La presentación, realizada este martes y respaldada por la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, busca la revocación del DNU 70/2023 "hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada".
Simultáneamente, el recurso judicial presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires solicita "que se ordene, como medida de urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23".
Fernando Espinoza explicó en un comunicado: "Desde la Federación Argentina de Municipios hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos".
Según el dirigente peronista, el decreto presidencial "afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs y los productores regionales".
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El recurso de amparo argumenta que "el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo".
Se subraya que el DNU "viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público, constituyendo una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático".
Fernando Espinoza concluyó expresando: "A días de haber asumido Milei, ya se generó un antes y un después en la Argentina. Vemos cómo se van cayendo argentinos del sistema laboral y cómo se está generando un desmoronamiento del poder económico de todo el pueblo. Nosotros, como primer escalón de la democracia, tenemos la responsabilidad de defender las voces de millones de mujeres, hombres, abuelas y abuelos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras y PyMEs, productores rurales y regionales que representamos en cada una de nuestras ciudades".