El caso Cuadernos, una de las investigaciones sobre corrupción durante el gobierno kirchnerista más resonantes de los últimos años en Argentina, enfrenta un nuevo desafío. Y es que la Cámara Federal de Casación decidió que Ángelo Calcaterra, empresario y primo del expresidente Mauricio Macri, no continuará siendo investigado en el marco de este proceso, justo cuando el juicio oral parecía inminente.
Calcaterra se convirtió en el primer empresario arrepentido en la causa de los cuadernos en conseguir salir del futuro juicio oral por el pago de coimas, en una decisión que alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, que estuvo detenido en esta causa. De acuerdo con el fallo, “Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero al señalar que los pagos atribuidos habrían tenido como motivación financiar las campañas electorales del partido político Frente para la Victoria de los años 2013 y 2015″, por lo que su caso será revisado por la Justicia electoral. Para Casación, “no resulta aislado el dato, ya comprobado” que las fechas en que se concretaron las entregas de dinero atribuidas a los imputados “son coetáneas a las campañas electorales de las elecciones llevadas a cabo en los años 2013 y 2015″.
El fiscal Ramiro González y la jueza María Servini, con competencia electoral, habían reclamado que el caso de Calcaterra-Sánchez Caballero debían tramitado en su fuero. “En el fuero penal frente a situaciones similares se dispuso la competencia de la Justicia electoral para entender en estos hechos considerados como aportes a las campañas electorales y más allá de encontrarse la situación de Calcaterra y Sánchez Caballero en una etapa del proceso penal más avanzada […] la dinámica de los hechos no puede analizarse de manera distinta ya que ello vulneraría el trámite de la especialidad del fuero electoral”, se señaló. “Teniendo en cuenta que los hechos traídos a estudio se refieren a la declaración por parte de los imputados de aportes privados con los que se habría financiado una campaña electoral, el control de legalidad de dichos actos se encuentra a cargo de esa jurisdicción especializada”. Fue el puntapié inicial de esta decisión.
Calcaterra podría no ser el único beneficiado por este criterio. Aunque habrá que esperar su decisión, ayer Casación le dio luz verde a los planteos de incompetencia que habían hecho los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Balán y Armando Loson. Los tres habían declarado como imputados-colaboradores cuando comenzó el caso.
El fallo generó incertidumbre sobre el futuro del caso y reforzó las especulaciones sobre una posible prescripción de los delitos en el fuero electoral, ya que para los especialistas en cuestiones procesales en ese fuero el caso ya estaría prescripto, lo que podría implicar que la responsabilidad por las irregularidades investigadas recaiga sobre el partido que recibió los fondos, en lugar de los empresarios involucrados. Además, surge una pregunta clave: si los fondos eran aportes de campaña, ¿no podrían Cristina Kirchner y los exfuncionarios que recibieron el dinero pedir el mismo tratamiento que los empresarios?
“A la Justicia no le queda otra que darles el mismo trato”, opinó el defensor de uno de los exfuncionarios consultado. Sin embargo, otros expertos son más cautelosos y sugieren que podría haber un juicio en el que solo se juzgue a los acusados del sector público, dejando fuera a los empresarios. Esto plantea una paradoja: una asociación ilícita que cobraba coimas, pero sin acusar a quienes las pagaban. Todo esto son especulaciones, ya que esta es solo la primera movida en un juego complejo y en evolución.
El fallo de los jueces de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, se conoció a última hora del miércoles, justo antes del fin de semana largo. La fiscal del juicio, Fabiana León, expresó su indignación al leer la noticia. Apenas un rato antes, había celebrado dos fallos de Casación que ordenaban al Tribunal Oral Federal 7 apurar el inicio del juicio, después de que ella expusiera las demoras y tardanzas.
Hasta Oscar Centeno, el autor de los cuadernos que originaron la investigación, había reclamado acelerar el juicio. Centeno está bajo el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados desde hace casi seis años y afirma vivir con “innumerables restricciones económicas, laborales, ambulatorias y familiares”. Aunque se declara inocente, la fiscalía lo incluyó como miembro de la banda cuyos movimientos relató. Las defensas también apuntan hacia él. Primero se dijo que las anotaciones estaban quemadas y luego aparecieron cuando el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner estaba por asumir.
La causa 9.608/2018, nacida de las anotaciones de Centeno, tiene 45 personas acusadas por delitos como “asociación ilícita”, “cohecho pasivo”, “cohecho activo”, “admisión de dádivas” y “encubrimiento”. La fiscalía pidió 299 testigos y reclamó incorporar los teléfonos del exsecretario de Obras Públicas, José López, clave en el juicio que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión.
Cristina Kirchner no pidió testigos, pero señaló pruebas clave para su defensa: las comunicaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. Cuestionó la validez de la investigación y la autenticidad de los cuadernos en un escrito presentado al tribunal oral, detallado a fines de 2022. Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, su mano derecha, reconocieron entregas de dinero para la campaña, no como coimas.
Los empresarios de Techint fueron sobreseídos pese a confirmar entregas de dinero durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, debido a que la UIF del gobierno de Alberto Fernández no apeló. La fiscalía quería escuchar como testigos a Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, junto a Hilda María Horovitz, exesposa de Centeno, y Jorge Bacigalupo, el amigo del remisero que entregó los cuadernos al periodista de La Nación, Diego Cabot.
En diciembre pasado, Bacigalupo fue procesado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público. Armando Loson, del grupo Albanesi, espera que Casación envíe su caso a la justicia electoral. Junto a él están Hugo Dragonetti y Jorge Balán.
Defensores consultados observan los próximos movimientos para “subirse a la ola”. Si se tienen en cuenta hechos de 2011, 2013 y 2015, todo estaría prescripto para la justicia electoral. “Hay que verlo bien, pero por lo menos pasaron nueve años... La ley no la hacemos nosotros”, comentó una fuente del fuero.
El efecto dominó dependerá de los tribunales. Si se da el “ok” a acusados que confesaron bajo acuerdo de imputado-colaborador, hay posibilidades de que ocurra lo mismo con el resto. De los empresarios acusados de pagar coimas, solo tres no reclamaron ese acuerdo: Carlos Mundín, Raúl Vertua y Gerardo Ferreyra, considerado parte de la asociación ilícita.
Testimonios y asociaciones ilícitas
“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado sobre una práctica de corrupción en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvo en 2018 la Cámara Federal al confirmar el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
De la causa por las anotaciones de Centeno, se abrieron más causas y se anexaron otras existentes, como Gas Licuado, subsidios a colectivos y trenes, contratos viales, lavado de dinero de Daniel Muñoz, enriquecimiento ilícito de Julio De Vido y lavado de dinero de su cocinera. En cuanto al futuro de estas causas, las fuentes respondieron: “No lo sabemos. Primero esperemos a ver qué pasa con esto”.
Los impulsores de la acusación esperan apelar a la Corte Suprema. El fiscal de Casación, Raúl Plee, o los querellantes de la UIF o la Oficina Anticorrupción podrían hacerlo, pero no hay certezas.
