La consulta planteada en Perspectivas, el espacio de opinión de lectores de El Observador, trajo a la mesa un debate histórico sobre el ordenamiento administrativo y el peso del Estado uruguayo: ¿tiene sentido mantener 19 intendencias en un territorio de 3,5 millones de habitantes que se cruza en seis horas de viaje?
El disparador partió de una afirmación del senador frenteamplista Nicolás Viera, y el relevamiento mostró una tendencia contundente: el 64% de los participantes respaldó reducir la cantidad de departamentos, mientras que un 25% se opuso defendiendo el arraigo cultural de cada comunidad, y un 11% argumentó que el problema de fondo radica en la ineficiencia del gasto público global y no en el rediseño de las fronteras. A raíz de estos resultados, la coordinadora de Redes de El Observador, Mara Brauchok, analizó los argumentos institucionales, las alternativas geográficas y la viabilidad técnica detrás de la discusión.
El costo de 19 intendencias y las propuestas de fusión
Entre el 64% de los participantes que apoyó achicar la división política, el argumento central apuntó a la irracionalidad de sostener 19 ejecutivos comunales, 19 juntas departamentales, cientos de cargos de confianza y una frondosa red de asesores para una población reducida. Para este sector de la audiencia, la proliferación de estructuras idénticas termina transformando a varias comunas del interior en "fábricas de empleo público" financiadas por los contribuyentes.
A través del mapa interactivo de la consulta, los propios lectores delinearon las unificaciones más evidentes para avanzar hacia un esquema regional:
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Área metropolitana: la integración administrativa de Montevideo con Canelones
Frontera y norte: la unión territorial de Rivera con Tacuarembó
Bloque este: la consolidación de una macroregión turística y productiva compuesta por Maldonado, Rocha y Lavalleja
Quienes promueven este rediseño sostienen que perpetuar límites geográficos trazados hace más de un siglo resulta anacrónico para la conectividad y la dinámica económica actual.
Las raíces de 1830 y el choque con la identidad local
El planteo de regionalizar el mapa no es una novedad, sino un retorno a la génesis republicana. En 1830, cuando nació la primera Constitución, el país contaba únicamente con nueve departamentos, con jurisdicciones inmensas como Paysandú abarcando casi la totalidad del territorio al norte del Río Negro. Fue a lo largo del siglo XIX, mediante sucesivas leyes, que el territorio se fue fraccionando hasta que en 1885 se fundó Flores, el departamento 19, sellando la conformación que rige hasta hoy.
Frente a esa revisión histórica, el 25% de los lectores que rechazó la propuesta apeló al valor de la pertenencia comunitaria. Este bloque advierte que ningún departamento del interior aceptará resignar su autonomía, su nombre o su tradición frente a una capital vecina por un mandato centralista. A su vez, señalaron que la medida difícilmente reducirá la plantilla de funcionarios públicos y alertaron sobre el riesgo inverso: que la lejanía obligue a multiplicar alcaldías y municipios, sumando burocracia en lugar de aliviarla.
En una postura complementaria, el 11% restante subrayó que el foco de la discusión está desviado: la verdadera eficiencia del Estado no depende de mover líneas fronterizas, sino de fiscalizar el gasto improductivo y las prerrogativas de la clase política.
La llave constitucional: la barrera de los dos tercios
Más allá de la viabilidad técnica o de los consensos ciudadanos, cualquier intento de redibujar el mapa administrativo uruguayo enfrenta un escollo jurídico.
La modificación territorial es constitucionalmente posible, pero no sencilla. El artículo 85 de la Constitución faculta a la Asamblea General a alterar la división de los departamentos, pero exige una mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara legislativa. Se trata del quórum parlamentario más exigente de la carta magna, una barrera deliberadamente alta que requiere un acuerdo multipartidario.