En diálogo con Marina Calabró en el programa Calabró 107.9 de El Observador 107.9, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, calificó como “un delirio” la reciente disposición del gobierno de Javier Milei que habilita a las prepagas y obras sociales a limitar la cobertura de medicamentos de alto costo en los planes cerrados.
Según explicó, el nuevo sistema exigirá que las recetas para medicamentos de alto costo sean realizadas únicamente por médicos que integren la cartilla de cada prestadora, dejando a los pacientes sin descuento en farmacia si su médico tratante no forma parte de la misma.
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Ocaña, en sintonía con muchos usuarios de salud privada, describió cómo el cambio complica el acceso a tratamientos: “Es una más que nos hacen”, señaló, y afirmó que los pacientes se ven obligados a duplicar trámites para obtener recetas, lo que puede demorar semanas y entorpecer la continuidad del tratamiento. “Si un médico de cartilla no está disponible en el momento, el paciente deberá recurrir a las guardias, saturándolas innecesariamente”, advirtió.
Consecuencias para los pacientes y beneficios para las prepagas
Para Ocaña, la disposición gubernamental responde al interés económico de las empresas de salud privada, que buscan reducir sus costos a expensas del usuario. “El gobierno habilita un ahorro a las prepagas y obras sociales, pero a costa de que el usuario tenga más dificultades para acceder a su medicación y sus tratamientos”, explicó.
También señaló que el cambio se suma a otras medidas, como la liberación de precios y la eliminación de ciertos medicamentos del vademécum, que ya han reducido los beneficios de los afiliados.
Esta restricción afectará no solo a quienes necesitan tratamientos de alto costo, sino también a pacientes con condiciones crónicas que deben recibir medicación continua. Como ilustró Ocaña, los afectados por enfermedades como hipertensión o colesterol alto, que requieren medicación de largo plazo, ahora deberán enfrentarse a la burocracia y a la espera para obtener una receta del médico de cartilla.
“Cada vez nos dan menos”, afirmó, destacando que muchos usuarios han tenido que cambiar a planes cerrados debido a los altos costos de los servicios de salud, y ahora se encuentran con nuevas limitaciones.
“El que no puede pagar el 100 % de la medicación, ¿qué hace? ¿Debe esperar semanas para ver a un médico de cartilla y conseguir una receta? Es ridículo”, manifestó, cuestionando la lógica detrás de la medida y el impacto en el acceso a la salud.
Reducción de médicos en cartillas y posible discriminación hacia monotributistas
La legisladora también abordó el problema de la falta de especialistas en las cartillas, algo que considera una consecuencia directa de las bajas tarifas pagadas por las prepagas y obras sociales a los médicos. “Se ha reducido un 35 % la oferta de profesionales médicos en las cartillas, y esto castiga al paciente, que ahora debe depender exclusivamente de estos médicos para obtener su receta con descuento”, afirmó Ocaña. Según señaló, la salida de médicos de las cartillas afecta directamente la libertad de elección y agrava la situación de los pacientes que buscan atención continua con sus médicos de confianza.
Otro aspecto preocupante de la normativa es el trato a los monotributistas, ya que ahora las obras sociales y prepagas tienen la opción de aceptar o rechazar a estos afiliados, afectando a quienes trabajan bajo esta modalidad. “Esto va en contra de las nuevas modalidades de trabajo y contratación”, afirmó Ocaña, y destacó que la medida podría dejar a muchos monotributistas sin cobertura médica adecuada en un contexto donde la salud privada es cada vez más costosa.
Críticas al superintendente de Salud y posible judicialización de la medida
En otro tramo de la entrevista, Ocaña cuestionó el rol del superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Gonzalo Oriolo, señalando un posible conflicto de intereses. Según explicó, Oriolo es exdirectivo de una empresa de medicina prepaga, lo cual podría influir en su gestión actual. “Uno se pregunta si esto sucede porque el superintendente viene de una prepaga y quizá tiene una visión sesgada”, sostuvo, y agregó que en su opinión el funcionario debería estar velando por los derechos de los afiliados y no por los intereses de las empresas.
Además, Ocaña anticipó que la medida podría terminar en judicialización, ya que en el caso de tratamientos y medicamentos de alto costo muchos pacientes se verán obligados a presentar amparos para obtener cobertura. “Estamos evaluando una acción legal porque consideramos que la superintendencia ha excedido sus funciones”, anunció. Explicó que los médicos matriculados están habilitados para recetar y que las limitaciones impuestas por la superintendencia afectan la libertad del paciente para recibir atención de calidad.
La ex ministra concluyó señalando que el cambio representa un retroceso en los derechos de los usuarios de salud y un obstáculo para quienes confían en el sistema privado: “Cada vez nos dan menos cobertura, mientras los costos de la salud siguen subiendo”, expresó, insistiendo en que la medida va en detrimento del acceso a la salud para la población de clase media, especialmente afectada por la inflación y los ajustes
