48 millones al año. La mitad se va en salarios, US$ 11 millones en inversiones, US$ 8 millones en servicios y empresas tercerizadas, y el resto en gastos de funcionamiento. Es casi el doble de lo que costarán, los 1.000 nuevos policías y operadores penitenciarios que el Presupuesto suma a las cárceles.
- Publicidad oficial, viajes al exterior y protocolo cuestan, juntos, más o menos lo mismo que todo lo que el Estado destina a prevenir y tratar las adicciones. Con una parte de esa plata se podría ampliar mucho el tratamiento.
- El reintegro de IVA a turistas extranjeros cuesta varias veces el presupuesto entero de la JUTEP, el organismo más chico del Estado.
- La transferencia de Rentas Generales al Correo equivale a casi dos tercios de lo que cuesta toda la Fiscalía.
- Solo con las partidas ferroviarias nuevas se podría construir un par de escuelas de tiempo completo por año.
Ninguna de estas partidas es un escándalo por sí sola. Cada una tiene un defensor y una razón. Ese es justamente el punto, cuando todo tiene una razón, nada tiene prioridad.
Ni grande ni chico, pero eficaz
Esta no es una discusión entre izquierda y derecha, ni entre quienes quieren más Estado y quienes quieren menos. Nadie está proponiendo gastar más ni gastar menos. Lo que se propone es ordenar, mover dinero de lo prescindible a lo esencial, sin aumentar el gasto total en un peso.
Una reasignación de ese tipo libera decenas de millones de dólares por año. Lo hace sin tocar lo esencial, las transferencias a la infancia, los salarios pactados, el Plan Ceibal ni la ANII. Con esa plata se podrían sumar decenas de equipos fiscales, nuevos juzgados penales, una JUTEP con equipo técnico de verdad, programas de tratamiento en las cárceles y escuelas de tiempo completo, entre tantas otras posibles políticas de seguridad y justicia.
No hace falta inventar instituciones nuevas ni un Estado más grande. Hace falta que las que ya existen tengan con qué trabajar. Es una discusión de eficacia, no de ideología.
Volver a lo básico
En una columna anterior sostuve que el Estado se creó para esto. Antes de los ministerios de turismo, del correo o de la promoción comercial, las personas se juntaron para que alguien les garantizara seguridad y justicia. Todo lo demás vino después, y está bien que haya venido. Pero lo que vino después no puede comerse lo que estaba primero.
Volver a lo básico no es un programa ideológico. Es hacer bien lo que cualquier Estado debe hacer bien. Una policía que investigue. Una Fiscalía con fiscales suficientes para llevar los casos. Cárceles que no sean oficinas del crimen organizado. Un puerto que mire lo que entra y lo que sale. Un organismo que cuide la integridad de los funcionarios.
Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos no tiene un problema de caja. Tiene un problema de prioridades, y esas prioridades no se arreglan con más plata, sino con la decisión de poner primero lo que siempre debió ir primero.
