El gobierno extendió una oferta concreta a los bloques de diputados dialoguistas con el objetivo de avanzar en la aprobación de la ley ómnibus. En un documento confidencial de ocho páginas presentado personalmente en el Congreso por los representantes de la Casa Rosada, se detallan las concesiones propuestas. El ejecutivo de Javier Milei está dispuesto a acotar el plazo de las facultades delegadas de 4 años a 2 años, retirar a YPF de la lista de empresas privatizables y eliminar las retenciones a las economías regionales.
El documento, entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, establece que el Poder Ejecutivo requerirá la aprobación del Congreso antes de "liquidar los activos" del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. No obstante, no aborda cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, una demanda clave de los bloques dialoguistas para respaldar la reforma.
El texto propone la "eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria" y establece derechos de exportación del 0% para las economías regionales. Además, destaca la exclusión de YPF de la lista de empresas a privatizar y plantea ajustes en el corte de bioetanol y biodiesel, junto con la eliminación de la libre importación de biocombustibles. El documento también señala modificaciones en más de 100 artículos a raíz de los comentarios recibidos.
En relación al FGS, se establece que el Poder Ejecutivo necesita un "dictamen previo favorable" de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones para liquidar los activos transferidos. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la idoneidad de tratar el FGS en dicha comisión, según fuentes parlamentarias.
El gobierno propone la "eliminación de la derogación de la Ley de Azúcar" y, como opciones adicionales, ofrece "sacar Bienes Personales y enviarlo al proyecto de Ganancias", revisar la reforma electoral basada en "circunscripciones uninominales" y ajustar el proyecto de las PASO, sujeto a una "contrapropuesta" de la diputada de Pro María Eugenia Vidal.
El documento también aborda la exclusión del blanqueo para quienes fueron funcionarios en los últimos cinco años, abarcando la gestión de Alberto Fernández y el final de la administración de Mauricio Macri. En cuanto a los derechos de exportación, se establece un 0% para las economías regionales, mencionando específicamente a varias industrias.
La Casa Rosada también se muestra dispuesta a incluir aclaraciones sobre hidrocarburos para satisfacer a los gobernadores y condicionar el derecho a exportar a requisitos técnicos probados. Respecto a la Seguridad Interior y Defensa, se acepta eliminar el artículo 331 sobre la manifestación de 3 personas, pero se introduce una pena en el Código Penal para bloqueos a comercios o industrias. También se retira la propuesta de modificar la composición de la Cámara de Diputados, que podría beneficiar al kirchnerismo.
La administración de Milei accede a mejorar los criterios de financiamiento de las universidades según sugerencias de la oposición, especialmente del radicalismo. Respecto a la Ley Micaela, se amplía su alcance, y se establecen garantías para que los recursos de institutos autárquicos como el INCAA, el INAMU y el CONABIP se destinen adecuadamente.
Se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, pero se elimina un capítulo relacionado con la salud pública. Con estos ajustes y otros debatidos internamente, el gobierno busca asegurar el respaldo de los bloques dialoguistas para la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados la próxima semana. Estas concesiones políticas representan un cambio significativo en la posición de los libertarios en comparación con días anteriores.
