El disparador de todo este enfrentamiento entre la especialista en género Andrea Tuana y el Ministerio del Interior, donde ella ocupa una función en Sanidad Policial, empezó con una entrevista en televisión.
Tuana, que está a cargo de la organización civil El Paso, que defiende derechos de niños, adolescentes y mujeres en cuestiones vinculadas a género y violencia doméstica, había sido invitada para hablar de este tema al programa Arriba Gente de Canal 10.
Lo que dijo Tuana, que molestó al Ministerio del Interior, fue lo siguiente: "…acá lo que necesitamos es políticas estructurales, necesitamos lo contrario a lo que hizo este gobierno que fue retirar un montón de proyectos, apoyos y ayudas".
La entrevista fue el martes 27 de febrero de 2024, en la que también dijo que había niños que estaban siendo usados como moneda de cambio para deudas en bocas de drogas. En mayo, el Ministerio le abrió una investigación a partir de sus declaraciones, y el último día de gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior Nicolás Martinelli firmó un sumario sin goce de sueldo por seis meses, por entender que Tuana incumplió el artículo 37 de la Ley Orgánica Policial, que establece que el personal policial tiene prohibido "realizar manifestaciones que atenten contra el respeto a los poderes del Estado, sus autoridades o formulen críticas sobre la organización y estructura de la institución, gestión y políticas adoptadas por autoridades". Tuana interpuso los recursos de revocación y jerárquico. Cuando asumió el nuevo gobierno, el ministro del Interior, Carlos Negro, resolvió bajar la sanción de seis a cuatro meses.
Ahora, Tuana, representada por el abogado Rodrigo Rey, presentó una demanda de anulación contra el Ministerio del Interior, en la que pide que se suspenda la sanción y que le retribuya el salario no percibido.
En el escrito, al que accedió El Observador, argumenta que la decisión tiene vicios que determinan la nulidad, porque la expresión de Tuana "no refiere a la autoridad policial ni a la gestión del Ministerio del Interior", sino que habla de "políticas estructurales" y al "retiro de proyectos, apoyos y ayudas", que en todo caso le cabrían a las políticas sociales implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social.
De este modo, sostiene que no es una interpretación literal, sino una "calificación forzada". Además, el escrito señala que su dicho parte de "un dato objetivo comprobable y ampliamente documentado", por lo que "afirmar un hecho público y notorio no configura una crítica, sino la constatación de una realidad".
Otro de los argumentos que esgrime en la demanda es que no hay ninguna prueba, ni datos estadísticos ni cualitativos, que den cuenta de que su frase dicha en TV haya provocado un daño en la imagen institucional de la Policía.
Por otra parte, Tuana sostiene que la sanción viola su derecho constitucional a la libertad de expresión, debido a que ella fue entrevistada en calidad de directora de una organización social, y sobre su experticia fue que se desarrolló la entrevista, que nada tenía que ver con su rol como funcionaria de Sanidad Policial. "Sancionar a una profesional con formación específica en política social por opinar públicamente sobre esa misma materia no solo afecta su derecho individual, sino que priva al debate democrático de una voz calificada —vulnerando así la dimensión social del derecho", expresa el escrito presentado en las últimas horas.
También refirió a que, si se tiene en cuenta que los funcionarios policiales no pueden desligarse de su función en el ejercicio de otros roles, esto implicaría que "toda expresión pública de un funcionario policial —en ámbitos académicos, gremiales, religiosos, profesionales extrafuncionales, o aun privados— quedaría alcanzada por la prohibición del artículo 37 de la ley policial, lo que, en la práctica, implicaría la limitación absoluta de todos los policías y funcionarios del Ministerio del Interior de expresarse en cualquier ámbito. La sanción, entiende Tuana y su abogado, "amedrenta" y "desincentiva" la participación de funcionarios policiales en el debate público.
Por último, refiere a que la sanción es "arbitraria", "carece de la motivación exigida por el ordenamiento", y su magnitud es desproporcionada: Tuana sostiene que la administración optó por darle la sanción máxima disponible, sin considerar que no tenía antecedentes de este tipo en su carrera funcional.
Tuana cumplió la sanción entre abril y setiembre de 2025, antes de que el Ministerio del Interior resolviera bajar la suspensión a cuatro meses. De este modo, el Ministerio le debe los dos meses de salario que ya le descontaron, y con esta demanda pide que se anule la sanción y se le devuelvan, también, los salarios de los otros cuatro meses.
