El Gobierno encabezado por Javier Milei ha delineado sus expectativas para la reducción de la planta de empleados públicos al establecer la exigencia de presencialidad al cien por ciento, según lo anunciado en la reciente reunión del gabinete de ministros presidida por el Jefe de Estado y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Las proyecciones de este espacio indican que esta medida única podría resultar en una reducción de entre el 8 y el 10% en el número total de empleados estatales.
La administración del sector público nacional cuenta con una planta de 711.879 empleados, de los cuales 395.000 pertenecen a la Administración Pública Nacional, siendo estos últimos los afectados por la posible reducción. El impacto de la presencialidad obligatoria se dirigiría, en otras palabras, a una disminución estimada entre 30.000 y 40.000 trabajadores.
Fuentes gubernamentales aseguran que esta medida inicial logrará una primera reducción sustancial. Se sostiene firmemente que la exigencia de presencialidad a tiempo completo facilitará la salida de aquellos empleados que no cumplen efectivamente con sus responsabilidades. Se recalca que Milei, durante su campaña, siempre enfatizó la máxima de "cuidemos a la gente" y expresó su preocupación particular por los "ñoquis".
En este contexto, se hace referencia a la necesidad de combatir la presencia de empleados ineficientes, utilizando la figura de "Chocolates" en alusión a casos como el de Julio "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ detenido con 49 tarjetas de débito pertenecientes a presuntos ñoquis de la Legislatura bonaerense. Se afirma que aquellos que tienen prácticas dudosas enfrentarán consecuencias y que la presencialidad plena contribuirá a filtrar a quienes no cumplen con sus obligaciones.
En los planes del Gobierno de Milei, la presencialidad obligatoria se complementará más adelante con la oferta de retiros voluntarios, ofreciendo indemnizaciones sustanciales. Aunque no hay estimaciones precisas sobre el impacto, se considera que esta medida también contribuirá a reducir la plantilla estatal.
Además, se está analizando la posibilidad de acelerar las jubilaciones de aquellos empleados que están en edad de retirarse o han excedido ese plazo, como parte de la estrategia para continuar recortando la plantilla del Estado. La Casa Rosada espera tener estos números definidos en un corto plazo.
Estas acciones se alinean con el anuncio presidencial de llevar a cabo un "inventario general" de la planta pública, revisar cada una de las contrataciones vigentes, incluyendo los convenios con las universidades, y exigir presencialidad al cien por ciento de los empleados públicos en sus lugares de trabajo.
Los anuncios realizados el lunes han generado preocupación en los sindicatos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, uno de los dos gremios que agrupan a los empleados estatales, ha respondido a las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni. Aguiar destaca la importancia del trabajo de los empleados públicos y rechaza la noción de "empleo militante", asegurando que han dedicado décadas a la defensa de los derechos del pueblo. Ante posibles intentos de infundir miedo, Aguiar subraya la resistencia histórica del sindicato.
