Cambian las rutas del gas: el Gobierno reorganiza el sistema de transporte
El Gobierno dispuso una reorganización del sistema de transporte de gas para adaptar los gasoductos a la nueva geografía energética dominada por Vaca Muerta. La medida implica reasignar rutas y contratos de transporte, modificar el rol del Estado en el mercado y podría redefinir las relaciones comerciales entre distribuidoras, petroleras y transportistas.
El Gobierno nacional avanzó con una medida que podría reordenar el sistema de transporte de gas en la Argentina. La decisión implica reasignar las rutas y capacidades de transporte en los gasoductos para que reflejen el nuevo mapa de producción de gas del país, hoy dominado por la Cuenca Neuquina y el desarrollo de Vaca Muerta.
La medida quedó plasmada en la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que dispone una reconfiguración integral del esquema de transporte. Se trata de la primera reorganización de este tipo en casi cuatro décadas.
Según el planteo oficial, el sistema actual fue diseñado cuando la mayor parte de la oferta provenía de las cuencas Norte y Austral. La declinación estructural de esas regiones dejó contratos y rutas de transporte asociados a volúmenes que hoy ya no existen. Como consecuencia, se generaron distorsiones en la asignación del transporte, con capacidad contratada que no podía utilizarse, rutas técnicamente inservibles y mayores costos para industrias del Litoral y la región Centro.
La idea del Gobierno es alinear el sistema de transporte con la nueva realidad productiva del país. Con la producción concentrada principalmente en la Cuenca Neuquina, el objetivo es ajustar los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca.
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Cómo funciona el sistema de gas en Argentina
Para entender el alcance de la medida, primero hay que comprender cómo funciona el sistema de gas en la Argentina.
El mercado se organiza en tres segmentos principales: producción, transporte y distribución. Las empresas petroleras producen el gas en los yacimientos; los gasoductos troncales lo trasladan a lo largo del país; y las distribuidoras lo llevan a los usuarios finales a través de redes urbanas.
Este esquema se estableció con la privatización de Gas del Estado en 1992, cuando el sistema se dividió entre empresas transportistas y distribuidoras. El marco legal está regulado por la Ley 24.076, mientras que el control del servicio corresponde al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
El recorrido físico del gas sigue un circuito claro: yacimientos → gasoductos de transporte → redes de distribución → hogares e industrias.
Los gasoductos transportan el gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo recorriendo miles de kilómetros a alta presión. Ese servicio lo prestan empresas concesionarias, principalmente Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN).
Las transportistas no compran ni venden gas. Su función es transportar el volumen contratado por los usuarios del sistema.
En el sistema argentino existe el concepto de reserva de capacidad en los gasoductos. Distintos actores -distribuidoras, generadores eléctricos, industrias o comercializadores- contratan transporte para poder llevar el gas desde el punto de producción hasta el lugar de consumo. Ese transporte puede contratarse de dos formas. El transporte firme reserva capacidad fija en un gasoducto y obliga a pagar un cargo por esa reserva aunque no se utilice todo el volumen. El transporte interrumpible, en cambio, no garantiza capacidad y solo se utiliza cuando hay espacio disponible. Las distribuidoras son uno de los principales actores que contratan transporte para abastecer a sus usuarios.
El auge de Vaca Muerta y el cuello de botella del transporte
La medida también se inscribe en un proceso más amplio de reordenamiento del mercado del gas. En los últimos meses el Gobierno avanzó con cambios regulatorios que buscan reducir la intermediación estatal y restablecer relaciones contractuales directas entre privados. Entre otras decisiones, se dispuso la cesión de contratos de compraventa de gas natural que la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA) había firmado con productores para que pasen a manos de distribuidoras, generadores o CAMMESA.
Ese cambio quedó plasmado en la Resolución 606/2025 de la Secretaría de Energía, que redefinió el rol de la empresa estatal dentro del esquema del Plan Gas.Ar. El objetivo oficial es que el precio del gas refleje progresivamente la interacción entre oferta y demanda, mientras el Estado mantiene el esquema de compensaciones previsto para cubrir la porción subsidiada del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte.
En ese marco, la Resolución 66/2026 también ordena rescindir el contrato de transporte firme que Energía Argentina (ENARSA) mantiene con CAMMESA en el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner -hoy denominado Gasoducto Perito Moreno-. Ese acuerdo había sido diseñado para garantizar gas a las centrales eléctricas durante el invierno y reducir importaciones de GNL. Según el criterio oficial, el esquema ya no resulta necesario en el nuevo diseño del mercado y su eliminación permitiría liberar capacidad de transporte y favorecer una mayor competencia entre privados.
La resolución también deja sin efecto el programa Transport.Ar, el esquema que había sido creado para impulsar la expansión del sistema de gasoductos a partir del desarrollo de Vaca Muerta. El Gobierno busca ahora reemplazar ese enfoque por un modelo en el que las ampliaciones de infraestructura surjan de señales de mercado y de acuerdos entre empresas del sector.
En ese contexto, la reorganización del sistema de gasoductos aparece como una condición necesaria para avanzar hacia un mercado con mayor participación privada y menor intervención operativa del Estado.
Ganadores y perdedores en el mercado del gas
La medida tendrá efectos concretos en el mercado. En la práctica, afectará intereses económicos de distintos actores del sector, desde distribuidoras hasta petroleras y empresas transportistas.
El reordenamiento obligará a algunas distribuidoras a transferir contratos vigentes de transporte, lo que podría modificar las rutas de abastecimiento del sistema.
Entre las compañías de distribución, Metrogas y Naturgy, que operan en el área metropolitana de Buenos Aires, aparecen como potencialmente perjudicadas porque deberían ceder contratos firmes en el sistema centro-oeste de gasoductos y buscar nueva capacidad de transporte para abastecer a sus clientes.
En el extremo opuesto, EcoGas, que controla a las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana, podría beneficiarse al ampliar su acceso al sistema centro-oeste de transporte, que en el verano se utiliza para exportar gas hacia Chile.
La reorganización también tendrá impacto en el negocio de las comercializadoras asociadas a las distribuidoras, que en los meses de menor demanda residencial suelen utilizar la capacidad sobrante para vender gas a clientes industriales o incluso transferirla a petroleras que exportan gas durante el verano.
Al redistribuir la capacidad de transporte, ese mercado secundario podría reducirse.
Se trata de la primera vez en cuatro décadas que se toma una medida de esta naturaleza. En los hechos, podría implicar un reseteo parcial de las relaciones comerciales entre los actores del mercado del gas.
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Un rediseño que recién comienza
El proceso, sin embargo, recién comienza. Para que la reconfiguración del sistema entre plenamente en vigencia, el ente regulador deberá avanzar con las medidas operativas que permitan reasignar las capacidades de transporte y adaptar el esquema regulatorio y tarifario a la nueva organización del sistema. En ese proceso también deberá definir cuadros tarifarios de transición que acompañen la reorganización de rutas y contratos de transporte.
Ese camino probablemente implique negociaciones contractuales, ajustes regulatorios y posibles tensiones entre los distintos actores del mercado, en una red donde los contratos y las rutas de transporte se construyeron durante décadas bajo un esquema energético distinto.
Lo que sí parece claro es que el Gobierno busca reordenar el sistema gasífero en torno a una nueva geografía energética, donde Vaca Muerta se consolida como el principal eje del abastecimiento y la infraestructura deberá adaptarse a ese cambio.
Si ese rediseño logra traducirse en mayor eficiencia operativa y nuevas inversiones en infraestructura, será uno de los factores que definan el futuro del sistema gasífero argentino. Pero el impacto real de la medida dependerá, en última instancia, de cómo se implementen las nuevas reglas en un mercado complejo donde se entrecruzan contratos de largo plazo, intereses empresariales y flujos físicos de gas.
