La consulta planteada en Perspectivas, el espacio de opinión de lectores de El Observador en su página, puso sobre la mesa un dilema central para el desarrollo uruguayo: ¿es momento de explorar hidrocarburos en la plataforma marítima o conviene mantener el foco en la matriz verde? El relevamiento mostró una inclinación marcada: el 20% de las respuestas respaldó la búsqueda directa de petróleo, mientras que un 32% se pronunció a favor de consolidar un modelo energético mixto. A raíz de estos resultados, el jefe de redacción de El Observador, Álvaro Irigoitía, analizó los argumentos económicos, geopolíticos y estratégicos que rodean la discusión.
El límite de la matriz limpia y el peso del transporte
La transformación del sector eléctrico uruguayo se concretó con éxito. En años con régimen ordinario de lluvias, casi la totalidad de la demanda eléctrica en Uruguay se abastece con fuentes renovables, un estándar global en el que únicamente Dinamarca supera el desempeño del país.
Sin embargo, la electricidad no agota la matriz energética total. El nudo crítico reside en el transporte, donde la adopción de vehículos eléctricos, pese a registrar avances interanuales, todavía representa menos del 5% del parque automotor. En los hechos, dos tercios de la movilidad interna continúan supeditados a los derivados del petróleo y la mitad de la matriz energética primaria del país sigue teniendo origen fósil, una rigidez estructural que difícilmente se revertirá en el corto plazo.
Esta realidad nacional se inserta en un contexto global igualmente conservador. A pesar de la aceleración de las inversiones en energías limpias, la expansión de la demanda mundial mantiene a los combustibles fósiles —petróleo, gas y carbón— como responsables de más del 80% de la oferta planetaria. Así como el carbón, tecnología motriz del siglo XIX, todavía aporta cerca del 15% de la energía que consume el mundo, el crudo mantendrá un papel preponderante durante las próximas décadas.
Divisas, regalías y blindaje soberano
Frente a este escenario, la exploración offshore plantea interrogantes sobre qué gana el país en términos de soberanía económica. La respuesta se apoya en tres variables centrales: la balanza comercial, la renta fiscal y la seguridad geopolítica.
En el último año, Uruguay debió importar más de 17 millones de barriles equivalentes de crudo y refinados, una operativa que demandó la salida de más de 1.000 millones de dólares en divisas. La producción en aguas jurisdiccionales no modificaría el precio de adquisición para el mercado interno —que continuaría rigiéndose por cotizaciones internacionales—, pero permitiría retener una parte sustancial de la renta generada dentro del territorio.
De acuerdo con estimaciones de ANCAP, las regalías y la eventual participación estatal en los consorcios de explotación podrían asegurar que hasta un 60% de los beneficios económicos queden en el país. En un escenario de hallazgo comercial, un solo proyecto en producción podría inyectar al erario unos 1.500 millones de dólares anuales.
A ello se añade una dimensión geopolítica fundamental: reducir la exposición a suministradores situados en regiones con recurrente inestabilidad y volatilidad de precios.
En materia institucional, el debate también contempla el destino de esos eventuales recursos extraordinarios. La experiencia internacional sugiere como referencia el modelo noruego: la conformación de un fondo soberano intergeneracional que blinde los ingresos por regalías, preservándolos de los ciclos presupuestales corrientes para financiar infraestructura crítica, programas de desarrollo social y, de manera complementaria, el propio financiamiento de la transición ecológica uruguaya.