El Gobierno busca avanzar con el operativo de los dólares del colchón. El escollo número uno es modificar la Ley Penal Tributaria (dependerá del Congreso) para hacer más larga la fecha de prescripción (actualmente en 5 años) de los delitos como la evasión. El segundo, es el que el Ejecutivo empieza a mover sus fichas luego de algunos anuncios de fiscos provinciales contrarios a lo que busca Javier Milei. Los convocará para que firmen un nuevo convenio de intercambio de información. Explícitamente, la Provincia de Buenos Aires había salido a desmarcarse en las últimas horas de la movida oficial.
"En el marco de la implementación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información", reza el comunicado de ARCA, conducido por Juan Pazo (mano derecha de Luis Caputo).
Las presiones de ARCA
El objetivo, dice el ente recaudador nacional, es garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, preservando la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos en cada una de las 24 jurisdicciones, "de modo tal que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)".
"De esta manera, el gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", dice ARCA.
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El dólar se moverá en una flotación administrada con un rango entre $1.000 y $1.400
Axel Kicillof resiste (por ahora)
El comunicado oficial viene horas después de que la Provincia de Buenos Aires se desmarcara de la iniciativa oficial, generando muchas dudas. Cristian Girard, el titular de ARBA, hizo una gira mediática para explicar la visión del gobierno de Axel Kicillof.
"El Gobierno nacional anunció medidas tributarias sin sustento normativo ni efecto jurídico pleno. Hasta ahora, son más una promesa electoral que una política fiscal seria y deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales", dijo.
Girard agregó que la creación de un régimen simplificado para Ganancias no modifica las obligaciones tributarias en la Provincia. "En PBA seguimos fiscalizando porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió y la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta", sumó.
Evasión de impuestos en la mira
Y apuntó a que en ARBA "seguimos utilizando todas las herramientas legales para detectar evasión" y controlar la riqueza no declarada, porque esa "es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad".
"En definitiva: mucho ruido y pocas nueces. No hubo cambios sustantivos en la normativa nacional, ni en el funcionamiento del sistema tributario provincial. Seguimos trabajando con firmeza para que quienes más tienen, paguen lo que corresponde", resumió.
El Gobierno necesita que el resto de las provincias adhieran para que el plan pueda ser lo más exitoso posible. De todas formas, la necesidad de modificar leyes es crucial. La duda es si eso podrá pasar con este Congreso o deberá esperar a después de octubre.
