Lo que importa
- El gobierno de Javier Milei puso en vigencia el "silencio positivo" en aproximadamente 500 trámites, lo que implica una aprobación automática en caso de que el Estado no responda en un plazo de 60 días.
- Esta medida es parte de un plan para reducir la burocracia estatal y agilizar los trámites que cumplan con requisitos específicos y objetivos.
- La normativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, excluye áreas de alta sensibilidad como salud pública y medio ambiente.
- Inspirada en modelos de Francia y Chile, la medida introduce un cambio relevante para los ciudadanos que buscan evitar demoras en la administración pública.
Contexto
¿Qué implica el “silencio positivo” en los trámites administrativos?
El "silencio positivo" es una política que permite la aprobación automática de ciertos trámites en caso de que la administración pública no responda en un plazo de 60 días. Esta normativa fue introducida por el decreto 971/24, firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y busca simplificar el proceso burocrático. "Si no hay una respuesta explícita, vos podés ir por la positiva", explicaron fuentes de Presidencia. La medida se aplicará en unos 500 trámites específicos que ya cuentan con requisitos definidos y no requieren una revisión discrecional de la administración.
¿Qué tipo de trámites incluye esta normativa?
El "silencio positivo" se aplica a trámites reglados que exigen condiciones objetivas, como el alta en registros de actores de doblaje o la autorización para el uso de la Marca País en actividades comerciales. En estos casos, si el solicitante cumple con todos los requisitos formales y la administración no responde en 60 días, el trámite se considera aprobado. Federico Sturzenegger, encargado de esta reforma, señaló que la medida apunta a combatir la burocracia: “El ejercicio nos reveló infinidad de obligaciones que el Estado imponía cuya existencia desconocíamos”, comentó el ministro.
¿Existen áreas en las que no se aplicará el silencio positivo?
Sí. En temas críticos como salud pública, medio ambiente y servicios esenciales, el silencio positivo no será aplicable. Esto garantiza que temas con un impacto social y ambiental alto sigan recibiendo un análisis exhaustivo. Según explicó un funcionario del área normativa, estos sectores demandan una revisión activa por parte del Estado, ya que los riesgos de una aprobación automática podrían ser elevados. Este enfoque garantiza que áreas de alta sensibilidad no deleguen sus responsabilidades de supervisión, permitiendo un balance entre agilidad y control.
¿Cómo se formalizará la aprobación automática en estos trámites?
Cuando se alcance el plazo de 60 días sin una respuesta administrativa, el ciudadano deberá solicitar un “certificado de silencio administrativo” para formalizar la aprobación de su trámite. La administración tendrá un periodo adicional de 15 días para emitir este certificado, verificando que el solicitante haya cumplido con todos los requisitos. Este procedimiento busca prevenir el uso indebido del silencio positivo, asegurando que la aprobación se otorgue solo si se cumplen las condiciones estipuladas.
¿Qué antecedentes internacionales respaldan esta medida?
El gobierno se inspiró en modelos similares de países como Francia y Chile. En Chile, por ejemplo, se aplica el “silencio positivo” en ciertos trámites luego de una solicitud formal de despacho y un periodo de espera de cinco días. Francia incorporó este principio en 2013 como una medida para mejorar la eficiencia administrativa y simplificar trámites; sin embargo, la aplicación fue amplia y generó conflictos, lo que llevó a una revisión de la normativa. Basándose en estas experiencias, Argentina adoptó un enfoque más prudente, limitando el silencio positivo a procedimientos donde la administración no tiene margen de interpretación.
¿Cuál es la intención detrás de esta política?
La administración de Javier Milei promueve el “silencio positivo” como un cambio profundo en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Este nuevo sistema busca incentivar a la administración pública a cumplir con los tiempos de respuesta y reducir la incertidumbre que genera la burocracia. En palabras de Sturzenegger, el objetivo es “eliminar las demoras excesivas que postergan derechos” y construir un sistema “que no solo responda más rápido, sino también que el ciudadano tenga un panorama claro de los tiempos y etapas de su trámite”.
Cómo sigue
Con la implementación de esta política, el gobierno espera que la administración pública adopte una dinámica más ágil y proactiva en la gestión de trámites. Durante los primeros meses, la normativa será monitoreada para evaluar su efectividad y determinar posibles ajustes. La medida también plantea la posibilidad de incorporar nuevos trámites al régimen de silencio positivo en el futuro, dependiendo de los resultados obtenidos.
Si bien la normativa actualmente se aplica en organismos centralizados y desde diciembre se ampliará a descentralizados, su evolución será clave para medir el impacto en la reducción de la burocracia. La administración de Milei asegura que esta medida marca el inicio de un cambio en la relación del Estado con los ciudadanos, promoviendo un servicio más accesible y eficiente.
