Javier Milei optó por no presentar su propuesta de reforma de la legislación laboral como un proyecto de ley en el Congreso, integrándola en el megadecreto que firmó al inicio de su gestión. Esta iniciativa, que abarca desde cambios en los cálculos de indemnizaciones hasta medidas contra la caja y el poder sindical, generó objeciones por parte de la CGT y fue suspendida provisionalmente debido a un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En su plataforma de gobierno presentada ante la Justicia Electoral, Milei había propuesto una "modernización laboral", mencionando únicamente su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo de las indemnizaciones. Aunque el decreto lo establece, con la salvedad de que será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo entre las partes empresariales y sindicales, con un límite del 8% mensual a cargo del empleador.
Además de sugerir el fondo de cese laboral, el Gobierno realizó cambios en los cálculos de indemnizaciones, reduciendo la compensación por despido y permitiendo su sustitución por fondos de cese laboral a través de la negociación colectiva. También se amplía el período de prueba a ocho meses.
Se implementa la modificación de los intereses por indemnizaciones, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual, excluyendo el Sueldo Anual Complementario y otros conceptos no remunerativos.
El capítulo sindical del decreto se inspira en la reforma propuesta por la gestión de Mauricio Macri en 2017, con cambios en la ley 24013, particularmente en los artículos relacionados con la registración laboral. Se busca reducir las multas a empresarios por irregularidades en la registración, beneficiando especialmente a las pymes.
Además, se establece como causal de despido los bloqueos, generando un debate sobre el alcance del derecho a huelga. El rechazo sindical se centró en una reglamentación restrictiva del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y de importancia trascendental, exigiendo un 50% y 75% de prestación de trabajo normal, respectivamente.
En relación con la recaudación sindical, la Secretaría de Trabajo supervisará las "cuotas solidarias", y se revisará la ultraactividad de los convenios colectivos solo en cláusulas de obligatoriedad, no en aquellas que establecen condiciones y derechos.
Una modificación controvertida es la eliminación de la obligación para las empresas de ser agentes de retención de la cuota sindical de los empleados, ahora requiriendo el consentimiento previo de los empleados para el descuento. Esto podría afectar la representación sindical.
El cambio en el artículo 87 de la Ley 23.551 busca penalizar las asambleas de trabajadores que afecten la actividad de la empresa. Este capítulo laboral del decreto tiene un impacto más fuerte de lo anticipado por la CGT, incluyendo implicaciones para las obras sociales sindicales. Los aportes a las prepagas ya no pasarán por las obras sociales sindicales, poniendo fin a esta intermediación.
